La auténtica gravedad del caso estriba en la forma en que el PSOE y el Gobierno reaccionaron a las pesquisas sobre el hermano del presidente
David Sánchez, a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz.ARABA PRESS
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El juicio contra David Sánchez, que concluye la próxima semana, ha dejado a la luz las evidentes irregularidades que rodearon la contratación en 2017 del hermano del entonces secretario general del PSOE para una nueva plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz. La Justicia deberá determinar el alcance penal de lo que parece un episodio claro de enchufismo en una institución afín.
Sin embargo, la auténtica gravedad del caso Hermanísimoestriba en la forma en que el PSOE y el Gobierno reaccionaron a las pesquisas. Lo verdaderamente grave es que, con el fin de desbaratar esa investigación tan sensible para Pedro Sánchez, la cloaca socialista activó prácticas mafiosas contra la juez instructora y contra la UCO mientras los mandos políticos de la Guardia Civil intentaban intimidar a los agentes.
La Moncloa siempre ha defendido que el caso no tiene fundamento, pero ello se contradice con la guerra sucia que desplegó desde Ferraz para proteger al presidente. Según el sumario del caso Cloacas, la primera reunión en la que mandos de Interior presionaron al entonces responsable de la UCO tuvo como detonante una solicitud de correos que los agentes habían tramitado en esta causa. El entonces director general de la Guardia Civil afirmó que el requerimiento era «malintencionado» y «prospectivo». Días después, el DAO ordenó a la unidad que se pusiera «de perfil» ante los escándalos que cercan al PSOE. A ello se sumó el acoso de la presunta organización criminal a la juez Beatriz Biedma, sometida a vigilancia durante meses.
La vista oral ha puesto de relieve sólidos indicios de que la plaza de coordinador de las actividades musicales de los conservatorios de la Diputación se diseñó a medida. Por un lado, un correo con el asunto «El Hermanísimo» indica que, desde que se publicaron las bases, la plaza se daba ya por adjudicada. A ello se ha sumado la declaración de Cristina de Frutos, que ha expuesto las «desigualdades» del concurso al que ella también aspiró y en el que, como informó EL MUNDO, la Diputación llegó a elaborar dos actas con distintas puntuaciones para los 11 candidatos.
Mientras el teniente coronel Antonio Balas ha señalado al ex líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo como instigador del proceso, David Sánchez intentó ayer enmendar el pasaje en el que, durante la instrucción, no supo concretar sus funciones ni la ubicación de su oficina.
Cuando un Gobierno usa su poder para desacreditar o condicionar investigaciones judiciales, la democracia se ve amenazada. La tenacidad de Biedma y de los miembros de la UCO muestra una vez más la importancia de contar con funcionarios íntegros. Ahora, tras un proceso con garantías pero sometido a enormes presiones políticas, la Audiencia decidirá. Que en estas circunstancias el hermano del presidente haya sido juzgado demuestra que el Estado funciona, pese a quienes pretenden evitarlo.