La financiaci�n regional pactada entre Montero y ERC dinamita la l�gica de recaudar donde m�s dinero hay para distribuirlo donde menos recursos existen y abre la puerta a unos servicios p�blicos asim�tricos

La verdadera soberan�a de una naci�n no reside en su historia. Tampoco se expresa a trav�s de los colores de su bandera. Ni siquiera tiene que ver con el himno y el uso de una lengua (com�n o propia). Ninguno de todos estos atributos, incluido el sustrato cultural de los viejos linajes familiares o el legado de los primitivos dioses lares, dice demasiado de un pa�s. Todos son s�mbolos que hablan del pret�rito, ya sea factual o inventado. El peso de una naci�n en el tiempo presente se condensa en el valor de su moneda y en su soberan�a financiera. Y esta realidad material explica tambi�n el trasfondo de la pol�mica reforma de la financiaci�n auton�mica en Espa�a, cuya autora es Mar�a Jes�s Montero, hasta hace unos d�as �la mujer m�s poderosa de la democracia� –seg�n su autoficci�n– y, en adelante, candidata (a palos) en las inminentes elecciones de la gran autonom�a del Sur. El modelo acordado por Montero con el PSC, que Salvador Illa quiere predicar ante los andaluces durante esta campa�a en un movimiento que demuestra la ignorancia de Ferraz sobre Andaluc�a, es un paso m�s en el proceso de deconstrucci�n de la Santa Transici�n. En �l se cruzan dos l�neas de intereses divergentes que el sanchismo quiere hacer coincidir en su provecho. La primera de ellas es la pretensi�n de los independentistas, cuyo anhelo es ir dando pasos hacia la construcci�n de una naci�n in nuce, de configurar un Estado de Nueva Planta que facilite una segunda navegaci�n del proc�s hasta convertirlo en un hecho irremediable. La segunda, ideada por la Moncloa, camufla la arbitrariedad que supone sacrificar el inter�s general de todo un pa�s a los intereses de un C�sar posmoderno gracias la f�rmula (fake) de la cogobernanza.
Para que la (ficticia) naci�n catalana pueda convertirse en una realidad, la espa�ola debe debilitarse en id�ntica proporci�n desde el punto de vista financiero, de igual manera que –en t�rminos psicol�gicos– los hijos necesitan matar al padre y rebelarse frente a su autoridad para ser ellos mismos. Estos intereses se expresan a trav�s del lenguaje (infalible) del dinero, el v�nculo de las alianzas contra natura. Que en la propuesta de Montero para repartir los dineros auton�micos, de tramitaci�n incierta, pueda no figurar la palabra ordinalidad, o en apariencia haya deca�do la pretensi�n de establecer un cupo catal�n que faculte a los independentistas administrar todos los tributos del Estado en Catalu�a, no significa que estas dos cuestiones hayan salido de la agenda que comparten PSC, PSOE, ERC y, de forma algo atrabiliaria, Junts. Sencillamente no estamos todav�a en el momento procesal oportuno. Pero estas cuestiones forman parte del cuadro general, aunque sea en fase durmiente. Simplemente se omiten, igual que antes de una batalla nadie anuncia el sitio y la hora exacta de la emboscada.
El nuevo sistema de financiaci�n, nacido del acuerdo que permiti� la investidura de Illa, sigue una estricta puesta en escena. Ambas partes acordaron un deseo (la soberan�a fiscal catalana, lo que supone romper la caja �nica del Estado) para, a continuaci�n, dibujar un mapa que los lleve a este destino. Socialistas y republicanos han arribado a la primera estaci�n: la asunci�n del criterio de ordinalidad, que convierte la igualdad y la solidaridad entre espa�oles en un hecho (constitucional) del pret�rito, al transformar el sistema social de redistribuci�n de rentas p�blicas en un mecanismo de patrimonializaci�n. El ruido forma parte de esta estrategia com�n desde el principio. A los patricios del nacionalismo –peix al cove– la propuesta les parece poca cosa; en la Meseta (castellana) se clama en contra de la en�sima ruptura de Espa�a. La dial�ctica entre Madrid-Barcelona, una de las razones de la asombrosa invisibilidad pol�tica de la Espa�a real, ayuda a distraer la atenci�n sobre lo que es cardinal: conceder la financiaci�n singular a Catalu�a supone ignorar la letra y el esp�ritu de la Constituci�n –sin derogarla–, hacer inviable el Estado del Bienestar y regresar a una Espa�a de dos velocidades donde lo que resulta imposible no es ya s�lo la unidad del pa�s, sino su condici�n de Estado social.
