El fallo del Supremo contra José Luis Ábalos es unánime e implacable. Si Sánchez estuviera a la altura de su responsabilidad política directa en este caso, dimitiría de forma inmediata
José Luis Ábalos, en su declaración ante el Tribunal Supremo.
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La sentencia firme del Tribunal Supremo contra el ex ministro José Luis Ábalos supone un castigo penal implacable a la primera trama de corrupción detectada en la era de Pedro Sánchez y que operó en el corazón del poder desde su llegada al Gobierno. El fallo es extraordinariamente valioso por su solidez, porque es unánime y por el mensaje de regeneración institucional que encierra. Si el presidente estuviera a la altura de la responsabilidad política directa que tiene en este caso, dimitiría de forma inmediata.
Los siete magistrados de la Sala de lo Penal, de distintas sensibilidades, detallan con precisión la «organización criminal» que se instaló en el Gobierno y en el PSOE para lucrarse personalmente, y cuyos hitos fueron los contratos amañados de mascarillas en plena pandemia y los enchufes en empresas públicas de dos mujeres relacionadas con el entonces ministro. Ábalos es condenado a 24 años de prisión, su ex asesor Koldo García a 19 y el comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio, aunque el Supremo le exime de entrar en la cárcel.
La sentencia, cuyo ponente ha sido Andrés Martínez-Arrieta, arranca con una reflexión socialmente pedagógica que delimita la dimensión del caso. Los magistrados subrayan como singularmente grave que Ábalos fuera «una autoridad de especial relevancia estatal», en su doble condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del partido. A ojos del Supremo, que los corruptos estén en la cúspide del poder no solo deteriora la confianza ciudadana en el sistema político, sino que «socava la arquitectura democrática» de cualquier país. La realidad que nadie ignora en España es que quien depositó toda su confianza en Ábalos situándole en ambas posiciones no fue otro que Pedro Sánchez.
La importancia de la sentencia no se agota en el efecto disuasorio que la elevada cuantía de las penas pueda tener en los cargos públicos. Los magistrados han dado un paso más: al concederle a Aldama la atenuante muy cualificada de confesión, abren un camino, ya avanzado en Europa, para incentivar a otros acusados a que colaboren con la Justicia.
El hecho de que un corruptor pueda eludir la entrada efectiva en prisión puede resultar chocante, es evidente. Sin embargo, como razona el Supremo, las organizaciones criminales de alto nivel no suelen caer si uno de sus miembros no confiesa, y el notable beneficio que ello reporta a la sociedad merece ser recompensado. Sólo a quien tiene algo que ocultar puede inquietarle que personas como Julio Martínez, Leire Díez o Vicente Fernández se vean tentadas a emular a Aldama.
El desenlace del caso Mascarillas es la prueba de que el Estado de derecho resiste, pese a las presiones de la Fiscalía General del Estado y a la campaña del Gobierno contra jueces y fiscales. Es sólo la primera sentencia. Vendrán más.