El doctor en Economía firma con Daniel Fernández El elefante en la habitación, un ensayo sobre la sostenibilidad de las pensiones en España. Defiende una reforma inspirada en el modelo sueco, critica el cortoplacismo político y advierte de que el envejecimiento y la jubilación de los boomers obligarán a tomar decisiones difíciles en los próximos años.

Actualizado Sábado, 27 junio 2026 - 00:09

¿Quién cree usted que está ignorando ese 'elefante en la habitación' de la insostenibilidad del sistema de pensiones? ¿Los políticos, los economistas, los medios de comunicación, los ciudadanos...?

Yo creo que todo el mundo. Tenemos un sesgo de statu quo con el sistema de pensiones. Funciona por inercia y pensamos que es infalible porque siempre ha estado ahí. Pero no nos damos cuenta de que el problema cada vez es más grande. Si no conseguimos domesticar ese elefante, probablemente acabará derrumbando la habitación y los cimientos de la casa. La alternativa es clara: o hacemos una reforma ordenada o acabaremos enfrentándonos a una reforma desordenada, mucho más costosa para todos.

¿Cuál es, a su juicio, el principal problema del sistema?

Un sistema de reparto, como el actual, funciona mientras exista un cierto equilibrio entre lo que entra, las cotizaciones, y lo que sale, las pensiones. El problema es que ese equilibrio ya no existe. Sale mucho más dinero del que entra. Antes teníamos alrededor de tres trabajadores y medio por cada pensionista; hoy apenas tenemos dos. Además, las nuevas pensiones son más elevadas porque corresponden a carreras laborales más largas y con más derechos acumulados. Si quieres mantener pensiones cada vez más generosas, necesitas aumentar las cotizaciones o recurrir a otras fuentes de financiación. Y aun así no es suficiente. El desequilibrio contributivo ronda los 60.000 millones de euros al año.

¿De qué debería preocuparse un trabajador de 30 o 40 años?

De que probablemente no recibirá una pensión tan generosa como la de sus padres. Nos enfrentamos a la jubilación de la generación más numerosa de nuestra historia, la del baby boom. Para mantener el sistema actual España tendría que crecer durante décadas a ritmos superiores al 3%, cuando las previsiones apuntan a crecimientos cercanos al 1%. Las cuentas no cuadran. Lo más probable es que las futuras pensiones sean menos generosas en relación con los salarios y que, además, los trabajadores tengan que soportar una carga fiscal cada vez mayor para financiarlas.

En el libro repasan todas las reformas que se han realizado al sistema. ¿Cuál cree que ha sido el mayor error político que se ha cometido con las pensiones?

Mirar para otro lado. El sistema actual nació en unas circunstancias demográficas completamente distintas. En los años sesenta y setenta había muchos más trabajadores por pensionista y un fuerte crecimiento económico. Cuando en los años noventa empezaron a aparecer señales de agotamiento, España optó por aplazar el problema. Suecia, en cambio, afrontó la realidad. Diseñó un nuevo sistema, introdujo cuentas nocionales y complementó el reparto con mecanismos de ahorro. Nosotros, sin embargo, optamos por dar una patada hacia adelante.

Pero el Pacto de Toledo es uno de los pocos ejemplos de consenso político. ¿No lo considera un éxito?

No necesariamente. Los consensos son positivos cuando sirven para resolver problemas, pero también pueden servir para equivocarse colectivamente. El Pacto de Toledo permitió ordenar algunas cuestiones, pero no afrontó el problema de fondo que ya se veía venir: el envejecimiento de la población y el desequilibrio entre cotizantes y pensionistas. Mientras España aplazaba las decisiones difíciles, Suecia aprovechó aquellos años para rediseñar su sistema y adaptarlo a la nueva realidad demográfica. Nosotros preferimos mantener el statu quo y hoy nos encontramos con un problema mucho más grande.

Dicen en el libro que hemos pedido la oportunidad que nos daba el bono demográfico. ¿A qué se refieren?

España disfrutó durante décadas de una expansión demográfica y económica extraordinaria. Podíamos haber aprovechado ese momento para construir un sistema más robusto y generar reservas con rentabilidad. Sin embargo, el Fondo de Reserva se utilizó fundamentalmente para comprar deuda pública. En otros países esos fondos invierten de forma diversificada y generan rendimientos para las futuras generaciones. Nosotros desaprovechamos una oportunidad histórica.

