Gobernar sin presupuestos, sin horizonte legislativo y sin voluntad de contrastar la mayoría parlamentaria no es un problema jurídico, sino democrático
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.EFE
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Siempre que se menciona el agotamiento de la legislatura y la necesidad de convocar elecciones, el Gobierno y sus afines recurren al mismo argumento: si de verdad existiera una mayoría que quisiera elecciones, presentaría una moción de censura. El razonamiento es falaz. Puede haber una mayoría parlamentaria que considere agotada la legislatura y reclame elecciones y, al mismo tiempo, no existir acuerdo sobre quién debe ocupar la presidencia del Gobierno. En un Parlamento fragmentado, ambas cosas son perfectamente compatibles. Por tanto, afirmar que si hubiera una mayoría para pedir elecciones existiría necesariamente una mayoría para una moción de censura es, sencillamente, falso.
La estrategia, una vez más, es confundir al personal. La moción de censura prevista en el artículo 113 de la Constitución no fue concebida para convocar elecciones, sino para sustituir un Gobierno por otro. Por eso es constructiva: exige mayoría absoluta y un candidato alternativo. De ahí que la idea de una moción de censura instrumental tenga un aroma fraudulento, porque parece desbordar la finalidad del mecanismo constitucional. Claro que el diseño de la Constitución de 1978 pretendía evitar la inestabilidad, no facilitar los bloqueos indefinidos. El legislador, ingenuo, no contempló que un presidente sin apoyos ni presupuestos insistiría en agotar su mandato.
La respuesta automatizada de la moción de censura es absurda por otro motivo: los grupos han pedido elecciones, pero ningún líder ha presumido de contar con la mayoría para ser investido. Curiosamente, el único líder que presume de tener el respaldo de la Cámara para ser presidente es Pedro Sánchez. Y sin embargo, se niega a utilizar la herramienta constitucional diseñada para demostrarlo: la cuestión de confianza.
La situación es la siguiente: el Gobierno es incapaz de aprobar los presupuestos, el presidente no quiere someterse a una cuestión de confianza, una mayoría parlamentaria reclama elecciones y no existe una mayoría alternativa para una moción de censura. En ese escenario, la única salida que preserva la lógica democrática es disolver las Cortes y devolver la palabra a los ciudadanos.
Como en tantas ocasiones durante el largo invierno del sanchismo, nos enredamos hablando de tecnicismos jurídicos y lecturas constitucionales. Pero ninguna interpretación constitucional puede ocultar lo evidente: gobernar sin presupuestos, sin horizonte legislativo y sin voluntad de contrastar la mayoría parlamentaria no es un problema jurídico, sino democrático. Y también, por qué no decirlo, una cuestión de decencia.