La Sala argumenta que José María Ángel pidió la prórroga del servicio activo en la Diputación de Valencia en 2023 y 2024, por lo que el delito de falsedad documental no estaría prescrito
José María Ángel junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo.
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La Audiencia de Valencia ha ordenado investigar al ex comisionado del Gobierno para la dana José María Ángel por la falsificación de su título universitario. En un auto notificado este miércoles, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial corrige así al juez de instrucción, que había dictado el sobreseimiento de la causa por considerar que los hechos estaban prescritos desde hacía al menos 30 años.
Sin embargo, la Audiencia estima ahora varios recursos -de Manos Limpias y la Diputación de Valencia, y de forma parcial, el del Ministerio Fiscal- contra el archivo de la causa contra el histórico dirigente del socialismo valenciano. Ángel, de hecho, fue aupado por Diana Morant a la Presidencia del PSPV-PSOE, cargo del que fue apartado tras saltar el escándalo.
La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia por falsedad documental que acusaba a Ángel de falsificar presuntamente su título para promocionar como funcionario en la Diputación de Valencia. Con la estimación de los recursos, la Audiencia ordena el inicio de la instrucción contra José María Ángel, que dimitió en julio del año pasado como comisionado del Gobierno y unos días después trascendió su intento de suicidio.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia desestimó los recursos de reforma presentados contra el sobreseimiento de la causa abierta al ex comisionado del Gobierno al considerar que estaba prescrito el presunto delito de falsedad documental derivado de la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía.
Sin embargo, la Audiencia señala en su auto que, según la información remitida por la Diputación, Ángel habría solicitado sendas prórrogas en el servicio activo en los últimos años, los dos últimos en 2023 y 2024. Según la Audiencia, la jurisprudencia pone de manifiesto que cada vez que el funcionario pide prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto. Dicho con otras palabras, debe esgrimir de forma expresa o por remisión, expresa o tácita, los títulos que le amparan.
"La exigencia es tan evidente que, de formular la petición excusándose de la titulación, la respuesta habrá de ser negativa por no ser apto para el destino en función de los requisitos normativos exigidos al efecto", advierte el auto. Por ello, y no siendo descartable que el denunciado haya hecho valer su título falso en demostración del cumplimiento de su preparación, de su condición de apto para acceder a las prórrogas en el servicio activo, "no se dispone de la necesaria claridad de hechos" para ceñir el cómputo de la prescripción al momento de su presentación en los años 80.