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La Guardia Civil libera a 80 personas inmigrantes sometid...
Servimedia MadridMadrid · 2026-04-11 · via Comunidad Valenciana

Las víctimas, en su mayoría hombres en situación de vulnerabilidad económica, malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz

Las 80 personas liberadas por la Guardia Civil

Las 80 personas liberadas por la Guardia CivilGuardia Civil

Actualizado

La Guardia Civil ha destapado una organización criminal asentada en la provincia de Castellón dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los agentes han liberado a 80 personas en situación de extrema vulnerabilidad que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz. Han sido detenidas siete personas a las que se les atribuye todo el proceso que llegó a ser de semi esclavitud.

Las víctimas, en su mayoría hombres en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés o países árabes. Eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención.

Una vez aceptaban la oferta eran trasladadas a España -en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red criminal-, generándoles una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos de habitabilidad y llegando incluso a carecer de suministros básicos como agua o electricidad.

Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención.

Además, carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad. El control sobre ellas se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de huida.

Operación 'Balarama'

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha sido desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar este entramado que sometía a sus víctimas a condiciones laborales y de vida próximas a la esclavitud.

La organización operaba de forma jerarquizada. Algunos de sus integrantes se encargaban de captar a las víctimas en sus países de origen, otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y la recaudación de los beneficios obtenidos. La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado, un matrimonio de origen pakistaní.

También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, así como para beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de obligaciones con la Seguridad Social.

El grupo operaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y L'alt Palancia de Castellón, además de las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Turia y L'Horta Nord en Valencia. El asentamiento principal estaba en la localidad de Nules, donde las víctimas eran alojadas hasta en cuatro viviendas distintas, propiedad del matrimonio detenido.

En las actuaciones policiales se han realizado cinco registros en domicilios con la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas, 77 hombres y tres mujeres, con edades entre los 20 y 35 años.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de las siete personas detenidas. La operación ha sido desarrollada con la colaboración de distintos organismos, entidades sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, que han velado por la atención y protección de las víctimas.