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El Obispado de Mallorca recurre a la vía judicial para desahuciar a una madre y su hijo menor de edad que ocupan sin autorización un restaurante abandonado situado en terrenos de la Iglesia, en Na Burguesa, en una estribación montañosa a las afueras de Palma.
El edificio pertenece a un conjunto monumental de propiedad episcopal. El restaurante fue explotado durante un tiempo pero lleva al menos dos años cerrado y sin que nadie lo gestione. Desde hace aproximadamente dos meses se ha instalado allí una familia de forma ilegal.
Ante la negativa de la mujer a abandonar las instalaciones, el estamento eclesiástico ha tomado la decisión de recurrir a los tribunales para lograr el desalojo del inmueble. El argumento empleado, pasa principalmente por remarcar que el edificio no es seguro. No sólo por el deterioro del edificio sino porque junto al restaurante se alza una torre de alta tensión.
La familia, según ha señalado el Obispado en un comunicado, ha rechazado las alternativas y soluciones ofrecidas de forma reiterada por parte de las autoridades competentes y los servicios sociales diocesanos.
Se les ha ofrecido reubicarlos en otro inmueble y la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, pero igualmente lo han rechazado.
El rechazo de la madre a cualquier reubicación o acompañamiento, indica el Obispado, compromete "de forma evidente el bienestar y la seguridad" de los menores a su cargo.
Según fuentes conocedoras del caso, hay un menor que vive allí de forma permanente y se sospecha que otros hijos podrían acudir de forma esporádica.
"El edificio no reúne las condiciones necesarias para que resida nadie", ha explicado el delegado episcopal de Comunicación del Obispado, Carlos Fuentes. "El Obispado continúa ofreciendo ayuda para buscar una solución.
Es por ello, ha proseguido el Obispado, que ha considerado necesario recurrir a los cauces judiciales competentes "con el fin de poner fin a una situación que no solo carece de garantías sino que entra en conflicto con las normas de protección y con el deber de cuidado hacia los más vulnerables".
El Obispado ha defendido que esta actuación "no significa renuncia alguna al compromiso de ayuda y acompañamiento" y ha garantizado que seguirá trabajando para que estas personas puedan encontrar "soluciones dignas y estables".
El edificio está situado en el entorno del santuario del barrio de Génova, propiedad de la Parroquia de la Transfiguración del Señor de Génova. Es un enclave muy conocido en Palma, especialmente por sus magníficas vistas panorámicas sobre toda la ciudad y la bahía palmesana. Es un mirador privilegiado del sur de la isla en un entorno natural con múltiples rutas senderistas.
El Obispado ha precisado que este inmueble forma parte de un conjunto religioso protegido que incluye un santuario, una capilla y la imagen venerada de la 'Mare de Déu', por lo que constituye "un lugar de culto y de especial significado espiritual para la comunidad y el vecindario".
En colaboración con los servicios municipales, la Iglesia viene trabajando en la conservación y preservación de este espacio, así como en el estudio de alternativas que permitan recuperar el uso adecuado del local "conforme a su naturaleza y en coherencia con el entorno religioso al que pertenece".
Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la presencia de estas personas, que accedieron al inmueble pese a encontrarse debidamente cerrado y delimitado, se estableció una comunicación regular con ellas y se ha venido realizando un seguimiento continuo, informa Europa Press.
El inmueble, según el Obispado, no reúne los requisitos básicos exigidos para ser utilizado como vivienda dado no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas, carece de condiciones estructurales mínimas de habitabilidad y de servicios esenciales que garanticen la salud y seguridad de quienes allí se encuentran.
Asimismo, en sus inmediaciones existen infraestructuras técnicas (tendidos y equipos eléctricos de alta tensión y cableados auxiliares) que no son compatibles con el uso residencial y que, por su naturaleza, pueden comportar riesgos para la integridad física de las personas, especialmente de los menores de edad implicados.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, ha criticado la decisión del Obispado de llevar el desahucio a la vía judicial.
"El hecho de que un Obispado desahucie a una familia, por la situación que sea, es unavergüenza y es incongruente; hablamos de una religión que dice amaos unos a los otros y el Papa Francisco instaba a las instituciones eclesiásticas a ayudar a quienes no tienen hogar", ha apuntado Pons.
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