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«Sin trabajo, sin documentos y viviendo en chabolas... realmente estamos peor aquí que en los campamentos de refugiados», sostienen los inmigrantes saharauis Azman Sidahmed Mohamed y Mahmud Embarec Braim, que llegaron a Almería en patera hace más de un año y llevan el mismo tiempo en espera tras haber presentado su solicitud para ser reconocidos como apátridas. Aunque entienden el español, hablan ante Crónica en árabe, con la traducción de su amigo Mohamedsalem Mohamed Alamin, quien logró ser reconocido como apátrida después de dos años, un plazo mucho mayor a los tres meses que establece la ley.
Los tres viajaron desde el asentamiento de chabolas de la antigua pista de Fórmula 1 de Valencia hasta Madrid para participar en la reunión de urgencia convocada el pasado miércoles por los diferentes grupos parlamentarios para tratar la cuestión saharaui: excluidos por el Gobierno de la regularización de inmigrantes. Solo tres partidos no tuvieron representantes en el encuentro: Vox, Junts... y el PSOE.
«Vinimos con la ilusión de trabajar y salir adelante, pero no esperábamos que fuera tan duro», dice Azman, de 31 años. Junto a otros 50 saharauis del asentamiento, sobreviven gracias a las ayudas de asociaciones. «No nos arrepentimos de haber venido todavía porque tenemos la esperanza de conseguir los papeles», sigue Mahmud, de 35. «Papeles», una palabra que ambos saben pronunciar en español y que los obsesiona porque les abre el camino a un empleo con el que puedan enviar dinero a sus familias de los campamentos donde se criaron, de la provincia argelina de Tinduf.
«Nos cabrea que el Gobierno nos excluya, que venga un presidente que dice que es el más progresista y haga esto me parece una injusticia social», añade Mohamedsalem, que luce un anillo saharaui en su mano izquierda. Como en su caso, la mayoría de estos inmigrantes procedentes de la antigua «provincia 53» tienen padres que nacieron «bajo bandera española», antes de la Marcha Verde de Marruecos en 1975 y la salida de España del territorio africano.
Azman Mohamed y Mahmud Braim presentaron hace un año la solicitud de apátridas y siguen a la espera. Viven en un asentamiento de chabolas.Manuel Nieto
«Estamos contentos con que puedan regularizar a todos los inmigrantes, pero nos apena nuestra situación», se lamenta, por su parte, Saleh Malainin, joven que llegó a España en patera hace más de dos años y sigue en el calvario burocrático de la solicitud apátrida.
«¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué en el papel que nos dan después de la solicitud no pone ‘autorizado para trabajo’?», se pregunta Saleh, que tiene 27 años, nació en un campamento y actualmente está en Mallorca en busca de un empleo en negro. Como muchos saharauis, habla bien el español y tiene un vínculo especial con el país por el programa «Vacaciones en Paz», que le permitió pasar los veranos de su infancia con una familia española. A ese hogar dice que vuelve cada vez que no tiene otra alternativa, mientras espera la resolución de su trámite, que inició en Burgos.
La exclusión de los apátridas de la regularización de los inmigrantes cayó como un baldazo de agua fría en la comunidad saharaui. Desde el Gobierno lo justificaron por la supuesta protección que ya tiene el colectivo a través de un estatuto particular, pero en la práctica las asociaciones vinculadas al tema denuncian que la documentación se retrasa entre dos y tres años.
«Decir que los apátridas no son irregulares es una auténtica barbaridad: son el colectivo más desprotegido, carecen de derechos y no pueden trabajar, lo que les aboca a situaciones de explotación laboral extrema», sostuvo la diputada portavoz de Más Madrid Tesh Sidi, de origen saharaui. Los grupos parlamentarios presionan ahora al Gobierno para que los incluya en la regularización. También se plantean desbloquear una proposición de ley de Sumar para reconocer la nacionalidad a los saharauis que eran españoles cuando el Sáhara pertenecía a España, así como a sus descendientes.
Según datos del Ministerio del Interior, en 2025 se presentaron en España más de 3.000 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se resolvieron 2.242 expedientes; hubo más de mil que quedaron sin resolver. En 2024, el balance había sido todavía peor: de 2.084 solicitudes, solo 911 resoluciones.
«Los saharauis representan más del 95% de los que reclaman el estatuto de apátrida», calcula Sidi Talebbuia Hassan, presidente de la Asociación Profesional de Abogacía Saharaui en España, que estima en ocho mil el número de inmigrantes de este colectivo que viven en el país, una cifra a todas luces insuficiente para generar un colapso en el Ministerio del Interior que justifique las demoras.
«La exclusión es llamativa porque en términos jurídicos sería perfectamente aplicable incluir a los saharauis en la regularización. No sé si es por un telefonazo de Marruecos o la continuación de la política de marginación de nuestro pueblo que viene desde agosto de 1976, cuando se le despojó de la ciudadanía española y se les convirtió en apátridas», continúa Talebbuia Hassan, que nació en los campamentos de Argelia, conoció España por las «Vacaciones en Paz» y lleva aquí más de 30 años. Actualmente dirige en Madrid su propio bufete.
«Es un escándalo que la ley diga 'esto es válido para todo el mundo menos para los apátridas'»
Taleb Alisalem
La referencia a Marruecos aparece después de que, en marzo de 2022, Pedro Sánchez respaldara al rey Mohamed VI en el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, abandonando la posición de neutralidad. Por eso el analista político y activista Taleb Alisalem encuadra la medida que se conoció la semana pasada «en una política que lleva el Estado español en su conjunto, pero especialmente el Gobierno de Sánchez, para arrinconar aún más a los saharauis». «Hay un bloqueo administrativo intencionado», asevera. Y señala: «Es un escándalo que la ley diga ‘esto es válido para todo el mundo menos para los apátridas’». También apunta: «Es un modo más de persecución política como el que sufrimos en nuestro país, y el gobierno español ha respondido, presionado por Marruecos, como con otras decisiones».
Alisalem describe un «bucle» burocrático que descarta que los saharauis puedan renunciar a sus solicitudes para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes, como había sugerido el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente. «Es tramposo, porque para que puedas acceder a la regularización tienes que presentar documentos como los antecedentes penales de tu país de origen. Pero cuando presentas un documento y tu Estado es la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) lo primero que te dicen es ‘nosotros no reconocemos a este Estado’», explica Alisalem.
España no reconoce a la RASD como Estado, lo que coloca a sus ciudadanos en un limbo legal. Son apátridas en parte porque el propio Estado español les retiró la nacionalidad en 1976, y ese mismo Estado tampoco reconoce la entidad política que podría otorgarles una documentación alternativa. «¿Y de qué país voy a traer los documentos? Si no soy argelino ni marroquí, soy saharaui», se enoja Alisalem.
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