




















El auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que tumbó la imputación de Carlos Mazón no solo cuestionó la tesis de la jueza de Catarroja que señalaba la responsabilidad del ex presidente de la Generalitat en los 230 fallecimientos por la dana. También señaló las grietas de la argumentación de la magistrada en su intento de conectar directamente el retraso del ES-Alert con las muertes. Pero el TSJ ya tiene la respuesta por boca de Nuria Ruiz Tobarra.
En un nuevo auto notificado este miércoles a las partes, la jueza de Catarroja sostiene que el ES-Alert, que el 29 de octubre de 2024 no se lanzó hasta las 20.11 horas, pudo en realidad haberse enviado tres horas antes. En concreto, afirma la jueza en el auto al que ha tenido acceso este diario, "estaba sobre la mesa del Cecopi desde las 17.20 horas".
La magistrada, por tanto, da veracidad a la declaración del subdirector de Emergencias de la Generalitat. En su declaración como testigo, Jorge Suárez situó a las 17.20 horas -coincidiendo con el inicio de la reunión del Cecopi- el momento en que planteó por primera vez la posibilidad de enviar una alerta masiva a la población.
Según desgrana la jueza, el ES-Alert "era un sistema de alerta a la población plenamente operativo", además de que "no requería de ningún tipo de validación estatal ni autorización por ninguna autoridad estatal". Es más, "la validación del Es-Alert de las 20.11 horas se hizo en tan solo 2 minutos y 35 segundos", según la jueza.
En su auto, Ruiz Tobarra lamenta que, "en realidad, lo más dramático es que se pudo haber lanzado un mensaje sobre las 17.20 horas con el contenido que consta en el cuaderno del Sr. Jorge Suárez que hubiera sido plenamente efectivo, hasta el punto de que aconsejaba subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua, cuanto menos dos metros, y que, por ende, bajar a los garajes o permanecer en plantas bajas, o ir por carretera, era un riesgo clarísimo que había de excluirse".
La jueza no pasa por alto que "uno de los elementos que demoró el envío de la alerta a la población fue incluso la redacción del mismo en valenciano". Del retraso vuelve a culpar a la principal investigada en esta causa, la ex consejera de Interior Salomé Pradas, de quien subraya que "no se limitaba a ser una mera testigo del envío del mensaje, sino que muestra una voluntad de controlar". Por ello, la jueza rechaza su recurso en el que pedía evitar una pericial caligráfica sobre la autoría de la nota que escribió con el texto del ES-Alert y que aportó Suárez al juzgado. Pradas, en todo caso, ha reconocido ser la autora del escrito.
Pero la jueza carga igualmente contra el segundo investigado, el ex secretario autonómico responsable de Emergencias Emilio Argüeso, que el día de la dana ejercía de número dos de Pradas e "incurre igualmente" en "la falta de avisos a la población". En palabras de la jueza, "era el director del plan [de inundaciones] cuando a las 13 horas los coches flotaban por la calle en Utiel".
A partir de aquí, Ruiz Tobarra detalla la conexión entre varios fallecimientos y el retraso del ES-Alert, tras reprocharle el TSJ que "la necesaria relación de causalidad no puede plantearse en términos genéricos o difusos". "Exige", advertía el auto del TSJ, "que se proporcionen datos precisos para concluir en qué medida las decisiones adoptadas fueron determinantes de fallecimientos individualmente identificados".
"Mari Luz, quien fue testigo del fallecimiento de su madre Águeda en su propia casa en Utiel, declaró que su madre estuvo desde las 14 horas atrapada por el agua en su propia casa, falleciendo horas después de hipotermia", desgrana la jueza. Otro ejemplo: "A las 19.30 horas del día 29, Palmira, de 88 años de edad, estando en su casa en Guadassuar, le dijo, por teléfono, a su nieta Susana que estaba muy asustada, que tenía los pies en agua, que la luz se había ido y no veía. Falleció en su casa, sola, donde fue encontrada muerta a la mañana siguiente a las 7 horas".
Además, la jueza ha vuelto a citar al bombero que dijo que a Pradas sus "jefes por encima" le "cortaron las alas". "Hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron", le llegó a decir. No será el único testigo que amplíe la nómina de quienes tendrán que acudir al juzgado de Catarroja, pues la jueza también ha citado a agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a bomberos forestales o a la ex alcaldesa de Chiva.
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