Actualizado Lunes, 4 agosto 2025 - 22:55

El PSOE y Sumar, los partidos que conforman el cuestionado Gobierno de España, están impulsando el cupo catalán y la consecuente ruptura de la caja común en contra del criterio de sus propios votantes.

La última encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO refleja que un 43,9% de los electores que apoyaron al actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las últimas elecciones generales -esto es casi la mitad de sus votantes- se opone a premiar a Cataluña con una «financiación singular» que le permita recaudar y gestionar el 100% de sus impuestos. Sólo el 37,4% de los socialistas respalda conceder este privilegio a la autonomía para saciar a ERC, una de las formaciones independentistas catalanas que sustenta al Gobierno.

Tendencia muy similar se produce en la formación que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El concierto económico parte en dos mitades casi perfectas a Sumar: el 39% de sus votantes se opone a él y el 39,6% lo respalda; si bien el rechazo hacia lo que el secesionismo catalán denomina «plena soberanía fiscal» aumenta casi cuatro puntos entre sus filas, pues en el anterior sondeo de Sigma Dos para este diario, publicado el pasado diciembre, eran un 35,9% los electores de Díaz que clamaban contra esta última concesión a Cataluña.

La nueva muestra demoscópica fue elaborada entre el 21 y el 30 de julio, es decir, después de que el día 14 el Gobierno acordara, en una cumbre bilateral celebrada en Barcelona, la entrega a la Generalitat de una Hacienda Catalana para que, en un futuro todavía indeterminado, recaude y gestione todos los impuestos y únicamente devuelva al Estado una cuota en concepto de «solidaridad» y una transferencia por los servicios que la Administración central presta en la comunidad autónoma.

Ya conocedores los españoles de que Sánchez y el president Salvador Illa acababan de formalizar una nueva prebenda de calado al separatismo -tras la aprobación de los indultos y de la Ley de Amnistía-, decidieron revolverse. El 58,3% rechaza el cupo catalán frente a sólo el 27,1% que apoya esta financiación diferenciada para Cataluña.

El 43,6% predice, además, que el paso dado por el Ejecutivo conduce al fin del Estado autonómico y a una transición hacia un Estado federal o confederal, frente a únicamente un 28,8% que no respalda este augurio. Entre los que vaticinan este cambio de organización administrativa se encuentran, también, la mayoría de los votantes del PSOE y Sumar.

Que dotar a Cataluña de una suerte de concierto a la vasca responde a una mera necesidad de supervivencia política también es la opinión mayoritaria de los encuestados. El 24,2% cree que Sánchez concede la «financiación singular» para «mantenerse en el poder», siendo esta la opción más elegida entre los participantes en el sondeo. Sólo un 9,3% considera que «Cataluña tiene una singularidad que se debe reconocer» y que ello sostiene la cesión al secesionismo. Ni tan siquiera los votantes del PSOE y Sumar dan validez a este argumento: únicamente lo apoyan el 14,9% de los electores de Sánchez y el 16,4% de los de Díaz. A subrayar que hasta el 45% de los votantes socialistas evitan pronunciarse sobre los verdaderos motivos que han llevado al presidente del Gobierno a plegarse ante el separatismo catalán y permitir que la Agencia Tributaria Catalana recaude ya todo el IRPF generado en la región en 2028.

De cumplirse la previsión, realizada por el propio Illa la pasada semana, el fisco catalán pasaría a gestionar en tres años 25.000 millones más que, sumados a los 5.000 que ya tramita, permitirían a Cataluña controlar 30.000 millones de euros anualmente. El objetivo final es que la autonomía acabe recaudando y gestionando 52.000 millones al año cuando adquiera el control total de la caja.

Un año después del trueque entre ERC y el PSC que permitió la investidura de Illa, la puesta en marcha del cupo catalán ya se ha consumado, si bien la formación dirigida por Oriol Junqueras no se da por totalmente satisfecha. En primer lugar por la manifiesta intención de Illa de retrasar dos años la recaudación del IRPF por parte del fisco catalán -en el acuerdo de investidura se establecía que eso debía ocurrir en 2026-. Y porque los republicanos no advierten en el Gobierno la diligencia necesaria para aprobar en el Congreso las reformas legislativas necesarias -empezando por la de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)- para dotar a la Hacienda Catalana de total autonomía.

Junqueras culpa a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de estar dilatando premeditadamente los plazos de ejecución del cupo catalán para no verse perjudicada como candidata a las próximas elecciones andaluzas, pero también es consciente el líder de ERC que no será sencillo salvar el veto de Carles Puigdemont a la financiación singular, al estimar el jefe de filas de Junts que no alcanza el nivel de independencia del modelo vasco.