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Jueces y fiscales, convocados por cinco de las siete asociaciones de la carrera -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- emprenden hoy una huelga de tres días en defensa de la «independencia de la Justicia» que entienden socavada por la reforma del acceso a la carrera y del estatuto del Ministerio Fiscal proyectada por el Gobierno.
Se trata de una huelga formalmente controvertida por tratarse de uno de los tres poderes del Estado y no contar con soporte normativo expreso, sin embargo, en lo que respecta a la razón última que esgrimen jueces y fiscales para la protesta, el paro, que puede llegar a alterar el calendario de miles de procedimientos, cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía.
La encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO arroja un dato claro: el 53,7% de los votantes se muestra a favor de la huelga de jueces y fiscales en contra de la reforma de la Justicia que promueve el Gobierno impulsada por el ministro Félix Bolaños.
Buena parte del catálogo de razones de la protesta -los cambios en las pruebas de acceso a la carrera;la creación de un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno; la apertura de una vía de acceso «fácil» para los jueces sustitutos y la entrega de la investigación penal a los fiscales en sustitución de los jueces- probablemente no es de conocimiento general y detallado para la mayor parte de los votantes, pero el malestar que expresan los afectados confluye en un momento en el que la ciudadanía percibe una corriente de ataque y cuestionamiento de la justicia desde ámbitos políticos, especialmente si se trata de jueces y fiscales involucrados en los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno personal del presidente.
Se trata de una percepción extendida que, además, se suma a las continuas acusaciones de lawfare y prevaricación que desde ámbitos independentistas y radicales se lanzan contra jueces y fiscales y especialmente contra el Tribunal Supremo.
Esto explica el apoyo masivo en el caso de los votantes del PP -83,8% frente a 5,2%- y de Vox -80,1% frente a 9,5%-, e incluso también es mayoritario -41,7 frente a 26,1%- entre los electores de otros partidos no individualizados en el sondeo y que incluye a las fuerzas nacionalistas, independentistas y minoritarias tanto de derechas como de izquierdas.
La excepción a este respaldo viene de la mano de los votantes del PSOE y de Sumar. Un rechazo mucho más acusado entre los afines a esta segunda formación. Así, mientras los electores socialistas se muestran divididos -el 36,2% apoya la huelga frente al 38,7% que la rechaza-, entre los votantes de Sumar la posición contraria a la protesta de jueces y fiscales es mucho más nítida: apenas un 15,2% se muestra a favor frente a un 49,4% que afirma estar en contra.
El rechazo más contenido del votante socialista puede explicarse en función del mensaje que ha lanzado el partido a raíz de los casos de corrupción que afectan gravemente a sus dos ex secretarios de Organización, y que hace hincapié en que la colaboración con la Justicia para que paguen los corruptos ha de ser total.
Entre los votantes de Sumar el rechazo a la huelga es mucho más fuerte por cuando se trata de un conglomerado de formaciones algunas de las cuales han alimentado un sentimiento contrario a un sistema judicial que consideran de derechas cuando no heredero del franquismo.
La división ideológica que esta huelga suscita se hace patente cuando se pregunta acerca de uno de los puntos más polémicos de la reforma de la Justicia que ha emprendido el Gobierno: el que plantea que la fase de instrucción penal corra a cargo de los fiscales y no como hasta ahora de los jueces. Un 38,8% se muestra en contra de este cambio frente a un 37,1% que asegura estar a favor.
Pese a que el porcentaje de ciudadanos que asegura no saber o prefiere no pronunciarse al respecto es muy elevado, los votantes de PP y Vox se muestran claramente contrarios a la medida -57,6% y 62,9%, respectivamente- frente a los electores de PSOE y Sumar que apuestan por ella en un 53,8% y un 48,9%.
Es este uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de reforma porque aunque desde el Gobierno se argumenta que en buena parte de los países europeos la instrucción penal corre a cargo de los fiscales, se obvia la circunstancia de que en el sistema español la fiscalía es una institución piramidal que debe obediencia a su más alto representante el fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno.
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