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En pleno estallido del caso Zapatero, con el juicio al hermano de Pedro Sánchez arrancando hoy y a la espera de la próxima sentencia sobre José Luis Ábalos, la última operación anticorrupción en torno al caso Leire no es sólo un golpe más contra un Gobierno terminal: la gravedad penal y política que describe el juez Santiago Pedraz es extrema.
Por orden de la cúpula del PSOE, el Estado ha maniobrado contra el Estado mismo, creando estructuras paralelas dentro de las instituciones, con el objetivo explícito de proteger al presidente y a su entorno familiar más íntimo de las múltiples investigaciones que los acechan. El retrato es insoportable: el lawfare no lo practican los jueces; lo ha practicado el partido en el poder, destruyendo los principios democráticos más básicos. No hay en Europa un equivalente que no sea la Hungría de Orban.
Igual que ocurrió con la operación Kitchen, creada por el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para destruir las pruebas contra el PP que guardaba su ex tesorero Luis Bárcenas, es inverosímil que Sánchez no tuviera conocimiento de la presunta organización criminal montada y pagada por el PSOE para desbaratar las causas abiertas contra su partido, su familia y su Gobierno. Con la diferencia de que, en este caso, la cloaca desplegó sus actividades delictivas tras el aparente mandato político del presidente.
Según detalla el juez de la Audiencia Nacional, ocurrió en los cinco días de «reflexión» en los que Sánchez amagó con dimitir tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Si los indicios y las conversaciones y anotaciones intervenidas a la trama se confirman, con aquella Carta a la ciudadanía el presidente hizo lo que pareció: lanzar una operación netamente populista de desestabilización de las instituciones, enmascarándola en la necesidad de «limpiarlas», para mantenerse a toda costa en la Moncloa.
Según los expresivos indicios recopilados por Pedraz, la trama persiguió a jueces, fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, buscando información perjudicial contra ellos, tratándolos de sobornar -como al fiscal José Grinda- o intentando comprar voluntades para lograr, entre otros objetivos, la nulidad del oscuro caso Hidrocarburos y así torpedear el caso Koldo, a lo que dieron prioridad «por orden del One», según una afirmación que Leire Díez atribuye en sus notas al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán.
Las víctimas de la trama han sido tres funcionarios públicos cuyo desempeño ha resultado clave para que, pese a tantas presiones, todas estas causas -también la de presunta financiación ilegal del PSOE- hayan seguido su curso: el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; el teniente coronel Antonio Balas, responsable del área de delitos económicos de la UCO; y Beatriz Biedma, jueza instructora del caso Hermanísimo.
La agonía de la legislatura es tal que, ante la noticia de otra operación anticorrupción, al ciudadano le es imposible saber cuál de las numerosas investigaciones ligadas al PSOE la ha motivado. Cuando aún digeríamos las fotos de las joyas halladas en la caja fuerte del ex presidente Zapatero, este miércoles agentes de la UCO irrumpieron en Ferraz, donde permanecieron hasta entrada la noche, y la lista de socialistas en el foco judicial aumentó considerablemente.
La actual gerente, Ana Fuentes, que presuntamente fabricó facturas «mendaces», está imputada, al igual que Gaspar Zarrías, implicado en el megafraude de los ERE. En el foco del magistrado están también Juanfran Serrano, miembro de la Ejecutiva y negociador con Carles Puigdemont; y el primer jefe de gabinete de Sánchez que después arruinó Correos, Juanma Serrano. Todos ellos, salvo el histórico socialista andaluz, son o han sido colaboradores de primera línea de Sánchez. A ello se suma la implicación de las fuerzas de seguridad a través de Juan Sánchez Yepes, un ex integrante de la UCO que habría contribuido a desprestigiar a la unidad señalando la existencia de una supuesta «UCO patriótica» que varios medios compraron.
El Gobierno no tiene mayoría parlamentaria ni opción de recuperarla. No tiene autoridad política ni moral. Tampoco agenda posible: los tribunales mandan. La corrupción lo desborda. El ambiente es irrespirable. Por eso ya sólo cabe entender que si Sánchez se aferra al cargo de esta forma desesperada es por el exclusivo motivo de procurarse la protección que otorga el poder. Para ello cuenta con la complicidad de sus socios, que, cautivos de la estrategia política del «muro» y del proyecto plurinacional que la vertebra, sostienen y seguirán sosteniendo al presidente. Son colaboradores necesarios del desastre.
Hace tiempo que la legislatura no es operativa. Pero cada día que pasa no sólo se confirma su muerte: se multiplica exponencialmente el veneno que la continuidad del Gobierno inocula en las instituciones y en la imprescindible confianza de la ciudadanía en el sistema. La convocatoria de elecciones generales ha trascendido lo conveniente para convertirse en una auténtica urgencia democrática.
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