En el marco de los 12 conciertos que promete ofrecer Bad Bunny en España, la organización Amnistía Internacional se inspira en algunas de sus frases más icónicas para denunciar la crisis de vivienda que enfrenta el país y, en el proceso, presentar un informe con ocho alternativas para que el Gobierno resuelva o, al menos, se aproxime a una solución del problema.

"Son ocho medidas concretas, muchas de las cuales ya están en el Congreso, otras de las cuales ya han sido aprobadas por comunidades autónomas y se pueden implementar ya", apuntó el dircetor del Instituto Nacional en España, Estebán Beltrán, durante una conferencia de prensa frente al Congreso de Diputados, dada hoy, jueves.

Ante el panorama actual, que supone una escasa oferta de vivienda, desalojos constantes y un severo déficit en la protección jurídica de la vivienda como derecho humano, la organización ha lanzado un informe hoy para, entre otras cosas, denucniar que el Gobierno no han implementado las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por España y, aunque la Ley de Vivienda de 2023 fue un primer paso importante, el desarrollo legislativo posterior ha resultado insuficiente.

"No hay una vulneración más grave de derechos humanos, ni por la extensión del tiempo ni por el número de personas afectadas, que la vivienda en España. No hay nada más grave", informó Estebán Beltrán.

Para atender la crisis, el organismo activista y defensor de los derechos humanos lanzó, esta mañana, en la puerta del Congreso la campaña "Es más fácil entrar en la casita de Benito que conseguir una vivienda digna" para exponer las medidas políticas que la Administración actual ha elaborado y propuesto hasta el momento en materia de vivienda, precisamente, cuando se cumple el tercer aniversario de la entrada en vigor de la ley de vivienda.

Con otras frases, propias de algunas de las canciones del exponente urbano, como "Tití me preguntó cuando podrá permitirse un alquiler", la entidad criticó la cruda realidad de los españoles que no tienen acceso a la compra y/o alquiler de una vivienda debido a una crisis de asequibilidad de los precios, los cuales se han duplicado en 10 años sin un igual crecimiento salarial.

"En España, los jóvenes logran emanciparse con una vivienda propia a partir de los 30 años. En la Unión Europea a partir de los 24", denunció el director.

Según la organización, se han disparado los alquileres de temporada (un 232% entre 2019 y 2024, suponiendo el 13% de la oferta total) y turísticos (suponiendo el 10%), existiendo además un gran retraso emancipatorio, superior a los 30 años frente a los 26 de la UE. Asimismo, el país enfrenta un escaso parque de vivienda social que tan solo cubre 1,71% (318.000) frente a la media del 9% de la UE, e incluso, considerando la cifra de alquiler asequible en sentido amplio, solo alcanza el 3,5%.

"Si bien el parque de vivienda social se ha incrementado en los últimos años, un 10 % respecto a 2020, el mismo ha pasado de 290.000 viviendas en 2020 a 318.000 en 2026. La evolución es muy lenta y sigue estando muy alejado de la media", sustenta el informe.

A estas barreras se suma la discriminación residencial, ya que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica subraya que la situación en la que más personas sienten discriminación es en el ámbito de la vivienda, con un 27,5%. Ante estas desafortunadas cifras, Amnistía Internacional, entre sus recomendaciones, insiste en un aumento de financiación.

Asimismo, de cara a otras repercusiones de la crisis como que la inversión pública de vivienda representa el 0,5% del PIB frente al 1,2% de la media de la UE, el organismo solicita y sugiere la firma de los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cuenta con una dotación de 7.000 millones de euro, para obtener una financiación "lo más rápido posible". Para ampliar el parque social, y vencer la crisis, urgen aplicar fórmulas más ágiles que prioricen la adquisición de viviendas ya existentes mediante el uso del tanteo y retracto y primando la compra en zonas tensionadas, según la organización.

Por otro lado, sugieren relanzar y aprobar un nuevo Real Decreto Ley que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y estipule una limitación temporal a la subida interanual de los contratos.

Según el informe, la falta de convalidación en el Congreso de las medidas que estipulaban la prórroga en la suspensión de los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad puede incidir en que no reduzcan. "En 2025 se redujeron los desalojos por motivo de impago de alquiler respecto a 2024 un 11%. Resulta complejo realizar una valoración de las causas, pero la moratoria puede haber contribuido", añade el informe. En el pasado, hubo 600.000 desalojos de 2013 a 2025, indica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y más de un millón desde 2008, informa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Segun el portavoz, "a estos desalojos hay que añadir los invisibles. Son aquellos supuestos en los que la gente se ve obligada a abandonar sus viviendas porque les suben el precio de alquiler y no lo pueden pagar o por decisiones de la propiedad".

Por tal razón, exigen incrementar las ayudas de emergencia para vivienda y, prioritariamente, otorgarlas a personas en procesos de desalojo para impedirlos. "Ahora mismo hay 70.000 familias en riesgo de desalojo inmediato, si no se toman medidas que están ahora mismo en el Congreso", informó Beltrán.

Por tanto, Amnistia Internacional también lanza una advertencia directa al poder judicial: asegurar que los desalojos no den lugar a sinhogarismo, garatizando las ayudas públicas que permitan conservar la vivienda actual o acceder a otra.

Además, exhortan a la inclusión de los contratos de alquiler de habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos frente a la gran desprotección de los derechos de las personas inquilinas. Quienes cuentan con contratos de habitación están entre los más desprotegidos al quedar excluidos de esta Ley, una modalidad que aumentó un 22% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período anterior.

Para hacer frente a esta vulnerabilidad, el organismo considera indispensable tramitar de forma ágil la propuesta de ley que se encuentra paralizada en el Congreso. La medida está orientada a regular y endurecer las condiciones de los alquileres temporales y de habitaciones.

"Por eso hoy estamos frente al Congreso porque es más fácil entrar en la casa de del Ministerio de Vivienda que conseguir una vivienda digna en España", apuntó el director.

En el escenario de una España cada vez más saturada, la campaña de Amnistía Internacional utiliza el eco mediático del artista urbano para transmitir su denuncia: garantizar que la vivienda sea asequible no es una mera opción política, sino una obligación jurídica del Estado. A su vez, buscan resaltar que la crisis sea visto en el marco financiero pero tambíen bajo los estandares de un derecho humano fundamental según los estándares de Europa.