Editorial
Los convocantes interpelan directamente a Garc�a y al jefe del Ejecutivo, Pedro S�nchez, a quienes culpan de no atender sus demandas laborales
La ministra de Sanidad, M�nica Garc�a.EFE
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La hist�rica serie de huelgas que convocaron los sindicatos m�dicos despu�s de que M�nica Garc�a, ministra de Sanidad, desoyera sus demandas para el nuevo Estatuto Marco est� causando, pese a su limitado seguimiento, un importante deterioro en la atenci�n sanitaria, adem�s de un grave impacto sobre las arcas p�blicas. Tras un total de 22 jornadas de paro hasta el momento, a raz�n de una semana al mes, se han retrasado ya un total de al menos dos millones y medio de citas y procesos m�dicos, y las comunidades aut�nomas han perdido como m�nimo 200 millones de euros, teniendo en cuenta �nicamente los datos de las cinco autonom�as que han hecho una estimaci�n del coste global.
Las reivindicaciones de los m�dicos son m�ltiples, y algunas se vienen arrastrando desde los a�os 90, pero el detonante de la huelga ha sido el Estatuto Marco de Garc�a, que se ha enfrentado incomprensiblemente a sus propios colegas de profesi�n al privilegiar la relaci�n con los sindicatos de clase. Es cierto que los paros est�n tambi�n convocados contra varios gobiernos auton�micos, pero la irresponsabilidad es, como m�nimo, compartida. El Ministerio no puede escudarse una vez m�s en las comunidades mientras la atenci�n sanitaria de todo el pa�s se deteriora. De hecho, los convocantes interpelan directamente a Garc�a y al jefe del Ejecutivo, Pedro S�nchez, a quienes culpan de no atender sus demandas laborales.
Una huelga m�dica es especialmente delicada por varios motivos: en primer lugar, porque la salud es un servicio imprescindible, y cualquier peque�o retraso puede tener consecuencias imprevisibles. Adem�s, el sistema ya estaba muy tensionado y precisaba de un refuerzo urgente, en vez de nuevas complicaciones. Por �ltimo, hay intervenciones complejas que tienen que suspenderse si falta �nicamente un miembro del equipo, lo que provoca que el coste para la Administraci�n y el perjuicio causado al paciente se amplifiquen, aunque el seguimiento de la huelga sea minoritario. Es responsabilidad de Sanidad trabajar para que el conflicto no se prolongue a�n m�s.