El problema no parece ser una contabilidad opaca, sino algo bastante más grave: pagos a terceros mediante sociedades interpuestas para sabotear causas judiciales
Policías ante la sede del PSOE en Ferraz.
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Ayer se estrenó la segunda temporada de la serie La Fontanera. Lo peor para el PSOE es que todos sus seriales tienen la misma trama: mantenerse en el poder para poder delinquir. El caso Fontanera añade una capa adicional al argumento. No es delinquir para conservar el poder, sino delinquir para impedir que afloren delitos anteriores y así seguir conservando el poder y delinquiendo. Quién sabe, quizá ahora mismo se esté añadiendo una nueva capa a este hojaldre corrupto para cubrir lo que Leire y compañía hicieron para ocultar la anterior. De cloaca en cloaca hasta el paraíso final.
El auto no habla sólo de pagos opacos o facturas mendaces, sino de un entramado que buscaba desestabilizar investigaciones, obtener o fabricar información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes de la UCO, y contaminar procedimientos judiciales. Si esto llegara a acreditarse, dejaríamos de hablar de un esquema clásico de corrupción contable para entrar en otra categoría: un intento organizado de interferencia sobre el sistema judicial y policial del Estado diseñado desde la cúpula del partido que gobierna España.
En el relato del juez hay un elemento particularmente demoledor. El auto sitúa como punto de inflexión la imputación de Begoña Gómez, la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez y aquellos cinco días de reflexión de abril de 2024. Aquella misiva no habría sido la reacción a la imputación de su mujer, sino un señuelo, y su verdadera reacción sería esta sucia contraofensiva. El auto no atribuye al presidente participación directa alguna. Pero coloca la operativa en un contexto explícito de protección de su entorno familiar, del Gobierno y del partido. Es decir, conecta una crisis en Presidencia con la activación de un contragolpe clandestino.
Los socios del PSOE han reaccionado con la contundencia acostumbrada: frunciendo el ceño, engolando la voz y repitiendo que su línea roja es la financiación irregular. Una arbitrariedad moral bastante extravagante. Porque el problema no parece ser una contabilidad opaca, sino algo bastante más grave: pagos a terceros mediante sociedades interpuestas para sabotear causas judiciales. Financiación irregular, ni hablar. Financiar una operación contra jueces, fiscales y policías, parece que sí. Sospecho que los socios seguirían apoyando a Jack el Destripador mientras presentara la contabilidad en orden.