Andaluc�a, que desde la instauraci�n de las autonom�as ha sido el �nico territorio que, por poblaci�n y ascendente dentro del PSOE hist�rico, ha sido capaz de conjurar la voracidad del independentismo, aparece en el tablero de la nueva financiaci�n como un actor instrumental; un mero se�uelo para que el resto de autonom�as, con menos poblaci�n e inferior capacidad para condicionar al Gobierno, digieran sin protestar la rueda de molino de la Espa�a plurinacional. Montero afirma que Andaluc�a ser� la comunidad m�s beneficiada con esta reforma, superando a Catalu�a. Se trata de una media verdad para disimular una mentira. A m�s poblaci�n l�gicamente corresponden m�s fondos en t�rminos globales, pero no por habitante. La t�ctica de Montero para salir del laberinto ha consistido en incrementar el dinero a repartir –recaudado gracias a una presi�n fiscal may�scula– para diluir las diferencias entre comunidades, de forma que ninguna ingrese menos con respecto al sistema vigente (con el que muchas, entre las que desde luego no figura Catalu�a, pierden desde hace 12 a�os los recursos que en justicia les corresponden). As� es como sit�a por encima de la media a Murcia, Valencia y a las autonom�as sist�micas. Son de nuevo Catalu�a, que seg�n Fedea dej� de estar infrafinanciada en 2015, y Andaluc�a, que dispone de menos renta y padece una insuficiencia financiera cr�nica. Objetivo: que el PSOE no se hunda electoralmente el 17-M y pueda mantener un cierto suelo electoral que, aunque menguante, no signifique un naufragio total en unas pr�ximas elecciones generales.
Basta descender a los n�meros, que Montero siempre evita precisar y territorializar, para reparar en que, con muchos menos habitantes, Murcia, Valencia y Catalu�a recibir�n m�s fondos que Andaluc�a tanto en t�rminos globales (por poblaci�n ajustada) como en relaci�n al promedio estatal. Existe pues un trato dispar que favorece a todas las comunidades mediterr�neas –mediante el comod�n del cambio clim�tico– y condena a Extremadura, la regi�n con menos renta disponible y en la que se inaugur� el presente ciclo electoral, en la peor de todas las coyunturas posibles. Este modelo de financiaci�n, basado en la aritm�tica de la desigualdad, dinamita la l�gica de recaudar donde m�s dinero hay para destinarlo donde menos recursos existen, convierte en pasado las pol�ticas de convergencia y cohesi�n territorial y abre la puerta a unos servicios p�blicos asim�tricos, especialmente en las regiones pobres. Su planteamiento no s�lo destrozar� al PSOE en Andaluc�a. Condicionar� tambi�n a sus candidatos en las municipales –los ayuntamientos han sido ignorados en el nuevo reparto– y hasta a los pol�ticos de las minor�as de izquierdas, que tendr�n que convencer a sus electores –si es que pueden– de que contar con menos recursos para pagar la sanidad y la educaci�n es una medida progresista.
Siendo grave, peor es la hipocres�a de hacer creer que las diferencias territoriales que institucionaliza este nuevo modelo de reparto, igual que el precedente, pueden ser paliadas mediante el uso de los fondos de compensaci�n territorial, ajenos al sistema de financiaci�n propiamente dicho y concebidos para una finalidad muy distinta: la promoci�n econ�mica de las regiones. El dinero de este mecanismo, que Montero vende como si fuera un complemento financiero, no puede usarse en gasto corriente. Debe destinarse –en un m�ximo de dos a�os– a inversiones finalistas. Las autonom�as no podr�n gastarlo, salvo que medie un cambio legislativo, en m�dicos o abrir residencias de ancianos, sino en proyectos que generen rentas econ�micas. El montante de estos fondos adem�s no est� garantizado. Depende del Gobierno de turno y de que exista una asignaci�n presupuestaria. Son exigencias que se convierten en sarcasmos si se repara en que Montero ha dejado de ser ministra sin aprobar ni un presupuesto en esta legislatura. Su sistema de financiaci�n regional no es sino realismo m�gico. Su viabilidad depende de que se mantenga de forma indefinida la presi�n fiscal, de que no desciendan ni la recaudaci�n del Estado ni el consumo, y de que Espa�a no sufra un retroceso econ�mico o una crisis de deuda soberana. El futuro es el tiempo (verbal) imperfecto por antonomasia. M�s a�n tras la guerra de Ir�n y la crisis del estrecho Ormuz.