¿Por qué es tan crítico con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social?

Porque se presenta muchas veces como una garantía de sostenibilidad cuando en realidad tiene una capacidad muy limitada. Ahora mismo ronda los 14.000 millones de euros, pero eso apenas alcanza para pagar una nómina de pensiones. Además, históricamente se ha dedicado fundamentalmente a comprar deuda pública. El problema es que eso apenas genera rentabilidad. Cuando se compara con otros fondos públicos de pensiones de países como Suecia, vemos diferencias enormes. Nosotros defendemos que, si existe un fondo público, debería gestionarse buscando rentabilidad para las futuras generaciones y no limitarse prácticamente a financiar al propio Estado.

¿Estamos viendo ya el impacto completo de la jubilación de los baby boomers sobre el sistema?

Apenas estamos viendo la punta del iceberg. Actualmente gastamos alrededor del 14% del PIB en pensiones y las previsiones apuntan a que ese porcentaje puede acercarse al 17%. España se convertirá en uno de los países europeos con mayor gasto en pensiones. Además, una vez alcanzado ese nivel, no desaparecerá. Se estabilizará durante décadas. Eso significa dedicar una parte creciente de los recursos públicos a una sola partida.

¿Qué implicaciones tiene eso?

Un enorme coste de oportunidad. Si una parte cada vez mayor del presupuesto se destina a pensiones, queda menos margen para educación, sanidad, vivienda, infraestructuras o defensa. Hoy el gasto en pensiones ya representa aproximadamente un tercio del gasto público. Las previsiones indican que podría acercarse a la mitad.

Pese a todo esto que cuenta, la última reforma al sistema, la diseñada por el entonces ministro José Luis Escrivá, ha pasado el examen de la AIReF...

Porque la estrategia elegida es aumentar los ingresos. Si elevas cotizaciones e impuestos puedes cuadrar las cuentas. La cuestión es si ese es el modelo que queremos. Yo defiendo otro enfoque: equilibrar el sistema contributivo y complementarlo con mecanismos de ahorro. El problema no es el sistema de reparto en sí. Hay sistemas de reparto que funcionan bien, como el sueco. Lo importante es que esté adaptado a la realidad económica y demográfica del país.

¿Le preocupa que haya desequilibrios territoriales en la financiación del sistema?

Sí. Hay una cuestión que me parece difícil de justificar desde un punto de vista técnico. El déficit contributivo del sistema se cubre mediante transferencias del Estado a la Seguridad Social. Sin embargo, País Vasco y Navarra no participan en esa financiación de la misma manera que el resto de comunidades. Desde mi punto de vista responde a una decisión política y no a una lógica técnica relacionada con la sostenibilidad del sistema.

Las pensiones son un tema especialemente sensible para todos los partidos políticos. ¿Hasta qué punto el peso electoral de los pensionistas dificulta las reformas?

Muchísimo. El sistema de pensiones depende de decisiones políticas y eso genera incentivos perversos. Los pensionistas constituyen un grupo electoral muy relevante y es lógico que cualquier gobierno sea sensible a sus demandas. El problema es que el potencial perjudicado por la falta de reformas todavía no percibe claramente los costes. Los políticos ven el elefante, pero prefieren dejar el problema al siguiente gobierno. Por eso tienden a mantener el statu quo. Los costes de una reforma son inmediatos y visibles, mientras que los beneficios se verán dentro de años.

El libro insiste en que no estamos ante una guerra entre generaciones.

Porque no lo es. Es un problema de país. Los jubilados actuales no tienen la culpa del diseño del sistema y tampoco los trabajadores jóvenes. Lo que necesitamos es una fórmula que distribuya los costes de manera equitativa y garantice certidumbre a todos.

¿Le preocupa que empiece a surgir una confrontación entre jóvenes y pensionistas?

Sí, porque además se alimenta políticamente. Nosotros no proponemos acabar con el sistema público ni sustituirlo por uno puramente privado. Proponemos un sistema de reparto que funcione bien. El ejemplo es Suecia. Allí existen reglas automáticas, transparencia y estabilidad. La incertidumbre que existe hoy en España sobre las futuras pensiones es una señal de que el sistema no está funcionando correctamente.

¿Son las pensiones actuales demasiado generosas?

