La escena es propia de una película posapocalíptica. Lo que era un supermercado de barrio se ha convertido en un lugar donde hasta diez personas viven en condiciones insalubres. Las estanterías han sido retiradas y el espacio ha sido rudimentariamente tabicado con placas de pladur para habilitar zulos, pequeños cubículos donde a duras penas cabe una persona de pie.

Los habitáculos están numerados y cubiertos de grafitis. Los pasillos, pasadizos angostos, generan una sensación claustrofóbica. La luz apenas entra y la humedad devora el espacio, colonizando las paredes.

Es la última estampa de tintes distópicos que deja la grave crisis de vivienda que padece Ibiza, isla de contrastes que en verano atrae a miles de turistas al calor del lujo y los excesos hedonistas mientras, en un crudo paralelismo, sigue liderando los rankings nacionales de precariedad en el acceso a la vivienda.

En la isla se alquilan habitaciones por 1.500 euros al mes, un mercado disparado que expulsa a residentes a otras regiones o les aboca, como en el caso de este supermercado lleno de zulos, a vivir bajo cualquier techo.

El local está en el número 59 de la calle Aragón, una céntrica vía de la capital ibicenca, en un barrio de pisos antiguos y pequeños comercios. Durante un tiempo funcionó como sencillo supermercado en virtud de un contrato de arrendamiento firmado en 2020. Allí se podía comprar «fruta, verdura, hielo y refrescos» como todavía anuncian los coloridos vinilos de su fachada, apenas desgastados a pesar del paso del tiempo.

El dueño del local, ajeno a la okupación, lo tenía alquilado a otra persona, quien, tras explotarlo un tiempo como colmado, lo reconvirtió sin permiso en un albergue pirata donde cobraba habitaciones a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Así ha estado operando durante cinco años ante la impotencia del dueño del local, atrapado en una maraña administrativa. En 2023 el Ayuntamiento de Ibiza ya había ordenado el precinto del local pero hasta el pasado martes no fue desalojado por orden judicial, casi mil días después.

Horas antes del desalojo, EL MUNDO logra acceder al local para tomar imágenes y hablar con algunos de los jóvenes que han estado viviendo allí. O al menos pernoctando. Esa mañana hay tres chicos, tres inmigrantes que han acabado en este local al no tener otro lugar en el que residir.

Testimonios

Esperan a la comitiva judicial y se muestran dispuestos a cooperar. Dicen que no se van a «agarrar» al local para vivir en un sitio donde no les corresponde, aunque repiten que no tienen donde ir, que ellos son víctimas de esta situación. «No tenemos donde dormir y no sabemos qué va a pasar con nosotros», lamenta uno de ellos, un hombre de origen colombiano que prefiere mantener el anonimato.

Esgrimen que desde que recibieron el aviso para irse «no ha pasado ni un mes, sólo 15 días» y sostienen que no han recibido asistencia social, algo que el ayuntamiento sí afirma haber ofrecido, según han informado estos días los medios locales. «Ya habíamos pagado el alquiler de estas habitaciones», dicen los moradores.

Otro de los chicos, también de origen sudamericano aunque de otra nacionalidad, relata cómo algunos de sus amigos han sido víctimas de estafas inmobiliarias en Ibiza. «Un amigo nuestro pagó hasta 1.300 euros por un piso y le estafaron, ni siquiera le enseñaron el apartamento...no queremos tener una situación ilegal pero ¿qué nos lleva a meternos aquí? ¿Qué podemos hacer, estamos en la calle? ¿Dónde dormimos, en la playa?», se pregunta de forma retórica.

«La mayoría no tenemos familiares aquí y sentimos que no importa nuestra humanidad», apostillan mientras planean dónde van a ir tras el lanzamiento. «Algunos estamos tramitando los papeles de regularización pero nos piden un lugar de empadronamiento y no tenemos casa, no podemos poner nada».

La comitiva judicial llega puntual y a las diez de la mañana del martes el desalojo se produce sin incidentes. Dentro, el supermercado está vacío y en condiciones deplorables, lleno de basura y con zonas anegadas. Los vecinos llevaban tiempo atemorizados, preocupados por la posibilidad de que se pudiera desatar un incendio en el local, alarmados por algunos incidentes del pasado.

No se sabe cuánto dinero pagaban los moradores de estas infraviviendas, aunque se sospecha que algunos habrían pagado hasta 500 euros al mes. El Ayuntamiento impuso al arrendatario y responsable una multa de 100.000 euros en 2025. A pesar de ello, el negocio pirata ha seguido hasta ahora en funcionamiento.