Actualizado Jueves, 16 abril 2026 - 07:00

Cuando en abril de 2023 María José Catalá anunció la incorporación de José Marí Olano a su lista al Ayuntamiento de Valencia buscaba recuperar un valor del PP que llevaba diez años apartado de la política activa y de cualquier cargo público. La candidata necesitaba de su experiencia en la Administración para desatascar proyectos complejos y envueltos en problemas jurídicos que arrastraba la ciudad. Cuatro años después, Marí Olano está en el foco de todas las polémicas que rodean a la alcaldesa. La última, las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta prevaricación y tráfico de influencias en la recolocación de trabajadores del liquidado Consorcio Valencia 2007 en fundaciones municipales y en el Puerto de Valencia.

Olano no estaba en la primera denuncia remitida por Compromís, pero aparece en unos audios en los que informa a los trabajadores que van a ser despedidos de la convocatoria de plazas en entidades públicas que se había esforzado en sacar y a las que podían optar. Esto para la coalición demuestra que era una operación "urdida por Catalá y manipulada por el concejal" para colocar a dedo. El PSOE pide que se le investigue, además, por un delito de uso de información privilegiada y revelación de secretos. "Una persona que ocupa un cargo público no puede avisar a un particular de cuándo va a salir una convocatoria, qué características van a tener las plazas o, cuáles van a quedar desiertas", advirtió su portavoz, Borja Sanjuan.

No es la única polémica que envuelve al concejal. Casi no ha dejado de estar en el punto de mira desde que recogió el acta y se convirtió en el único edil de gobierno sin dedicación exclusiva. Su actividad laboral era en un 25% para sus labores políticas y el 75% para ejercer como responsable del área legal de la consultora KPMG.

En septiembre de 2024 la sombra del conflicto de intereses comenzó a perseguirle. Como concejal de Grandes Proyectos, tenía un gran encargo muy mediático: desbloquear las obras del nuevo estadio del Valencia CF. La ciudad había iniciado conversaciones con el club para aprobar las fichas urbanísticas que reactivaran los trabajos -con vistas a poder optar a ser sede del Mundial 2030-, pero habían encallado.

Olano se reunió en Madrid con el abogado de Peter Lim, Germán Cabrera, un encuentro privado que levantó todo tipo de suspicacias y el entonces teniente de alcalde de Vox, Juanma Badenas comenzó a hablar de incompatibilidades: KPMG es una auditora con la que trabaja de manera habitual el dueño del Valencia. Olano explicó que solo se había sentado "con los diferentes actores" para presentarle a la alcaldesa "diferentes alternativas de acción". Sin embargo, el revuelo obligó a la empresa a pedirle que se abstuviera de participar en cualquier proceso que pudiera suponer un conflicto de intereses y, en diciembre de 2023, el concejal se desvinculó de KPMG y pasó a tener una dedicación municipal del 75% y el restante 25% se lo reservó para ejercer como abogado en su despacho particular.

Quienes son sus clientes y si tienen relación con la administración es algo que viene reclamando conocer el grupo municipal socialista, que recurrió al Síndic de Greugues para exigir esa información. A día de hoy, según ha consultado El Mundo, no se han remitido los datos. Eso sí, Olano se convirtió en abril de 2025 en el presidente de la Mesa de Contratación municipal, el órgano colegiado encargado de gestionar los procedimientos de licitación pública. En los primeros meses tuvo que abstenerse en al menos seis procedimientos públicos por tener o haber tenido vínculos laborales con las empresas que optan a las licitaciones, entre ellos el contrato de saneamiento de aguas residuales y pluviales de la ciudad, valorado en 293 millones para un periodo de 15 años.

Hace apenas unos meses, el PSOE también llevó a la Fiscalía una operación de permuta para construir vivienda pública que, en la práctica, dejó sin piso a 39 familias que habían realizado una reserva en un edificio de Patraix. La operación implicaba que una promotora privada entregaba al Ayuntamiento viviendas de protección pública ya construidas a cambio de suelo municipal para otras 250 viviendas y 1,7 millones de euros. El problema, advierten los socialistas, es que los pisos que se ofrecieron al consistorio ya tenían 'dueños' y califican la operación de "pelotazo".

En el diseño de esta operación de permuta también participó Marí Olano, algo que reconoció durante el pleno de febrero, en el que tomó la palabra para reconocer que había tenido conversaciones con el propietario de la constructora acerca de la operación y que, además, le comentó que su esposa lo conocía de su etapa en la Abogacía de la Generalitat y que era compañera del hijo del concejal.

El concejal de Grandes Proyectos también tenía como encargo de legislatura definir el futuro de la Marina de Valencia, cuya gestión recaía en el Consorcio Valencia 2007 que debía disolverse tras asumir el Estado la deuda que arrastraba. Por eso Olano aparece en el proceso de ERE que afectó a los trabajadores y en la presunta recolocación irregular.

Entre sus tareas también estaba la gestión del soterramiento de las vías de Serrería, conflicto que mantiene el Ayuntamiento con el Ministerio de Transportes, y la adjudicación y explotación del edificios de los Docks en La Marina, dos cuestiones en las que ha mantenido un perfil bajo.

Catalá le encomendó también que representara a la ciudad en la comisión de reconstrucción de la dana, algo que soliviantó a las víctimas porque en enero de 2025, en un pleno donde se debatían las ayudas a los afectados y mientras intervenían las asociaciones, fue cazado comprando vino con su portátil desde su escaño de salón de plenos. Tuvo que pedir disculpas.

Con las asociaciones de vecinos también ha tenido enfrentamientos al cuestionar su representatividad. "Aquí decidimos nosotros [los concejales], no los vecinos", dijo en una reunión provocando que la Federación de Asociaciones pidiera su dimisión y PSOE y Compromís su reprobación en el pleno. Algo que no ocurrió porque lo impidió el PP, con el apoyo de Vox. Olano, pese a las numerosas polémicas, sigue siendo una de las manos derechas de Catalá en la labor de gobierno.