El presidente de la patronal acusa al Ministerio de Trabajo de injerencias en la negociación colectiva y en la libertad de organización de las empresas
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, interviene en la Asamblea General 2026 este miércoles en Madrid.EFE
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Por si había alguna duda... Antonio Garmendi ha volado definitivamente todos los puentes que pudieran quedar con el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. En una dura intervención antre los miembros de la Asamblea General de la CEOE, celebrada este miércoles en Madrid, el empresario vasco ha dejado clara su postura de rechazo absoluto a lo que considera "injerencias" de la vicepresidenta segunda del Gobierno en el diálogo social bipartito con los sindicatos y ha culpado a Díaz directamente de torpedear eventuales acuerdos con estas "intromisiones" desde hace ya varios años.
Garamendi ha reivindicado la negociación con las organizaciones sindicales como una "infraestructura silenciosa" que logra llegar a acuerdos en los centros de trabajo a lo largo de los sectores y los territorios, tejiendo una red de convenios colectivos que aportan la necesaria "paz social" y "estabilidad" al país. Sin embargo, ha denunciado que en los últimos años ese espacio "ha sido invadido reiteradamente por la acción del Gobierno y, más concretamente, por el Ministerio de Trabajo".
"Lejos de facilitar los acuerdos en el diálogo social tripartito y dejarnos trabajar en el bipartito, ha monopolizado y condicionado todo espacio de concertación para imponer un ideario político e ideológico", ha afirmado Garamendi ante sus socios de la confederación empresarial. Asimismo, el líder de la CEOE ha acusado a Yolanda Díaz de haber transformado el diálogo a tres bandas en "un espacio para la fotografía, la declaración altisonante e incluso la descalificación" y también para "anuncios legislativos efectistas que han entrado de lleno en el ámbito de la negociación colectiva", un espacio reservado a empresas y sindicatos por mandato constitucional.
A su juicio, esa "infraestrcutura tan envidiada fuera de España" que es el diálogo social " se ha desnaturalizado y no puede dar sus frutos ni aportar a esta sociedad mimbres y acuerdos duraderos para sortear con éxito los retos que nos vienen". En su lugar, ha advertido, "se ha instalado la inseguridad jurídica, la intromisión a los límites de la libertad de organización en el seno de la empresa y la injerencia constante en la negociación colectiva".
Los empresarios, según Garamendi, están "profundamente orgullosos" de haber alcanzado una veintena de acuerdos tripartitos desde el año 2020 (la reforma laboral, la de la Seguridad Social, el teletrabajo o la regulación del empleo en las plataformas, por citar algunos), así como de haber firmado un último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con los sindicatos en 2023. Sin embargo, tal y como ha denunciado, a partir de 2022, cuando expiró la vigilancia exhaustiva de la UE sobre el cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación, fueron sometidos a una "asfixia normativa".
Garamendi ha contabilizado hasta 61 cambios en el Estatuto de los Trabajadores (la norma básica que regula las relaciones laborales en España) entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025. "Todo ello, sin diálogo social y, en ocasiones, sin siquiera una consulta o con consultas meramente formales", ha afirmado. Según ha advertido el líder empresarial, "este tsunami regulatorio ha alterado instituciones claves del derecho laboral" a través de normas "de extraordinaria y urgente necesidad" como los reales decretos o mediante el abuso de los reglamentos, alterando la estructura de la negociación colectiva e incluso "saltándose lo pactado en la reforma laboral".
De su duro discurso contra el Gobierno y contra el Ministerio de Trabajo, en particular, Garamendi ha salvado al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a quien ha agradecido la puesta en marcha de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. A Pedro Sánchez, sin nombrarle, le ha reprochado que no haya presentado Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los últimos tres años, en tiempos "de enorme incertidumbre" en los que se ha instalado una "deriva institucional". "Quienes tienen que tomar decisiones están más pendientes de sus intereses electorales e ideológicos o mirando hacia otro lado", ha recalcado.
En este sentido, el presidente de la patronal ha reclamado unos presupuestos que permitan hacer frente a los retos que encara la economía española y a las necesidades, por ejemplo, en materia de defensa o de vivienda, así como el despliegue total de los fondos europeos. Si bien ha criticado que el Gobierno se haya negado hasta ahora a deflactar el IRPF en un contexto de recaudación récord y ha pedido "encauzar las cuentas públicas" hacia recursos que "realmente aporten soluciones". Y como ejemplo ha puesto el refuerzo del personal sanitario para atajar la crisis del absentismo que ya cuesta 17.000 millones de euros a las empresas y otros 16.000 a la Seguridad Social.