Mientras el caso de Ábalos está visto para sentencia, la sombra judicial se cierne ahora sobre la ex vicepresidenta del Gobierno
Vicente Fernández y María Jesús Montero, en 2018.
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Los testimonios que hoy publica EL MUNDO sobre la actividad «frenética» de Leire Díez y del ex presidente de la Sepi Vicente Fernández intentando conseguir pelotazos multiplica la dimensión política del caso Sepi. Las dos principales estructuras de dinero público del país -el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y la Sepi, el brazo inversor del Estado dependiente de María Jesús Montero- aparecen conectadas por un mismo ecosistema político y personal, con Santos Cerdán como nexo de unión. En ambos casos, el poder institucional parece haber quedado subordinado a relaciones de lealtad y a dinámicas de opacidad y corrupción incompatibles con una democracia avanzada. Mientras el caso de Ábalos está visto para sentencia, la sombra judicial se cierne ahora sobre la ex vicepresidenta del Gobierno.
El papel desempeñado por su hombre de confianza en la Sepi es muy grave. Cuando fue cesado por su imputación en el caso Aznalcóllar, Montero decidió mantener durante 18 meses una situación absolutamente anómala: el cargo vacante mientras Fernández seguía ejerciendo de facto el poder en la sombra gracias al poder que la propia ministra de Hacienda le concedió. Ese extraño limbo institucional, descrito ahora por distintos directivos públicos, constituye como mínimo un síntoma inaceptable de degradación administrativa y política: le permitió conservar influencia y capacidad de decisión sin asumir plenamente los controles y responsabilidades inherentes al cargo.
Las revelaciones son demoledoras precisamente porque proceden de presidentes y altos cargos de empresas públicas vinculadas a la Sepi que describen un patrón de actuación «frenético» por parte del tándem formado por Fernández y Díez, quien habría actuado como su jefa de gabinete de facto. Según esos testimonios, ambos presionaban, intervenían y trataban de orientar operaciones empresariales y adjudicaciones aprovechando la autoridad que les otorgaba Montero. La fontanera del PSOE nunca fue una figura periférica ni extravagante, como ha intentado sostener Ferraz, sino una pieza estructural del engranaje de poder construido alrededor de Pedro Sánchez. Por eso resulta inverosímil que el presidente desconociera la multiplicidad de tramas paralelas que actuaban a su alrededor. Incluida el grupo de la Sepi que, a partir de sus «cinco días de reflexión», mutó, según la UCO y el juez Pedraz, en cloaca de guerra sucia al servicio de sus intereses.
La imagen que proyecta el caso es la de un Estado colonizado por redes de afinidad política, intereses cruzados y estructuras paralelas de influencia que operaban al margen de los cauces ordinarios de control. Resulta prácticamente imposible encontrar una democracia occidental en la que se dé una situación así.
La amenaza a la confianza en la neutralidad de las instituciones públicas y en la separación entre partido y Estado es estructural. Y cada nueva revelación confirma que la catarata de casos de corrupción que se precipita sobre Sánchez representa la erosión sistémica del modelo político que él mismo construyó.