Lahbib Abdelaziz, asesinado por un dron marroquí.E.M.
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El asesinato del líder saharaui Lahbib Abdelaziz pone de relieve la inquietante normalización de la práctica de eliminar a dirigentes incómodos mediante operaciones militares cuya legalidad apenas se debate, como muestra el silencio del Gobierno español y de buena parte de la comunidad internacional.
La muerte de Abdelaziz -hijo del fundador del Frente Polisario y llamado a desempeñar un papel central en el futuro del movimiento independentista- ha sido recibida con una llamativa indiferencia por el Ejecutivo, más allá de la petición de explicaciones de Sumar. Ese silencio resuena aún más teniendo en cuenta que Marruecos atraviesa el periodo de mayor fortaleza diplomática de las últimas décadas gracias a la red de alianzas que Mohamed VI ha tejido alrededor de un objetivo central: consolidar la marroquinidad del Sáhara.
El monarca alauí ha convertido la diplomacia en una herramienta de poder tan importante como el ejército. La normalización de relaciones con Israel, la estrecha sintonía con Washington, el acercamiento a las monarquías del Golfo y una intensa ofensiva diplomática en África han ido inclinando progresivamente el tablero a favor de Rabat. EEUU reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio desde 2020. Francia ha reforzado su respaldo al plan de autonomía. Y España rompió en 2022 con el statu quo para alinearse con la propuesta marroquí en uno de los mayores giros de la posición tradicional de Estado desde la Transición que aún no ha sido explicado. Cuatro años después de la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, los ciudadanos desconocen qué obtuvo España a cambio ni cuáles eran los objetivos estratégicos perseguidos.
La muerte de Lahbib Abdelaziz en este contexto puede interpretarse como la demostración de fuerza de un actor que se comporta con creciente impunidad en un entorno geopolítico que le es cada vez más favorable gracias el aval de Washington. La ausencia de reacción internacional pone de relieve un nuevo equilibrio de poder en el que algunos países actúan sin temor a represalias por saltarse las normas internacionales.