Cuestionar la necesidad de la UE es como protestar cada ma�ana porque amanece. Pero reconocer lo evidente no debe impedirnos ver que la Uni�n se enfrenta a retos de enorme magnitud. El problema no es el diagn�stico --ah� est�n los informes Draghi y Letta-, sino la falta de voluntad pol�tica de los gobiernos. Porque incluso all� donde la UE tiene competencias para actuar, los gobiernos -tan europe�stas ante las c�maras- bloquean muchas veces los avances necesarios en el seno de la Uni�n.

Los deberes de la UE est�n claros: garantizar nuestra seguridad econ�mica reduciendo la dependencia de China, que inunda nuestros mercados con sobrecapacidad, subvenciona a sus empresas en detrimento de la competencia y presiona a Europa restringiendo exportaciones de tierras raras; diversificar socios comerciales para ser menos vulnerables a giros de rivales y aliados, y producir m�s en Europa en sectores estrat�gicos como la energ�a; as� como recuperar la competitividad de sus empresas. La Uni�n ha empezado a dejar atr�s su ingenuidad con pol�ticas industriales que algunos ven como proteccionistas y otros como medidas de seguridad econ�mica. En esa l�nea se sit�an propuestas como la Ley de Aceleraci�n Industrial, que priorizar�a el �hecho en Europa� en la contrataci�n p�blica, o la exclusi�n de proveedores chinos en instalaciones solares por motivos de seguridad.

La nueva realidad geopol�tica ya no permite separar la autonom�a econ�mica de la defensa. Seguir apelando al mantra de �apertura y derecho internacional� sin dotarse de instrumentos de defensa comercial y militar resulta ingenuo. Aunque la UE no puede crear por s� sola un ej�rcito europeo, s� puede desempe�ar un papel clave en su financiaci�n. De ah� el instrumento SAFE, adoptado en 2025: 150.000 millones de euros a 45 a�os condicionados a compras conjuntas entre Estados, para generar escala y reducir la fragmentaci�n de la industria europea de defensa. Hoy las empresas de defensa operan sobre todo en mercados nacionales porque dependen de contratos estatales. Resulta sorprendente, por tanto, que Espa�a ha pedido solo 1.000 millones de euros del fondo SAFE, frente a los 44.000 millones que ha solicitado Polonia, los 16.000 millones de Francia o los 15.000 millones de Italia. �C�mo se puede rechazar avanzar hacia una industria de defensa europea menos fragmentada y dependiente de empresas estadounidenses? La falta de voluntad pol�tica seguramente tenga que ver con cuestiones ideol�gicas, pero quiz� tambi�n con el temor a perder control sobre las empresas nacionales.

El segundo gran reto es la competitividad de la industria europea, poniendo en valor el enorme mercado de 450 millones de personas -100 millones m�s que Estados Unidos-. Cabr�a pensar que, tras m�s de tres d�cadas de mercado �nico europeo, las empresas europeas podr�an operar en la UE como si se tratara de un solo pa�s. Sin embargo, no ha habido suficiente voluntad pol�tica para armonizar las normas nacionales clave para la actividad empresarial. Por ello, se est� trabajando ahora en el llamado r�gimen 28, un marco jur�dico adicional a los 27 nacionales, pensado para que, sobre todo, las empresas innovadoras puedan desarrollar su actividad sin trabas en toda la Uni�n. Pero, al no incluir reglas uniformes en �mbitos como el derecho laboral o la insolvencia, esta iniciativa se queda corta. Aun as�, conviene no ser excesivamente cr�ticos: si ni siquiera somos capaces de armonizar licencias y certificaciones dentro de Espa�a para evitar duplicidades, y el propio Gobierno opta por crear un 'r�gimen 20', como si no fu�ramos un Estado, �qu� podemos esperar de la UE, que al fin y al cabo es la suma de sus Estados con todas sus limitaciones?

