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A veces una imagen no vale más que mil palabras y a veces hasta engaña. La imagen de los dirigentes valencianos compitiendo hace unas semanas por ser los más falleros puede inducir a error. Porque este año se dejaron ver por primera vez en la tradicional Ofrenda de las Fallas desde el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la ministra y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant. Ahora bien, tras casi año y medio de legislatura centrada en Valencia por la dana, los últimos movimientos políticos y judiciales han llevado a los partidos a virar su estrategia para dirigir el foco a Alicante, donde tanto la izquierda como la derecha se la juegan en términos electorales.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de dar carpetazo a la petición de la jueza de Catarroja de investigar a Carlos Mazón marca un antes y un después en la política valenciana. La dana lleva condicionando el relato político desde que asolase buena parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. La dimisión de Mazón no sirvió para rebajar del todo la presión sobre el PP, pues a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, la izquierda lo sigue considerando una segunda versión del ex presidente. Algo así como un «Mazón 2.0».
El portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, José Muñoz, llegó a decir que «la gestión de la dana se llevó por delante a Mazón y la gestión del caso Mazón acabará con Pérez Llorca». Pero lo cierto es que el auto del TSJ, que cuestionó incluso que el retraso del ES-Alert causara las 230 muertes, permite a Llorca esquivar de momento la exigencia a Mazón de renunciar al acta de diputado en las Cortes tal y como le exigen la oposición y las principales asociaciones de víctimas de la dana.
La ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, en rueda de prensa.ANTONIO HEREDIA
Otra cosa será la batalla por la confección de las listas electorales en 2027. Si no hay sorpresas, Mazón -que se mantiene en un discreto segundo plano y evita coincidir con Llorca en el parlamento autonómico para ahorrarle la foto- mantendrá hasta entonces el aforamiento que ha impedido a la jueza citarlo como investigado.
Al margen de la gran batalla de Valencia que se librará con la vuelta de Mónica Oltra, el giro judicial respecto a la dana coincide prácticamente en el tiempo con el desvío de buena parte de la atención a Alicante, convertido ya en este tramo final de legislatura en el nuevo polvorín político. Al escándalo por la sospechosa adjudicación de las viviendas de protección pública de la urbanización Les Naus, en la Playa de San Juan, ha seguido la detención de uno de los empresarios alicantinos más influyentes: el presidente de la Cámara de Comercio (y amigo íntimo de Mazón, con el que comparte abogado), Carlos Baño, por presunta corrupción en la gestión de subvenciones para el bono comercio.
Según el PSOE de Alicante, la imagen de la provincia no ha salido indemne. Los socialistas achacan el «grave deterioro reputacional» de Alicante al PP, en un intento de resucitar la estrategia que llevó al PSOE de Ximo Puig a arrebatarle la Generalitat a los populares en 2015. Según los socialistas, Alicante es ya la «zona cero de los escándalos del PP». «Aquí tenemos una oportunidad», aseguran en la federación que dirige Diana Morant.
No hay que pasar por alto que el PP tiene en Alicante uno de sus principales feudos. De ahí el intento ahora de la izquierda de aprovechar la coyuntura para tratar de asaltar un fortín electoral que se le suele resistir, por culpa de batallas como la lingüística o la del agua. El sur de Alicante, por ejemplo, es reacio a la introducción del valenciano en la escuela por la que abogan tanto PSOE como Compromís y clama por el trasvase Tajo-Segura que el Gobierno de Pedro Sánchez recortó.
Fuentes populares, que han evitado mojarse en el caso Baño e inciden en que fue la normativa del anterior gobierno autonómico de izquierdas la que propició el «pelotazo» de Les Naus, aseguran que el partido «sigue fuerte» en Alicante. Los sondeos internos confirman que el PP ha remontado el batacazo que pronosticaban tras la dana, lo que implica mantener una mayoría holgada de la derecha en las Cortes (35 diputados para el PP y 20 para un Vox crecido en un hemiciclo con 99 escaños). Las polémicas que han salpicado a Alicante, insisten estas fuentes, no hacen peligrar el feudo popular al que miran especialmente los socialistas.
El PP sigue descontando su victoria en una provincia donde supera la media de voto autonómico. Si en las elecciones de 2023 el partido de Mazón ganó con el 36,20% de los votos, en Alicante cosechó cuatro de cada diez votos (el 39,79%). 15 de los 40 escaños que tiene ahora en las Cortes Valencianas lo son por Alicante, provincia que, además, vio nacer y crecer políticamente al presidente Llorca (y a Mazón).
De ahí la importancia electoral de una provincia que el PSOE pretende convertir en arma arrojadiza contra el PP. Como ya hicieron con la dana, los socialistas se han personado como acusación popular en la causa judicial de las viviendas protegidas y lo harán en la de los bonos comercio, al tiempo que en las Cortes han exigido al Consell que suspenda las subvenciones a la Cámara de Alicante mientras su presidente siga investigado (aunque por su papel al frente de la Federación Alicantina de Comercio). Por algo Morant ya abrió el presente curso político en la comarca alicantina de la Vega Baja y proyecta en Alicante una gran conferencia política.
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