Actualizado Domingo, 3 mayo 2026 - 10:14

España cerró 2025 con un déficit público del 2,4% del PIB, el más bajo en casi dos décadas. Es una buena noticia, y no menor en el actual contexto europeo. No solo consolida la corrección iniciada tras la pandemia, sino que refuerza la credibilidad fiscal del país ante los mercados. Esa confianza se refleja en la prima de riesgo de la deuda española, que continúa reduciéndose hasta el entorno de los 45 puntos básicos y se sitúa claramente por debajo de la de Francia (65 p.b.) e Italia (80 p.b.). A corto plazo, por tanto, la sostenibilidad de las cuentas públicas no está en cuestión.

Ahora bien, una valoración adecuada de la mejora exige distinguir entre componentes cíclicos y estructurales. Para ello, conviene comparar el desempeño fiscal de 2025 con años en los que la economía española transitaba por una posición cíclica similar, como en el 2000 o en el bienio 2017-2018, según estimaciones recientes de output gap. Además, para entender la verdadera inercia de las cuentas públicas no basta con observar el nivel agregado de ingresos y gastos; exige analizar su composición e implicaciones a medio y largo plazo. La cuestión no es solo cuánto mejora el déficit, sino de dónde viene la mejora y qué supone para el crecimiento futuro.

Al comparar el año 2000 con el bienio 2017-2018, los ingresos públicos se mantuvieron estables en torno al 38% del PIB, mientras que el gasto aumentó en torno a 1,5 puntos, deteriorando el saldo estructural. Más relevante aún fue su composición: la inversión pública se redujo en unos 2 puntos de PIB, mientras que las prestaciones aumentaron en 3,5 puntos. Detrás de este desplazamiento se encuentran dos factores bien conocidos: el aumento estructural del desempleo tras las crisis financieras, que se tradujo en un millón más de desempleados, y el envejecimiento de la población, que generó un millón más de pensionistas en ese periodo.

Frente a la anterior estabilidad en la recaudación, la etapa reciente muestra un crecimiento estructural de los ingresos de alrededor de 4 puntos de PIB. Ello se explica, en gran medida, por las cotizaciones sociales y la imposición directa a las personas físicas (IRPF). Las primeras han crecido tanto por los niveles récord de afiliación como por los cambios en el sistema de pensiones y el aumento del salario mínimo, que ha elevado las bases mínimas de cotización. En el caso del IRPF, la recaudación se ha visto impulsada por la creación de empleo y por la no deflactación de los tramos impositivos tras el shock energético y la crisis inflacionista. Sin embargo, este aumento de ingresos no se ha traducido en una mejora equivalente del déficit estructural. En la práctica, ha servido para financiar un incremento casi paralelo del gasto público. Lo comido por lo servido. La inversión pública ha recuperado algo de peso respecto a 2018, pero sigue lejos de los niveles de principios de siglo. Mientras tanto, el gasto corriente ha vuelto a crecer, impulsado de nuevo por desempleo y pensiones.

El resultado es un patrón presupuestario consolidado: desde el 2000, el gasto por beneficiario -ya sea desempleado o pensionista- ha crecido en torno al 20%, mientras que la inversión pública apenas llega a cubrir la depreciación del capital público existente. Ese sesgo no es accidental. Responde a preferencias sociales ampliamente compartidas y ha sido, en la práctica, respaldado por los principales partidos políticos.

Aunque democráticamente sea impecable, este patrón presupuestario no es económicamente inocuo: España está consolidando sus cuentas públicas, sí, pero sobre una base que no maximiza el crecimiento a medio y largo plazo. Por ahora, esta limitación queda parcialmente oculta por la intensa llegada de población inmigrante que está impulsando el crecimiento a través del margen extensivo: más empleo, más horas trabajadas. Mientras las mejoras de productividad no se manifiesten, este impulso es un motor eficaz en el corto plazo, pero difícilmente sostenible como base del crecimiento futuro. A medida que este viento de cola se modere -algo previsible-, el crecimiento dependerá cada vez más del margen intensivo, es decir, de la productividad.

Un patrón presupuestario cada vez más apoyado en las figuras impositivas más distorsionantes como las cotizaciones y los impuestos directos, así como un gasto público con escaso sesgo inversor y orientado hacia las partidas con menor efecto multiplicador, limitan los incentivos para mejorar la productividad. El riesgo no es inmediato, pero sí acumulativo. Conviene recordar que la sostenibilidad fiscal no solo depende del déficit primario o la credibilidad fiscal del Gobierno, sino también del propio crecimiento económico. Un menor crecimiento potencial limita el futuro margen fiscal y aumenta la vulnerabilidad frente a potenciales shocks.

La conclusión es clara. España no encara hoy un problema inmediato de sostenibilidad fiscal, pero sí un riesgo latente si no mejora la calidad de su ajuste. La verdadera prueba llegará cuando desaparezcan los factores que hoy impulsan el crecimiento. Entonces, la sostenibilidad fiscal dependerá menos de la capacidad recaudatoria y más de la productividad.

Ese es el verdadero desafío de la política presupuestaria: no solo estabilizar las cuentas públicas, sino hacerlo impulsando el crecimiento futuro. España ha avanzado en lo primero. Sigue teniendo pendiente lo segundo.

*Víctor Ausín Rodríguez es técnico comercial y economista del Estado y profesor del IE.