300 alumnos, el 60% del total, no han acudido este jueves a clase
Una clase vacía, en una imagen de archivoEfe
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La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos (FAPA) de Mallorca ha recriminado a la Conselleria de Educación y Universidades que revocara de manera unilateral la inspección médica al docente condenado por acosar a un estudiante menor de edad en 2021.
Esta decisión, adoptada en el pasado mes de febrero, ha permitido que el profesor se haya incorporado esta semana al CEIP Son Pisà de Palma como interino, lo que ha provocado una huelga que este jueves se ha saldado con 300 alumnos (el 60%) que no han asistido a clase.
La FAPA, en un comunicado, ha recordado que a principio de curso sucedió una situación similar en el CEIP Maria Antònia Salvà, cuyas familias estuvieron once días de huelga por la presencia de este docente.
Aquella situación se desbloqueó cuando Educación, previa decisión de una comisión paritaria de riesgos laborales, ordenó que esta persona debía pasar una inspección médica. No obstante, ese mismo día el docente se acogió a una baja, por lo que la inspección quedó en el aire.
Cuatro meses después, siempre según la versión de las familias de los alumnos, la Conselleria revocó esta orden de vigilancia de la salud del docente alegando que se había vuelto "innecesaria", pues estaba recibiendo seguimiento por parte de su médico.
La FAPA se ha preguntado por qué se revocó la orden de inspección médica después de estar cuatro meses de baja y ha especulado con la posibilidad de que la decisión este vinculada con un proceso contencioso-administrativo iniciado por el docente dos semanas antes.
La realidad, ha concluido la federación, es que el hecho de no requerir la inspección médica ha permitido que el docente vuelva a ejercer "sin ningún impedimento" y que se haya vuelto a producir el "bloqueo" de un centro educativo.
La FAPA celebra el anuncio realizado este jueves en Palma por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de que el Consejo de Ministros aprobará próximamente la ampliación de la ley de protección de la infancia para que los docentes condenados por acoso no puedan volver a ejercer. Esta federación ha reivindicado que esta medida es fruto de una petición que le trasladaron al Ministerio en una reunión que mantuvieron con sus responsables el pasado 11 de diciembre.
Mientras se materializa la ampliación de esta ley, las familias de alumnos de Mallorca han reclamado que el docente condenado pase a ejercer sus funciones docentes en un puesto en el que no tenga contacto con el alumnado.