La Ciudad de las Artes y las Ciencias pide al juzgado que aclare si, tras la sentencia por el ruido, puede acoger eventos musicales con más controles. La alcaldesa pide redistribuirlos en otros puntos de la ciudad, aunque los vecinos están ya en alerta
Actuación en uno de las pasadas ediciones del Festival de Les Arts.
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La sentencia judicial con la que los vecinos del entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias ganaron la batalla al "ruido insoportable" que generan los eventos musicales que se organizan en el complejo ha dado paso a un debate sobre la vida cultural de Valencia. ¿Puede quedarse la tercera capital de España sin un espacio emblemático donde acoger conciertos y festivales al aire libre? La respuesta es distinta dependiendo del prisma desde el que se aborde.
El lago de la Ciudad de las Artes, gestionada por la empresa pública de la Generalitat Cacsa, se ha convertido en un lugar icónico y acumula eventos, especialmente en primavera y verano. El Festival de Les Arts, que lleva más de una década celebrándose allí, o el Big Sound son algunos de ellos a los que se suman conciertos remember de música de los 80 y los 90 y ciclos que se programan en ese escenario, como el reciente FAR València, que acoge conciertos durante el mes de julio. A eso se suma la discoteca en la terraza del Umbracle.
La saturación que sufren los vecinos por el ruido les llevó a los tribunales y ganaron, porque el juzgado entendió que se "ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad familiar e integridad personal" al tener que aguantar "ruidos insoportables y no tolerables para el ámbito privado de las viviendas". La sentencia se dirige al Ayuntamiento, y le insta a suspender la licencia otorgada para estas celebraciones o a reubicarlas, además de indemnizar a cada vecino demandante, pero el consistorio rápidamente miró a la Generalitat, propietaria y gestora del espacio.
Cacsa no acatará el fallo sin tratar de mantener vivo el espacio. Ha presentado un incidente de ejecución en el que comunica al juzgado que está dispuesta a adoptar una serie de medidas para poder mantener los festivales de música, garantizando que no se vulnera la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.
Eso pasa por que cada promotor presente un plan de actuación en sede judicial, de forma previa al evento, donde garantice que los medios técnicos y tecnológicos que utilice no vulnerarán la ordenanza de ruido. Además, deberán firmar una declaración responsable en la que se comprometen a cumplir la ordenanza acústica. La intención es seguir manteniendo eventos, aunque sea bajo control.
Mientras Cacsa pelea por no perder los festivales, porque algunos promotores ya han cambiado de espacio, el Ayuntamiento espera, vigilante, al lado de los vecinos. La alcaldesa María José Catalá aseguró desde el primer día que exigiría el cumplimiento de la ordenanza de ruido, pero no tiene poder para acabar con los conciertos y festivales en ese espacio. Su gesto ha sido trasladar el Village de los Gay Games al estadio Ciutat de València, en el barrio de Orriols.
Su apuesta es "redistribuir" eventos musicales "de forma equilibrada" por distintos puntos de la capital para no "descargarlos todos sobre los mismos vecinos". "¿La ciudad tiene que tener eventos? Evidentemente. ¿No podemos descargar todos los eventos sobre los mismos vecinos? Evidentemente. ¿Toda la actividad se va a ir necesariamente a otro lugar? No, se va a redistribuir para que todo el mundo tenga derecho al descanso", advirtió este viernes. Pocas horas antes había recordado que ninguna capital acoge festivales en su núcleo urbano, sino que apuestan por recintos a las afueras donde las molestias acústicas serían menores.
En Valencia, se apunta a la Marina Norte y la Marina Sur, dos espacios donde ya se han celebrado ciclos de conciertos y están más apartados de núcleos residenciales. Si Orriols ya pidió respeto al trasladar allí los Gay Games, al entender su colectivo vecinal que tienen el mismo derecho al descanso que los vecinos de la Ciudad de las Artes, ahora es la asociación vecinal de El Cabanyal-Canyamelar y la Asociación de Hosteleros del Paseo Neptuno quienes claman por el traslado a la Marina Norte sin un estudio de impacto y rechazan el uso de solares junto a la playa "para explotación de empresas en eventos ruidosos y de borrachera".
Mientras, el Festival de Les Arts y el Big Sound, los primeros grandes que llegarán a principios de junio, siguen con su calendario sin anunciar ninguna modificación y las asociaciones de promotores musicales (Promfest, MúsicaProCV, PROFest y Fotur) recuerdan que dejan dos millones de euros a Cacsa y un impacto económico en la ciudad de 40 millones generado por las 80.000 entradas que venden. Añaden, además, que esta indefinición va contra la marca proyectada por el ayuntamiento como Valencia Music City , así como el modelo de turismo musical y de festivales que la Generalitat viene presentando como una referencia en España.