Estos d�as, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, han comparecido como acusados Jos� Luis �balos y Koldo Garc�a, junto al empresario V�ctor de Aldama. La Fiscal�a Anticorrupci�n pide veinticuatro a�os de prisi�n para el ex ministro y diecinueve a�os y medio para su ex asesor por organizaci�n criminal, cohecho, tr�fico de influencias y malversaci�n. La causa acapara titulares y todo indica que el pa�s ha vuelto a indignarse con la corrupci�n; en realidad, lo que hoy ocupa portadas es esc�ndalo, y el esc�ndalo se consume y se olvida. Las v�ctimas no aparecen en la fotograf�a. La diferencia entre el delito com�n y la corrupci�n no reside en la cuant�a del da�o ni en su gravedad moral, sino en la visibilidad de la v�ctima y en la capacidad social de reconocerla como tal.

Esa asimetr�a perceptiva explica una paradoja persistente. Espa�a registra en 2025 su peor puntuaci�n del siglo en el �ndice de Percepci�n de la Corrupci�n de Transparency International: 55 puntos sobre 100, en el puesto 49 entre 182 pa�ses y en el 17 de los 27 Estados miembros de la UE. Y, sin embargo, los bar�metros del CIS muestran que, fuera de los picos asociados a un esc�ndalo concreto, la corrupci�n ocupa posiciones modestas entre las preocupaciones ciudadanas. La serie hist�rica lo confirma: cada gran caso -Filesa, G�rtel, ERE, Lezo, P�nica- produjo un pico que en pocos meses se desinfl�. Hoy, con la vista oral en marcha, el pico vuelve a ser agudo, pero tambi�n se desinflar�. Y cuando el CIS pregunta no por los problemas del pa�s sino por los que afectan personalmente al encuestado, la corrupci�n desaparece de los primeros puestos. Como si fuera un problema nacional sin ser problema de nadie.

Lo conceptualiz� hace d�cadas Thomas Schelling, premio Nobel de Econom�a en 2005: el da�o infligido a una persona concreta provoca ansiedad, culpa y responsabilidad, emociones que se desvanecen ante la v�ctima estad�stica. La victimolog�a traslad� la distinci�n al delito. La corrupci�n es, por antonomasia, un delito de v�ctima difusa. Y cuando adem�s es sist�mica -�el poder articulado como mecanismo de saqueo�, en la formulaci�n que le he escuchado a Joaqu�n Manso, recientemente en una conferencia en CUNEF Universidad-, la diluci�n de responsabilidades es total.

Que la v�ctima sea difusa no significa que no haya v�ctimas identificables. La propia vista oral las ha sacado a la luz: empleados p�blicos sancionados o destituidos por exigir que los favores se documentaran, por iniciar expedientes contra contratadas irregulares o por levantar acta de sospechas que sus superiores acallaron. La v�ctima estad�stica, mirada de cerca, se descompone tambi�n en competidores expulsados del mercado por carecer del intermediario adecuado, en contribuyentes que financian sobrecostes -la CNMC los estim� en 47.500 millones anuales, hoy pr�ximos a los sesenta mil con la inflaci�n- y en una democracia que pierde la confianza institucional sin la que ninguna rep�blica se sostiene.

�Qu� sucede cuando a la difuminaci�n de las v�ctimas se suma el relajamiento de la moral p�blica? La difuminaci�n nos impide ver a los perjudicados; el relajamiento, juzgar a todos los responsables. Un relajamiento que les beneficia a ellos en dos frentes: la tolerancia a la mentira en la esfera pol�tica y la indulgencia ante la corrupci�n cuando ya no admite duda. La pol�tica contempor�nea ofrece l�deres en las ant�podas ideol�gicas, pero con la misma concepci�n del poder, cuyas falsedades documentadas se cuentan por cientos -en alg�n caso, por decenas de miles-, y con entornos atravesados por casos de corrupci�n; unos y otros, desestimados por sus seguidores como detalle menor. La mentira y la corrupci�n han dejado de pagar el precio simb�lico que pagaban hace una generaci�n.

