Editorial
El nombramiento de la esposa de Garc�a Ortiz como teniente fiscal de Galicia, se ha producido por delante de candidatos situados muy por encima de ella: la separan 800 puestos del primer peticionario
Teresa Peramato, este lunes en Madrid.
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La nueva fiscal general del Estado prometi� sanar las heridas abiertas en el Ministerio P�blico tras la condena de �lvaro Garc�a Ortiz. Sus �ltimos nombramientos demuestran lo contrario: Teresa Peramato ha convertido la Fiscal�a en un espacio de revancha interna y de premio a quienes se alinearon con el fiscal sentenciado por revelar datos reservados de un ciudadano. La instituci�n que deb�a recuperar el prestigio y la apariencia de neutralidad perdidos queda sometida de nuevo a la l�gica de la afinidad por encima de la del m�rito.
La decisi�n m�s elocuente es la purga de Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid. Lastra fue quien advirti� de que la filtraci�n pod�a constituir un delito, plant� cara a Garc�a Ortiz y declar� como testigo de cargo en el Supremo. Su comportamiento fue el de una fiscal consciente del deber de custodia del Ministerio P�blico. Por eso resulta tan grave que sea apartada. Peramato no la sustituye por una candidata con una mayor cualificaci�n profesional, sino por una fiscal situada m�s all� del puesto 1.300 del escalaf�n, dedicada hasta ahora a cursos de formaci�n y que acudi� a respaldar (y aplaudir) a Garc�a Ortiz durante el juicio. Lastra, en cambio, ocupa el puesto 424 y contaba con el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal.
El mensaje a la carrera fiscal es palmario: quien contradiga la versi�n oficial pagar� un precio; quien acompa�e al poder ser� recompensado. As� se entiende el ascenso de Pilar Rodr�guez -la fiscal jefe provincial de Madrid, que entreg� a Garc�a Ortiz los correos del novio de Isabel D�az Ayuso- a una plaza en el Supremo pese a carecer de experiencia en la jurisdicci�n social. Y as� se entiende el nombramiento de la esposa del ex fiscal general como teniente fiscal de Galicia, por delante de candidatos destinados all� y situados muy por encima de ella: la separan m�s de 800 puestos del primer peticionario.
Nada de esto contribuye a sanar heridas. Al contrario: las cauteriza con sectarismo. La sentencia del Supremo ya acredit� la quiebra del deber de reserva por parte de quien deb�a defender la legalidad, y ello en el contexto de una operaci�n pol�tica alineada con los intereses de La Moncloa. Lo que ahora contemplamos es la segunda fase de aquel deterioro: blindar al grupo que sostuvo al fiscal condenado y castigar a quienes preservaron la dignidad de la instituci�n.
La gravedad pol�tica alcanza de nuevo a Pedro S�nchez. Garc�a Ortiz fue la expresi�n de una concepci�n patrimonial del Estado seg�n la cual las instituciones pueden ponerse al servicio del relato del Gobierno. Peramato, heredera de esa etapa, ten�a la oportunidad de marcar una ruptura. Ha elegido el peor camino posible. Como pilar del Estado de derecho, el Ministerio P�blico no puede ser el bot�n de ning�n clan interno. La Fiscal�a no se rehabilitar� de esta manera. S�lo lo har� cuando vuelva a actuar con verdadera autonom�a, sometida a la ley y no al inter�s pol�tico de quienes confunden el Estado con su trinchera.