El tercer gran reto es la modernizaci�n de nuestras empresas a trav�s de la innovaci�n. En las recomendaciones econ�micas de 2025, la Comisi�n europea y el Consejo se�alan que Espa�a est� por debajo de la media europea en inversi�n privada en innovaci�n y que los programas p�blicos de apoyo a la I+D tienen escasa utilizaci�n por su complejidad y carga administrativa. En otras palabras, ser�a bueno dejarles alg�n margen fiscal a las empresas para poder invertir en innovaci�n. La UE no puede bajar impuestos; los gobiernos nacionales, s�.

Igualmente crucial para la innovaci�n es garantizar a las empresas un acceso adecuado a la financiaci�n. En Europa, esta sigue estando dominada por la banca, que aporta en torno al 80% del cr�dito. En Estados Unidos, en cambio, el sistema est� mucho m�s orientado a los mercados financieros, que canalizan aproximadamente el 70% de la financiaci�n empresarial. Tras la crisis financiera de 2008, la regulaci�n bancaria europea se endureci�, limitando la capacidad de la banca para financiar proyectos de mayor riesgo, como las startups. En este contexto, lo coherente ser�a avanzar hacia un verdadero mercado financiero �nico europeo y superar la fragmentaci�n actual, con m�s de 27 bolsas nacionales. Ello permitir�a concentrar el capital en un �nico mercado -una especie de Wall Street europeo-, aumentando la liquidez y el acceso a financiaci�n de las empresas. No se trata de una idea nueva: lleva m�s de dos d�cadas sobre la mesa. Sin embargo, sigue sin materializarse por falta de voluntad pol�tica, ya que la fragmentaci�n permite a los gobiernos conservar control sobre sus mercados, sus operadores y, en parte, sobre sus empresas cotizadas.

El cuarto reto es la necesidad de simplificar el marco normativo para que las empresas europeas puedan desarrollarse sin trabas burocr�ticas. La Comisi�n Europea est� impulsando una bater�a de medidas en esa direcci�n, lo cual es positivo. Pero cabe preguntarse: �cu�ndo llegar� esa misma ambici�n de simplificaci�n por parte de los Estados miembros? Porque muchas de las cargas administrativas no provienen de Bruselas, sino de las propias capitales nacionales, que con frecuencia se amparan en �Europa� como coartada. Quiz� convendr�a recordar que las administraciones existen para servir a ciudadanos y empresas, y no al rev�s.

Y, por �ltimo, la financiaci�n de las pol�ticas europeas. El presupuesto de la UE representa solo alrededor del 1% de la Renta Nacional Bruta de los Estados miembros para financiar investigaci�n cient�fica, fondos de cohesi�n para las regiones europeas, ayudas a la agricultura, formaci�n, programas educativos, infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, entre otros. Tras los fondos Next Generation EU adoptados durante la pandemia, han surgido voces que reclaman nueva deuda conjunta para financiar bienes p�blicos europeos como la defensa, la digitalizaci�n o la transici�n ecol�gica. Sin embargo, la experiencia reciente revela una contradicci�n dif�cil de sostener: mutualizar la deuda sin mutualizar, al mismo tiempo, la pol�tica fiscal de los gobiernos. Los pa�ses con mayor disciplina fiscal miran con recelo nuevas emisiones conjuntas, y las recientes revelaciones del Tribunal de Cuentas espa�ol sobre la ingenier�a contable con los fondos Next Generation tampoco contribuyen a generar confianza. Una nueva deuda mancomunada solo tendr�a pleno sentido si se acompa�ara de una verdadera transferencia de competencias presupuestarias a la UE. La pregunta es inevitable: �est�n dispuestos quienes reclaman m�s deuda conjunta a ceder su potestad presupuestaria, y perder la posibilidad de pasarse a�os sin aprobar los presupuestos generales del Estado?

El europe�smo no puede reducirse a un mero eslogan pol�tico. La integraci�n europea se defiende cumpliendo las reglas comunes, respetando el Estado de Derecho, coordin�ndose con los socios en cuestiones compartidas, como la inmigraci�n o la independencia energ�tica, actuando con lealtad en la defensa de nuestras empresas frente a la competencia desleal y con prudencia en las relaciones con aliados complejos. Pocos podr�n colgarse la medalla europe�sta el 9 de mayo si se atiende a estos criterios. Nos corresponde a todos exigir esa coherencia y altura de miras.