Las grandes ciudades y la FEMP reclaman una revisión de la Ley de Haciendas Locales que mejore sus ingresos. "Asumimos competencias del 25% y recibimos un 15% de financiación", reivindica la alcaldesa de Valencia, María José Catalá
Los ministros Ángel Víctor Torres, Arcadi España y Diana Morant, en un acto en Valencia.
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Al Gobierno y, especialmente, al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, se les ha abierto un nuevo frente. Al reto de sacar adelante la reforma del modelo de financiación autonómica, cuyo borrador pactado con ERC ha sido rechazado por todas las autonomías gobernadas por el Partido Popular, se suma ahora la rebelión municipal, que clama por la revisión de la financiación local. Es la olvidada por Hacienda, lo que para la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tiene una explicación: «Como necesita a los independentistas para aferrarse en Moncloa presenta una reforma que les satisface. Como su supervivencia política y parlamentaria, no depende de los ayuntamientos, nos ningunea».
Esa actitud, denuncia quien también es portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se evidenció el pasado jueves en una convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local, que se convocó por primera vez en la legislatura forzado por los propios municipios, que presentaron un recurso ante la Audiencia Nacional. Lejos de tratar asuntos «esenciales» que la FEMP quiso incluir en el orden del día, como la revisión de la financiación local, las reglas fiscales para el año 2026 o cómo les dejarán los presupuestos del Estado que pretende presentar el Gobierno, la reunión fue, en palabras de Catalá, «un esperpento». No acudió ningún representante de Hacienda -estaba produciéndose el traspaso de cartera entre Montero y Arcadi España-, y se marcharon con las manos vacías.
La presidenta de la FEMP, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha solicitado al nuevo ministro de Hacienda una reunión para abordar estas cuestas «a la mayor brevedad». Hasta en diez ocasiones se la pidió Montero sin éxito. Por eso las grandes ciudades no tienen demasiada esperanza en que se celebre pese al talante negociador de Arcadi España. Y mucho menos en que las conclusiones sean positivas.
«A Sánchez no le interesa reformar la financiación local porque no necesita a los ayuntamientos para seguir en Moncloa.Y por eso nos tiene abandonados», insiste la alcaldesa de Valencia, que recalca los años que llevan esperando que se reforme la Ley de Haciendas Locales «y el Gobierno ha sido incapaz de presentarnos ni tan siquiera un borrador». «Es prioritario y urgente actualizar el sistema de financiación local. Es necesario que el Gobierno impulse, de manera urgente, una reforma estructural del actual sistema de financiación. Los gobiernos locales debemos ocupar el lugar financiero que nos corresponde, porque gestionamos servicios esenciales y asumimos muchas competencias impropias sin los recursos adecuados», explica Catalá, que lo resume en cifras: «Asumimos un 25% de competencias y recibimos una financiación del 15%».
El Gobierno tiene previsto entregar a los 8.132 ayuntamientos de España este año 29.000 millones de euros, en torno al 15% de todo lo recaudado en IRPF, IVA e impuestos especiales como el de hidrocarburos, alcohol y tabaco. En alguno de estos impuestos, a consecuencia de la guerra de Irán, la recaudación decaerá al haberse aplicado una rebaja impositiva.
Esta 'rebelión' municipal comenzó a gestarse antes de que el Gobierno se lanzara a abordar la financiación autonómica y acordara un pacto con ERC para intentar sacarla adelante, algo que fue interpretado por el PP como una nueva cesión al independentismo a cambio de los votos que sustentan el Gobierno de Pedro Sánchez.
La FEMP comenzó a movilizarse el pasado mes de junio, cuando cientos de alcaldes, la gran mayoría del PP y apoyados por Núñez Feijóo, se concentraron frente al Congreso de los Diputados para reclamar «una financiación local justa». En esa línea, la Diputación de Valladolid aprobó en el pleno del mes de marzo instar al Gobierno a revisar un modelo que «garantice la estabilidad, la suficiencia financiera, la transparencia y criterios objetivos de reparto» de los fondos que transfiere el Estado a los municipios.