Los perceptores de la CUME, expectantes tras la reunión con Seguridad Social: "La intención es buena, pero la redacción es pésima"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.EFE
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Sabor agridulce entre los representantes de las 18.000 familias que han visto peligrar la ayuda que perciben de la Seguridad Social para cubrir el porcentaje de jornada laboral que se tienen que reducir para poder cuidar de sus hijos enfermos graves. Tras la reunión mantenida ayer con Elma Saiz, la ministra rectificó algunos de los puntos más polémicos del borrador de la reforma que, para los afectados, suponían un "recorte encubierto". Sin embargo, los perceptores de la CUME no se fían del Ministerio y avanzan a EL MUNDO que seguirán vigilantes a la letra pequeña del texto legislativo que el Gobierno pretende aprobar a la vuelta del verano.
"Salimos expectantes, pero nada más", lamentaban desde una de las asociaciones que participaron este miércoles en la reunión con Saiz y su secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez. Pese a que en declaraciones a los medios de comunicación y en una nota de prensa posterior el Ministerio garantizó haber escuchado a las familias y haber incorporado al proyecto de real decreto las principales demandas de las asociaciones, sus representantes asumían, con cierto tono de resignación, que "en la situación tan vulnerable" en la que se encuentran no les queda otra que agarrarse "a un clavo ardiendo".
"No nos fiamos", insistían a última hora del miércoles desde el flanco de los afectados. La también portavoz del Gobierno aseguró ante la prensa que el ministerio ha recogido "el sentir de las familias" y se han "clarificado" algunos puntos para "mejorar en seguridad jurídica, que las familias no tengan cargas administrativas adicionales y mejorar la prestación". "En ningún momento vamos a dar un paso atrás y ni va a suponer ningún tipo de recorte", se comprometía la ministra Saiz. Pero en las asociaciones Asfacume y 'CUME nos une' cunde la desconfianza.
En concreto, desde el Ministerio de Inclusión detallaron que el borrador del reglamento incorpora ahora "nuevos supuestos protegidos y mantiene una cláusula abierta que permitirá a los facultativos determinar, mediante la correspondiente declaración médica, cuándo existe una necesidad acreditada de cuidado directo, continuo y permanente". Ese era, precisamente, el principal punto de fricción con el anterior borrador, ya que las familias denunciaban que no se atendía a las necesidades de cuidados directos, continuos y permanentes, sino que se circunscribía la prestación a los cuidados "clínicos" y "médicos". De ahí su miedo a perder las ayudas, que llevó a las asociaciones de familias afectadas a movilizarse en una intensa campaña y a recoger miles de firmas contra lo que consideraban un "recorte encubierto" por parte del Gobierno.
Fuentes presentes en la reunión revelan a este medio que, durante el encuentro, la ministra llegó incluso a mostrarse "dolida" por el impacto que ha tenido esa campaña. Y que finalmente ha llevado al Ejecutivo a rectificar. Si bien las fuentes consultadas en las asociaciones de familias insisten en que llevan un año y medio intentando transmitir su situación al Ministerio y hasta ahora no se les ha entendido, ya que el borrador del real decreto no refleja sus necesidades. "La intención es buena, pero la redacción es pésima. Quien lo ha escrito no nos termina de entender", denuncian los afectados.
Por eso ahora desconfían de esta promesa de rectificación. La ministra Saiz avanzó que la reforma verá la luz después del verano, una vez haya finalizado todos los trámites preceptivos, incluido el informe del Consejo de Estado. Pero desde las asociaciones ya avanzan que estarán "vigilantes". "Es muy difícil confiar en este Ministerio, tenemos un ojo abierto y otro cerrado", inciden. En este sentido, ya adelantan que en septiembre volverán a pedir una nueva reunión con la ministra de Seguridad Social para "estar encima" de la letra pequeña del texto legislativo. "Cargaremos las pilas en verano y después pediremos toda la información", avisan.
"El Ministerio incorporará ajustes al texto inicial a partir de las aportaciones realizadas por las asociaciones durante el proceso de audiencia pública. Un diálogo que se mantendrá especialmente en materias relacionadas con las prácticas formativas y el seguimiento facultativo", afirmaban ayer desde Inclusión al término de la reunión. "Queremos contemplar más situaciones que hasta ahora no estaban recogidas y ofrecer mayor seguridad a las familias beneficiarias de esta prestación", afirmaba Saiz. "Estaremos encima", replican con insistencia desde las asociaciones.