La Fiscal�a Anticorrupci�n ha abierto diligencias de investigaci�n penal contra el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de Valencia por los presuntos delitos de prevaricaci�n y tr�fico de influencias. Se investiga, tras una denuncia de Comprom�s, si hubo una "concertaci�n en el tiempo" entre representantes de ambas administraciones p�blicas y algunos empleados del Consorcio Valencia 2007 para la creaci�n y ocupaci�n de varias plazas a dedo.

Seg�n ha avanzado The Objective y han confirmado fuentes de Comprom�s, el Ministerio Fiscal ya ha designado fiscal instructor, tal y como consta en la documentaci�n a la que tambi�n ha accedido este diario. De hecho, seg�n la portavoz municipal de la coalici�n, Papi Robles, "el fiscal ve indicios suficientes para investigar a la alcaldesa", explica, si bien la propia Mar�a Jos� Catal� ha tildado de "actuaci�n esperp�ntica" la denuncia de Comprom�s.

En su denuncia, Comprom�s apuntaba directamente contra varias personas: la alcaldesa de Valencia y presidenta del Consorcio Valencia 2007, Mar�a Jos� Catal�; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao; la presidenta de la Fundaci�n Deportiva Municipal, la concejala Roc�o Gil; la presidenta de la Fundaci�n Visit Valencia, la tambi�n concejala Paula Llobet; la subdirectora de Infraestructuras de la APV, Manuela Gras y la jefa de gesti�n econ�mica de la APV, Alicia Gimeno, adem�s de un administrativo de Visit Valencia y una funcionaria interina de la Generalitat Valenciana, act

Seg�n Comprom�s, en pleno proceso administrativo de extinci�n y liquidaci�n del Consorcio Valencia 2007 -del que forman parte el consistorio, el Gobierno de Espa�a y la Autoridad Portuaria-, el Puerto y al menos dos fundaciones municipales activaron a partir de abril de 2024 y hasta 2027, "de manera paralela y concertada", hasta siete procedimientos administrativos para llevar a cabo una "subrogaci�n encubierta" de tres trabajadores que formaban parte de la plantilla del Consorcio.

Para ello, tal y como figura en la denuncia de Comprom�s, se convocaron plazas de ocupaci�n p�blica con las que cubrir puestos directivos de la Fundaci�n Deportiva Municipal, Visit Valencia y la Autoridad Portuaria de Valencia, "dirigidos espec�ficamente" a colocar a esas personas que iban a ser despedidas del Consorcio.

Seg�n relat� el concejal Ferran Puchades, un grupo de trabajadores despedidos del Consorcio, que fueron alrededor de una veintena, acudieron a una notar�a para certificar en un acta los nombres de los compa�eros que estaban seguros ser�an recolocados. "No era una intuici�n, era el conocimiento de un sistema que estaba preparado. Y, efectivamente, obtuvieron los puestos", explic�.

La denuncia apunta a la convocatoria de al menos de siete puestos directivos o t�cnicos que habr�an sido activados, tras a�os vacantes, a medida, con perfiles muy espec�ficos y requisitos que coincid�an con las personas a las que se quer�a recolocar. El objetivo habr�a sido, por tanto, una "subrogaci�n encubierta" sin tener que pasar por un proceso competitivo real. En este sentido, varias de las plazas convocadas quedaron desiertas o sin resolver cuando ya no eran necesarias. Dos de ellas, cuando dos nuevas directivas se incorporaron al Puerto de Valencia.

De hecho, un informe de la Intervenci�n General del Estado detect� posibles vulneraciones de los principios de igualdad, m�rito y capacidad, al tiempo que alert� de que en uno de los procesos se lleg� a expulsar a un candidato "sin base legal".

"Mientras unas personas eran enviadas a la calle, otras ten�an preparado su futuro con plazas a medida en organismos p�blicos. Es indecente y profundamente injusto", denunci� Papi Robles mientras que Puchades se�al� al concejal Jos� Mar� Olano como el "urdidor": "Es la mano que mueve los hilos en la sombra en muchas de las decisiones m�s opacas de este gobierno".

Sin embargo, tras conocerse la investigaci�n, la alcaldesa ha querido defender el proceso y, en declaraciones a los medios, ha recordado que Comprom�s pidi� en su d�a evitar los despidos de los trabajadores del Consorcio y su "reasignaci�n" en la administraci�n. Si no se hizo, ha defendido Catal�, fue porque un informe del secretario municipal lo vet�.

"Comprom�s ped�a lo que ahora denuncia", ha lamentado Catal�, quien ha subrayado que la apertura de diligencias es solo un "tr�mite". Seg�n la alcaldesa, que ha evitado pronunciarse sobre la actuaci�n de la APV, al consistorio se le imputa "que un administrativo se presente por concurso oposici�n a una plaza a la que accedi� con transparencia, siendo previamente empleado p�blico".

Con esta investigaci�n a la alcaldesa Catal� y las concejalas Paula Llobet y Roc�o Gil Uncio, son ya cinco los ediles de gobierno a los cuales investiga la Fiscal�a. A ellas se unen los voxistas Juanma Badenas, por prevaricaci�n, malversaci�n y delito de falsedad en la gesti�n de Valencia Activa, y Cecilia Herrero, que lo est� por un presunto delito de odio.

Llorca, con Catal�

Los ecos de esta investigaci�n han llegado al Palau de la Generalitat. El presidente Juanfran P�rez Llorca mostr� su fe ciega en Mar�a Jos� Catal�, "una fant�stica alcaldesa", ante las pesquisas de la Fiscal�a.

"No tengo ninguna informaci�n pero tampoco voy a hacer ninguna valoraci�n. No se habla de ninguna imputaci�n ni de ning�n procesamiento, solamente se habla de que se est� investigando y es una funci�n que le corresponde a la Justicia, que le corresponde a la Fiscal�a", dijo ante los medios de comunicaci�n tras un acto en el Hospital La Fe de Valencia. Con respecto a la directora del Puerto, "ya vienen hace tiempo sac�ndose muchas noticias negativas pero luego la realidad es que no van las cosas a m�s".

"Por lo tanto, saben que yo muestro much�simo respeto por cualquier tipo de investigaci�n, pero yo creo totalmente en el buen hacer de una fant�stica alcaldesa que tiene la ciudad de Valencia", sentenci�.

Para la delegada del Gobierno y candidata del PSOE a la alcald�a, Pilar Bernab�, la situaci�n es "preocupante". "Hay varias �reas del gobierno municipal bajo la sombra de la sospecha. Adem�s, en este caso me duele por lo que cost� la recuperaci�n reputacional y econ�mica del Consorcio", a�adi�.

Bernab� record� que fue el Gobierno de Espa�a quien condon� una deuda de 400 millones de euros para "rescatar al Consorcio de la mala gesti�n y el mal uso de los fondos p�blicos". "Fue un gran esfuerzo y, ahora, bajo la supervisi�n del PP [de su liquidaci�n], aparecen estas cuestiones", sentenci�.