Sí. Los cálculos actuariales muestran que, en promedio, los jubilados reciben bastante más de lo que han aportado al sistema. Eso fue posible durante décadas porque había muchos cotizantes y la economía crecía con fuerza. Pero ya no estamos en esa situación. Seguimos prometiendo una rentabilidad implícita que la economía española difícilmente puede sostener.

¿La entrada de inmigrantes no está ya aliviando el problema?

Ayuda, pero no es una solución definitiva. Cada nuevo trabajador contribuye al sistema, pero también genera derechos futuros y demanda servicios públicos. No podemos confiar indefinidamente en ampliar la base de la pirámide. Lo que realmente necesitamos es empleo de mayor valor añadido y aumentos sostenidos de productividad.

¿Cuál es exactamente la reforma que propone usted?

Un modelo de tres pilares. Primero, mantener el sistema público de reparto, pero calculado mediante cuentas nocionales como en Suecia. Segundo, introducir un sistema de ahorro ligado a la empresa. Y tercero, fomentar el ahorro individual voluntario. La transición tendría que ser gradual y respetar plenamente los derechos adquiridos de los pensionistas actuales. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de ordenar el sistema.

La capitalización sigue generando recelos en España. ¿A qué atribuye esa especie de tabú?

Existe un cierto tabú con todo lo relacionado con el ahorro y la inversión. Pero la capitalización no significa abandonar la protección pública. Significa que una parte del ahorro se invierte y genera rentabilidad para complementar la pensión futura. Muchos países combinan ambos modelos con éxito.

El caso de Chile no parece hablar a favor de los sistemas de capitalización...

Sí, pero muchas veces se analiza fuera de contexto. Chile tenía niveles de renta muy distintos a los europeos cuando implantó sus reformas. Se usa mucho para desacreditar cualquier sistema de capitalización, cuando la realidad es bastante más compleja. Además, esos sistemas también han contribuido a desarrollar mercados de capitales más profundos y a canalizar ahorro hacia la inversión productiva.

Habla mucho de Suecia. ¿Qué envidia de ese modelo?

La transparencia. Allí cada trabajador recibe todos los años un sobre naranja con información detallada sobre lo que ha cotizado y la pensión que puede esperar recibir. Eso genera certidumbre. En España mucha gente no sabe cuánto va a cobrar cuando se jubile y esa incertidumbre es una señal de que el sistema no funciona tan bien como debería.

Jon González, el ya célebre divulgador de los gráficos de las pensiones y que recientemente abandonó las redes sociales, ha escrito el prólogo de su libro. ¿Qué opina usted de todo lo que ha sucedido con él?

Me parece preocupante. Jon ha dedicado mucho tiempo a divulgar datos económicos utilizando fuentes oficiales y poniendo a disposición de cualquiera los cálculos que realizaba. Podemos estar de acuerdo o no con sus conclusiones, pero el debate debería producirse con datos y argumentos. Si alguien considera que una interpretación es errónea, lo razonable es rebatirla con mejores datos, no expulsar al interlocutor del debate público. Necesitamos una conversación mucho más abierta sobre cuestiones como las pensiones, el crecimiento económico o la sostenibilidad fiscal.

Si le nombran mañana ministro responsable de las pensiones, ¿cuál sería una de sus primeras decisiones, en los primeros cien días? ¿Qué es lo más urgente para usted?

Impulsar un nuevo Pacto de Toledo. Pero esta vez para afrontar el problema de verdad. Reuniría a los mejores expertos y trataría de sacar el sistema de pensiones del ciclo político. También introduciría mucha más transparencia. En Suecia cada trabajador recibe información detallada sobre sus aportaciones y la pensión estimada que percibirá. Eso genera confianza y certidumbre.

Después de estudiar a fondo el problema con datos y de analizar el histórico político, ¿usted es optimista o pesimista respecto al futuro de nuestro sistema de pensiones?

Soy bastante pesimista. El cortoplacismo domina la política y los incentivos para actuar son escasos. Aun así, todavía estamos a tiempo de controlar el problema. El elefante ya es grande, pero todavía puede domesticarse. Lo que me preocupa es que sigamos retrasando las decisiones. Si ocurre, el ajuste terminará siendo mucho más costoso y afectará tanto a los pensionistas como a los trabajadores y al resto de servicios públicos.