Actualizado Miércoles, 10 junio 2026 - 08:23

La previsión social no termina de despegar en España. Y el atasco de los planes de jubilación privados amenaza con agrandar aún más la brecha entre salario y pensión en el futuro. Solo una de cada cuatro empresas los ofrece a sus empleados y esa proporción se ha mantenido prácticamente estancada en la última década, a pesar de los cambios introducidos por el Gobierno en los años más recientes para cambiar el peso del ahorro y potenciar los planes de pensiones vinculados al empleo frente a los individuales.

España necesita desarrollar de forma urgente el ahorro complementario empresarial e individual si quiere mantener el nivel de vida de los futuros jubilados. Es la alarmante conclusión a la que llega el último informe "Situación de las pensiones en España" de KPMG Abogados, que advierte de que "el sistema público de pensiones ofrece hoy una elevada tasa de sustitución (el porcentaje que representa la pensión de jubilación respecto al último salario percibido), pero su viabilidad futura está estructuralmente comprometida".

La firma alerta del "rápido deterioro" de los equilibrios financieros del sistema por el envejecimiento poblacional, el incremento sostenido del gasto en pensiones y un déficit contributivo persistente, financiado crecientemente vía transferencias del Estado y endeudamiento. Y afirma que las medidas puestas en marcha hasta la fecha para apuntalar los ingresos, como el MEI o la cuota de solidaridad, "no compensan el impacto agregado de la indexación al IPC, la mayor esperanza de vida y la entrada de nuevas cohortes con pensiones iniciales más elevadas". Por lo que "la sostenibilidad del sistema seguirá requiriendo ajustes adicionales, previsiblemente tanto por la vía de ingresos como de parámetros de prestación".

Lanzadas estas advertencias sobre la sostenibilidad del sistema público de las pensiones, el informe recoge que "a pesar de los avances recientes, solo el 27% de las empresas dispone de algún sistema de previsión social para sus empleados, con una implantación muy desigual por sectores". Y en este contexto, avisa de que "España continúa muy alejada de los estándares europeos de cobertura del segundo pilar, lo que anticipa una brecha creciente entre salario y pensión futura para una parte relevante de la población activa".

"La previsión social empresarial deja de ser una opción y se consolida como una necesidad estructural", se reafirman en la novena edición del informe elaborado por KPMG Abogados. Según sus datos, recogidos en una encuesta a 80 empresas pero con una base de datos agregada de 582 compañías, el sector financiero, el energético, y el químico y farmacéutico destacan como los principales en la puesta en marcha de sistemas de jubilación colectiva al contar en un 61,8%, un 43,3% y un 36,7%, respectivamente, con este tipo de planes. Por el contrario, los sectores con menor desarrollo en la adopción de planes de previsión son el de transporte y logística e industria, con unos tímidos porcentajes del 16,6% y 16,8%, respectivamente.

De acuerdo con la IV Encuesta Paneuropea de Pensiones, aproximadamente un 15% de la población ocupada en España está cubierta por planes de pensiones de empleo, frente al 28% de media de los países europeos. Esto significa que una parte importante de la población activa en España depende principalmente de las pensiones públicas y de ahorro individual para su jubilación. Un escenario que para los expertos de la firma de consultoría pone de manifiesto "que los incentivos actuales para fomentar la participación de empresas y empleados en planes de previsión complementaria no son suficientes, por lo que sería necesaria la implementación de medidas más efectivas para mejorar los ingresos de jubilación, ampliar la cobertura de la población y aliviar la presión sobre el sistema público".

Hay que recordar que en el año 2020, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realizó un estudio sobre beneficios fiscales el que analizó el incentivo fiscal a los planes individuales de pensiones. Concluyó que no conseguía el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo y propuso una reformulación completa del mismo. Más adelante, en 2022, la ley de incentivos a los Planes de Pensiones de Empleo modificó los límites de aportación e introdujo reducciones en las cuotas a la Seguridad Social y deducciones en el Impuesto de Sociedades, entre otros incentivos. Sin embargo, el patrimonio de los planes de empleo continúa muy por debajo del sistema individual, que sigue siendo mayoritario (unos 39.000 millones de euros, frente a más de 92.000 millones). El texto previó una nueva evaluación de su eficacia por parte del organismo fiscalizador, que tiene previsto entregar sus resultados al Gobierno antes de que finalice este primer semestre.

Los sindicatos, por su parte, han movido ficha en Europa. Recientemente, la secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, ha mantenido una reunión con representantes de los ministerios económicos de Irlanda, país que asumirá próximamente la Presidencia del Consejo de la UE, para abordar la reforma de las pensiones complementarias que tiene como medida estrella que los países puedan incluir en sus sistemas nacionales la afiliación automática a planes de empleo. Barrera destacó que cualquier reforma "debe garantizar una jubilación digna, segura y con ingresos adecuados para toda la ciudadanía europea" y subrayó que las pensiones complementarias "no pueden utilizarse para debilitar los sistemas públicos".

Con todo, en KPMG advierten de que "en un escenario en el que el sistema público de pensiones no podrá garantizar por sí solo niveles adecuados y estables de renta en la jubilación, la previsión social empresarial se configura como un elemento estructural de la estrategia retributiva y de personas de las compañías". Por eso, la firma considera que "quellas organizaciones que actúen de forma anticipada, con diseños eficientes, bien comunicados y sostenibles en coste, estarán mejor posicionadas para afrontar el reto demográfico y reforzar su competitividad a largo plazo".