Cada nueva revelación confirma hasta qué punto la frontera entre lo privado y lo público fue desdibujada en beneficio de la carrera profesional de Begoña Gómez y de empresarios vinculados a ella
Juan Carlos Barrabés, en el Senado.EUROPA PRESS
Actualizado
La investigación sobre las actividades de Begoña Gómez y del empresario Juan Carlos Barrabés sigue avanzando por un terreno en el que la eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por los tribunales, pero donde la responsabilidad política hace tiempo que resulta insoslayable. Los nuevos correos conocidos sobre las adjudicaciones de Red.es refuerzan las sospechas que pesan sobre aquellos contratos e ilustran por qué en una democracia avanzada la esposa de un presidente del Gobierno nunca debería interceder por empresarios que concurren a licitaciones públicas.
Los mensajes internos analizados por la UCO son extremadamente significativos. «Piensa en que Barrabés es la buena y las demás han de bajar sí o sí». «Con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los súperjefazos señalen con sus dedazos». «Estoy intentando cambiar las de las puntuaciones más altas para bajarlas». La Guardia Civil aprecia una «decisiva arbitrariedad» y sostiene que la valoración de las ofertas se invirtió hasta el punto de fijar previamente una puntuación objetivo y adaptar después los informes para justificarla. La Fiscalía Europea, por su parte, considera que los hechos podrían ser constitutivos de prevaricación y otros delitos.
Naturalmente, corresponderá a la Justicia establecer si las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez tuvieron incidencia efectiva en la adjudicación de aquellos contratos. Pero la cuestión de fondo es otra. Precisamente porque nunca será posible conocer con absoluta certeza qué peso tuvo una recomendación suscrita por la esposa del presidente del Gobierno, esa recomendación jamás debió existir. Y aparece rodeada de indicios de manipulación y de mensajes que revelan un evidente favoritismo hacia el empresario avalado, la sombra de sospecha se vuelve inevitable.
No deja de resultar significativo que Juan Carlos Barrabés obtuviera únicamente tres contratos de Red.es y que dos de ellos fueran precisamente aquellos acompañados por cartas de apoyo de Begoña Gómez. El tercero, tramitado de forma paralela y sin recomendación expresa, ha terminado igualmente bajo investigación tras detectar la UCO irregularidades similares.
Cada nueva revelación confirma hasta qué punto la frontera entre lo privado y lo público fue desdibujada en beneficio de la carrera profesional de Begoña Gómez y de empresarios estrechamente vinculados a ella. En cualquier democracia europea, el mero riesgo de proyectar semejante apariencia habría bastado para apartarse voluntariamente de cualquier intervención. Aquí, en cambio, el presidente ha optado por desacreditar a jueces, fiscales y periodistas antes que rendir cuentas ante la ciudadanía.