Frente a este doble desfondamiento, la sociedad ensaya una primera respuesta: el esc�ndalo. Pero el esc�ndalo no es protesta c�vica: es desahogo. Una ciudadan�a que no quiere reconocerse v�ctima encuentra en �l una indignaci�n c�moda, sin coste y sin compromiso. Porque reconocerse v�ctima significar�a asumir que el da�o es propio y exigir responsabilidades; y el ciudadano prefiere el aspaviento moment�neo a la carga continua de la exigencia. La v�ctima estad�stica no quiere dejar de serlo; la condici�n de v�ctima difusa, en la pr�ctica, se �disfruta� como refugio: exime de exigir responsabilidades, exime de comprometerse, exime de la carga de la responsabilidad. Y la moral p�blica no se relaja por azar: se relaja porque el ciudadano diletante prefiere as� estar. La segunda respuesta es la jur�dica.

Tradicionalmente, el Derecho era el m�nimo �tico: la moral exig�a siempre m�s que la ley. Hoy ocurre lo contrario en zonas relevantes -contrataci�n p�blica, conflictos de inter�s, puertas giratorias, financiaci�n de los partidos-: la legalidad es m�s estricta que la moral social. El Derecho intenta sostener, mediante reglas, lo que la conciencia p�blica ya no exige. Lo formul� Javier Gom�: hace falta �el pudor, �ltima ratio de la conducta civilizada�. La frase describe lo que ya no opera. El cinismo encuentra su emblema en la declaraci�n del hermano de uno de los acusados: �Jam�s he abierto un sobre�. La legalidad como formalismo -no abrir el sobre- sobre el vac�o moral de saber lo que el sobre contiene.

De ah� la paradoja final. La respuesta intuitiva al avance de la corrupci�n es aprobar m�s reglas: m�s controles, m�s incompatibilidades, m�s transparencia, m�s castigos. Pero la densidad normativa creciente puede agravar el problema. Por dos razones: cuanto m�s minuciosas son las reglas, m�s se banaliza el incumplimiento y se disuelve la frontera entre infracci�n formal y material; y el exceso regulatorio multiplica el valor del intermediario capaz de navegarlo -el conseguidor (Aldama es solo el nombre actual) captura una renta proporcional a la complejidad del sistema-. El teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO al frente de la investigaci�n, lo formul� de manera contundente: �Al final el que paga manda�. No es un alegato desregulador: una democracia avanzada necesita controles. Es un diagn�stico m�s exigente: la regla jur�dica s�lo es eficaz cuando descansa sobre una moralidad p�blica que la sostiene. Cuando se pretende sustituir esa moralidad por mera densidad normativa, la regulaci�n se vuelve patol�gica.

La conclusi�n es inc�moda. El Derecho, por s�lido que sea, no puede sustituir a la moral p�blica en la que se apoya. Si la conciencia social no recupera la asimetr�a entre lo l�cito y lo il�cito, ning�n sistema de reglas contendr� el fen�meno. Se podr� condenar a unos y a otros; pero, como sentenci� el propio coimputado al cierre de su comparecencia, �hab�a m�s Aldamas�. Los Aldamas seguir�n. La tarea es doble: regenerar la exigencia moral -empezando por la intolerancia frente a la mentira p�blica- y visibilizar a las v�ctimas de la corrupci�n, a todas.

En la b�veda del sal�n de plenos del Supremo, sobre el banquillo donde se juzga el caso, preside un fresco de Marceliano Santa Mar�a titulado La Ley triunfando sobre el mal o El vencimiento de los delitos y los vicios ante la aparici�n de la Justicia: la diosa, sobre dos caballos blancos, vence los delitos y los vicios. Mientras esa Justicia siga siendo alegor�a observando impasible desde lo alto, y la v�ctima de la corrupci�n siga siendo Espa�a en abstracto, ninguna indignaci�n pasajera ser� suficiente. La corrupci�n no es hoy un problema jur�dico: es, fundamentalmente, moral. Cuando la v�ctima no quiere reconocerse como tal, cuando deja de exigir las responsabilidades a las que tiene derecho, cuando se consuela con el esc�ndalo, la corrupci�n deja de ser un delito y se convierte en un h�bito.