Actualizado Lunes, 10 noviembre 2025 - 22:50

Justo en el ecuador del juicio a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por la presunta revelación de secretos en el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, los ciudadanos se pronuncian emitiendo su particular veredicto. Y es muy contundente.

Es esta la primera vez en democracia que el más alto representante del Ministerio Público, encargado de defender la legalidad, proteger los derechos de los ciudadanos y promover la acción de la justicia en representación del interés general, se sienta en el banquillo de los acusados ante la más alta instancia judicial, el Tribunal Supremo.

En estas condiciones sin precedentes, dos de cada tres encuestados por Sigma Dos para EL MUNDO, sostienen que el fiscal general debió renunciar a su cargo antes de llegar a juicio y más de la mitad considera que, efectivamente, García Ortiz vulneró la ley porque fue quien filtró, junto con una nota de prensa, el correo del abogado de González Amador reconociendo la comisión por parte de éste de dos delitos fiscales.

Ambos datos son trascendentales porque ponen de manifiesto la opinión de la ciudadanía en relación con un caso sobre el que se han volcado intereses y presiones políticas, convirtiéndolo en un ingrediente clave de la polarización que vive el país y en una herramienta de cuestionamiento de la Justicia.

Se trata además de un pronunciamiento revelador si se tiene en cuenta la división que genera entre los propios votantes del PSOE, cuyo líder, Pedro Sánchez, fue quien, en su condición de presidente del Gobierno, nombró a García Ortiz al que considera «su» fiscal general y al que sostiene contra viento y marea por ser el hombre que trata de levantar un muro de contención frente a los casos judiciales que afectan a su entorno familiar. Por todo ello, Sánchez ha emitido ya, sin género de dudas y sin esperar al pronunciamiento de la Justicia, un veredicto de inocencia.

Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos del Gobierno, el sondeo pone de manifiesto que el 62,1% de los ciudadanos cree que el fiscal general debería haber renunciado hace tiempo y no someter al país a la anomalía democrática de ver al más alto representante del Ministerio Público sentado en el banquillo. Incluso entre los votantes socialistas el porcentaje de los que coinciden con esta opinión es altísimo: el 40,9% frente al 46,8%. Los electores de Sumar, socio menor del Gobierno, son los que con mayor claridad -65,8%- defienden que García Ortiz haya optado por mantenerse en el puesto.

La presunta culpabilidad del acusado es quizá el dato más llamativo. Un 53,7% señala al fiscal general como la persona que reveló el correo con datos del novio de Ayuso, frente a un 28,6% que cree que no lo hizo. En definitiva, más de la mitad de los sondeados cree que él es el responsable de la filtración y que, por tanto, cometió un delito de especial gravedad por ser el máximo representante de la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos.

Sobre este caso se han vertido ríos de tinta y ha sido el foco de atención de tertulias, análisis y debates . No es pues un asunto sobre el que la opinión pública carezca de datos, tanto a favor como en contra, y con esos mimbres la ciudadanía se inclina por considerarlo culpable.

De este veredicto sólo se separan mayoritariamente los votantes del PSOE y de Sumar. No obstante, entre los primeros, un 29,3% señala a García Ortiz frente a un 50,3% que le exculpa. Mucho más proclives a considerar su inocencia son los votantes de Sumar, un 64,6%, frente a un 15,5%.

Entre los votantes del resto de formaciones no hay dudas: García Ortiz debió renunciar a su cargo para no comprometer el prestigio de la Fiscalía, como lamentan las asociaciones mayoritarias del cuerpo, y además es culpable de revelación de secretos.

La opinión más contundente es la de los votantes del PP: el 91,4% insiste en que tenía que haberse apartado enfrentándose a la Justicia sin atributos especiales y sin someter a un duro estrés al ministerio que encabeza, y un 87% le señala como culpable. La postura de los votantes de Vox también es inequívoca: un 87,9% cree que debería haber renunciado al cargo y un 85% le cree responsable del delito de revelación de secretos.

A la espera de la sentencia, en contra de García Ortiz juega la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; la decisión de Juan Lobato de llevar a notario su resistencia a publicitar los datos de González Amador y el borrado de mensajes de los dispositivos del fiscal. A su favor computan las declaraciones de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y la del número dos de la Fiscalía General, Diego Villafañe, así como las de periodistas que afirman haber dispuesto de la información del caso antes de que el fiscal general la diera a conocer.