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«Tengo claro que voy a seguir haciendo el trabajo por el que me pagan, que es atender al ciudadano, y no estar de brazos cruzados y decirle a la gente que se vaya a internet a pedir una cita», desafía Juan Carlos Nieto, el héroe de Mérida que el pasado miércoles recibió el apoyo popular de sus vecinos a raíz de una amenaza de sanción por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el que trabaja desde hace 15 años.
¿De qué acusan a este funcionario? De resolver en sus ratos libres los trámites de personas que se acercan a su oficina sin cita previa y de no exigirles documentación que ya está en poder de la administración. La burocracia del Estado considera que estos son verdaderos pecados (faltas graves, según sus Escrituras), cuya penitencia no sería ni rezar tres padrenuestros ni sellar 20 documentos, sino padecer seis meses de baja sin goce de sueldo, con la posibilidad de un destierro forzoso a otra delegación.
A ese atropello divino, 300 vecinos de Mérida le han intentado poner freno con una concentración frente a la sede del SEPE de la calle Baviano: hubo recogida de firmas, pancartas y peticiones de dimisión para los superiores de Juan Carlos. La protesta estuvo organizada por el sindicato extremeño 25 de Marzo y el Campamento Dignidad.
Juan Carlos, el burócrata de 56 años y barba canosa cuyos actos de arrojo consisten en firmar papeles para que los desempleados cobren el paro o reciban ayuda en Cáritas, tuvo un merecido baño de masas. Aprovechó el recreo del bocadillo para agradecer el espaldarazo de su querido pueblo, que lo adoptó hace 17 años cuando llegó como funcionario de Correos, ya con dos décadas de experiencia en su Madrid natal. «No es caridad, no es nada excepcional lo que hago, es cumplir con mi trabajo», manifestó, visiblemente emocionado, entre aplausos. No le sobró el tiempo para agradecer el apoyo de su gente: a las 11 pegó la vuelta hacia su puesto de trabajo para seguir atendiendo a desempleados en apuros.
En la oficina, el ambiente de trabajo es «tenso», según describe este fanático colchonero ante Crónica. Hasta hace tan solo unos años, trabajaban ocho personas; hoy son tres, más una jefa, dentro de una ciudad de 60.000 habitantes. Esa directora fue quien empezó a confrontar al «funcionario-héroe» para que plantara cara a quienes llegaban sin cita previa y se negara a atenderlos, incluso cuando lo hacía en momentos libres, sin perjudicar a otros solicitantes. «No podemos seguir así», le espetó su superiora, según el relato de Juan Carlos.
Más tarde llegaron desde Madrid otros superburócratas de la Inspección de Servicios del SEPE y le tomaron declaración a él y a sus compañeros. Después de Semana Santa, apareció en su correo la notificación mortificante: el inicio de un expediente, el primero en su intachable carrera, que podría tener consecuencias nefastas para el hogar que comparte con su esposa emeritense y su hijo.
«Soy víctima de una injusticia, sin comerla ni beberla, solo por hacer mi trabajo»
Juan Carlos Nieto
En tanto, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que el expediente no se debe únicamente a la atención de personas sin cita y que existen otros motivos que no pueden hacer públicos por confidencialidad, de acuerdo con un comunicado recogido por El Periódico Extremadura.
Juan Carlos reafirma que la imputación es por la atención sin cita y por no exigir documentos a los que la administración puede acceder sin necesidad de que se los faciliten. La angustia que experimenta desde ese momento lo llevó a hacer pública la situación: «Soy víctima de una injusticia, sin comerla ni beberla, solo por hacer mi trabajo».
Sus viejos conocidos de los sindicatos locales decidieron darle forma a una muestra de apoyo popular. «Es un funcionario que siempre ha sido ejemplar, que siempre está disponible para echarle una mano a la gente, sin hacer distinciones, y vuelca toda su experiencia para ayudar», lo describe Manuel Cañada, integrante del Sindicato 25 de Marzo y el Campamento Dignidad.
Cañada explica que un contexto hostil a los desempleados es el que pone a Juan Carlos en la posición de benefactor social. Primero, el paro persistente de Extremadura. Segundo, el sistema de cita previa obligatoria para cumplimentar cualquier trámite: «Es un auténtico calvario. Ponen a los solicitantes a pelear entre ellos por la disponibilidad de las citas cuando tienen solo 15 días para solicitar la prestación por desempleo». Y tercero, la demarcación territorial, que hace que a un ciudadano le pueda tocar la cita en cualquier oficina dentro de su provincia: «Badajoz es la provincia más grande de España. Hay gente que puede tener que viajar 200 kilómetros entre ida y vuelta. Eso solo se le ocurre a un majadero o a un psicópata: hacerle eso a alguien que ya de por sí está pasando por la angustia del desempleo». Juan Carlos relata casos de solicitantes que llegaron en un taxi al que tuvieron que pagarle casi la mitad de la remuneración por el paro.
Es en ese marco en el que un «espérate que ya te atiendo» o un «pásate mañana a las 11» como los de Juan Carlos pueden resultar un salvavidas. «Lo único que intento es dar la atención. En mi trabajo estoy, excepcionalmente, al otro lado de la mesa. Pero luego soy un ciudadano y voy al médico, voy a Hacienda, voy a la ITV. Y lo único que intento es dar a la gente lo que me gustaría que me dieran a mí como ciudadano», señala. E insiste en que, aún con el expediente iniciado, no piensa cambiar su forma de trabajar: «No hay ninguna norma que me diga que tengo que estar brazo sobre brazo en horario de oficina y decirle que no a la gente, que se vaya hasta que consiga la cita, me moriría de vergüenza si tuviera que hacerlo».
Desde su larga experiencia como funcionario, Juan Carlos pretende que su caso muestre el fracaso «de la cita previa como fin y no como medio». Él aclara que no está en contra de la cita previa, pero que sí «es una barrera para muchos, sobre todo para los más vulnerables, en un servicio en el que se trata con desempleados».
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