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La Unión Europea está al borde de una confrontación comercial en toda regla con China. Lo que Bruselas denomina «China Shock 2.0» —la avalancha de exportaciones subvencionadas de vehículos eléctricos, paneles solares, baterías, acero y productos químicos— ya no es un riesgo teórico. Es una realidad.
Tras la reunión a puerta cerrada del Colegio de Comisionados sobre China celebrada el 29 de mayo, una cosa está clara: la amenaza de represalias chinas no disuadirá al ejecutivo de actuar.
La UE se está armando con un nuevo arsenal de instrumentos comerciales autónomos. La pieza central es el llamado «instrumento de sobrecapacidad», una salvaguardia intersectorial diseñada para restringir el acceso de China a los mercados de la UE cuando la sobrecapacidad industrial de Pekín amenaza sectores estratégicos europeos. Este instrumento se sumaría al Instrumento Anticoerción (IAC), que la Comisión ha aprobado pero que aún debe ser sometido a la aprobación del Consejo, y a normas más estrictas de ciberseguridad que podrían limitar aún más a los proveedores chinos en infraestructuras digitales críticas.
Estas herramientas no son caprichos proteccionistas; responden a una realidad estructural. El modelo estatal chino ha generado un exceso de capacidad crónico que ahora se exporta a precios que los productores europeos no pueden igualar. El déficit comercial de bienes de la UE con China, que alcanzó niveles récord el año pasado, es un indicador relevante de lo que está sucediendo, pero existen otros aún mejores. En concreto, China ha estado aumentando su cuota de exportación global, superando a la UE tras la pandemia de COVID-19. Esa diferencia entre ambas persiste sin cambios.
Ante la respuesta más severa de Europa a las prácticas comerciales de China , Pekín optó por tomar represalias en lugar de negociar. El 7 de abril se promulgó el Reglamento sobre Seguridad Industrial y de la Cadena de Suministro. Dicho reglamento establece un mecanismo formal para identificar medidas extranjeras discriminatorias y autoriza contramedidas, incluidas investigaciones sobre interrupciones en la cadena de suministro.
Los medios estatales chinos ya han dado a entender que la herramienta de la UE para detectar el exceso de capacidad podría desencadenar precisamente este tipo de investigaciones. Se están desempolvando una vez más las normas sobre datos transfronterizos, lo que añade una nueva capa de presión sobre las empresas europeas que operan en China. En resumen, el plan de represalias de Pekín ya no es hipotético; ya se está plasmando en la ley.
La Comisión parece imperturbable. Altos funcionarios han concluido que la actual relación comercial «no es sostenible» y que las medidas defensivas son esenciales para preservar la base industrial europea. Sin embargo, la realidad política en el Consejo cuenta una historia diferente.
Un comunicado informal difundido hace apenas unas semanas por Francia, Italia, España, los Países Bajos y Lituania solicitaba aranceles más rápidos, mayores garantías y el nuevo instrumento de resiliencia. Desde entonces, España se ha distanciado de esta postura, y su ministro de Economía ha manifestado su reticencia a intensificar la tensión. Alemania, siempre atenta a sus intereses exportadores, mantiene la cautela. Estas divergencias son comprensibles —China sigue siendo un mercado vital para muchas empresas europeas—, pero corren el riesgo de paralizar la toma de decisiones de la UE en el peor momento posible.
La magnitud del desafío exige más que una acción unilateral de la UE. El exceso de capacidad de China no es un problema bilateral, sino global. El mismo auge de las exportaciones de tecnología verde a bajo precio que amenaza a los fabricantes europeos también está desestabilizando los mercados de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y las economías emergentes. Las respuestas descoordinadas conllevan el riesgo de un sistema comercial fragmentado en el que China aplique la estrategia de divide y vencerás, castigando a los críticos más acérrimos y recompensando a los más conciliadores. Europa, al carecer de la escala del mercado único estadounidense o del poder de negociación de materias primas de otros países, estaría particularmente expuesta a represalias selectivas.
Por eso, inclinarse con mayor decisión hacia el G7 tiene mucho sentido. Se espera que la cumbre del G7 del próximo mes en Evian, organizada por Francia, aborde los desequilibrios económicos mundiales y el papel de China en ellos. París lleva tiempo abogando por una postura colectiva más firme hacia Pekín, al tiempo que insiste en la necesidad de "autonomía estratégica".
La presidencia francesa ofrece una oportunidad única para traducir la retórica en coordinación concreta: iniciativas conjuntas para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, el uso coordinado de instrumentos de defensa comercial y un enfoque común respecto a los minerales y tecnologías críticos. Esta coordinación multiplicaría la influencia de la UE sin obligar a ningún Estado miembro a soportar la totalidad de las represalias chinas.
Los críticos argumentarán que la coordinación del G7 huele a contención y corre el riesgo de acelerar la desvinculación. Pero eso es una caricatura, una que ahora parece obsoleta, ya que es evidente que Trump ya no impulsa la desvinculación , al menos no para Estados Unidos. El objetivo no es aislar a China, sino restablecer la competencia leal y reducir las dependencias peligrosas. Europa ha demostrado repetidamente que prefiere la reducción de riesgos a la desvinculación. Un marco del G7 permitiría precisamente eso: medidas calibradas y proporcionadas que indiquen a Pekín que la era de las exportaciones subvencionadas sin control ha terminado, manteniendo abiertos los canales de diálogo.
La alternativa —una respuesta fragmentada de la UE, marcada por divisiones internas y represalias selectivas por parte de China— representa lo peor de ambos mundos. Debilitaría la posición negociadora de Europa, erosionaría la credibilidad de su mercado único y, en última instancia, no lograría abordar las distorsiones estructurales derivadas de China.
La determinación de la Comisión de actuar es bienvenida. Pero la determinación sin cohesión es peligrosa. La presidencia francesa del G7 ofrece la plataforma ideal para una acción coordinada más allá de la UE. El Colegio ha demostrado comprender lo que está en juego. Ahora debe convencer a los Estados miembros —y a sus socios del G7— de que actúen conjuntamente.
*Alicia García Herrero es economista Jefe para Asia Pacífico y Medio Oriente NATIXIS. Senior Research Fellow at Bruegel.
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