Bajo el paraguas político de la ex vicepresidenta María Jesús Montero, Leire Díez y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández, se dedicaron a intentar decenas de pelotazos en empresas públicas entre 2019 y 2022. Algunos salieron y otros fueron abortados.

EL MUNDO ha podido reconstruir a partir de los testimonios de varios directivos de estas compañías participadas por el Estado el modus operandi de Fernández y Díez. Ambos están imputados por las mordidas con, entre otras plataformas, Servinabar -la compañía de Santos Cerdán y Antxon Alonso- y también por la creación de una cloaca para perseguir a los jueces y guardias que investigaban al entorno del presidente del Gobierno. Los afectados por las presiones de Díez y Fernández en Sepi las describen como "frenéticas".

"Nos intentaban enredar a todos los presidentes de empresas públicas en asuntos raros", señala uno de ellos. Fernández fue designado por María Jesús Montero como presidente de la Sociedad estatal en 2018 y cesado un año después -se presentó como dimisión- por su implicación en una investigación en Aznalcollar.

Montero se negó a nombrar un sucesor porque, según ella, era cuestión de semanas que se archivara la causa de Fernández. Paralelamente, Leire Díez inició una operación para tratar de restituir a su cómplice en el cargo, según consta en sus agendas. "¿Dónde puede seguir Vicente para seguir tutelando la Sepi si tenemos claro que es quien reúne mejores condiciones para ello?", se pregunta. No era un tema de competencias, sino de negocio. Además de ellos dos, contaban, según la UCO, con Antxon Alonso en el llamado grupo Hirurok -nosotros tres- y, más en la sombra, el propio dirigente socialista Santos Cerdán.

"El presidente oficial era Bartolomé Lora, pero mandaba Vicente", afirma un directivo de una compañía estatal. "Aunque se supone que no presidía la Sepi, nos contaba qué decretos se iban a aprobar, porque decía que tenía mucha información de Hacienda y los ministerios", revela otro.

En el periodo de interinaje en el que Montero le preservó el puesto, el ahora imputado ejerció como presidente in pectore y Díez como su jefa de gabinete en la sombra. "Había que llamarla a ella para hablar con él y ellos llamaban continuamente". A la pregunta de por qué se le cogía el teléfono, dos presidentes de empresas públicas apuntan al amparo de la vicepresidenta: "Todos sabíamos que María Jesús había dado la orden de guardarle el puesto y lo iba a poner otra vez, nadie quería enfrentarse, pero intentábamos evitarlo y nos avisábamos entre nosotros". "Yo desde luego le cogía el teléfono, porque podía volver pronto a ser el jefe formalmente de nuevo", confiesa otro alto cargo de la época en la sociedad estatal. El propio Lora admitió recientemente en el Senado que seguía hablando con él y le consultaba operaciones.

El actual presidente de Tragsa, Jesús Casas, fue uno de los tentados por Fernández "hace cuatro años". La intervención de Fernández se produjo después de que Casas recibiera un encargo de la Diputación del Almería, gobernada por el PP, para cambiar la gestión de una planta de residuos urbanos. El trabajo consistía en elaborar un peritaje de la infraestructura y un nuevo pliego de condiciones para que se adjudicara a otra compañía.

"Vicente nos llamó para que no aceptáramos el encargo, pero no sabemos qué empresa había detrás de él", señalan fuentes de Tragsa. El ex dirigente de confianza de María Jesús Montero había fundado un chiringuito llamado Mediaciones Martínez, a través del que supuestamente canalizaba las mordidas desde las empresas públicas para sí mismos y para Servinabar. "Nosotros administramos dinero de los impuestos de los ciudadanos y somos pulcros en los procedimientos. No le hicimos caso", aseguran en esta empresa estatal. Fuentes de otras empresas públicas aseguran que las llamadas de Fernández no eran infrecuentes. "Él se interesaba por todo y creaba situaciones muy incómodas. Nos fuimos apartando como pudimos de aquella situación", afirman.

Directivos de Sepi sitúan el fin de la influencia de Fernández con el nombramiento de Belén Gualda, actual presidenta. Sin embargo, otras fuentes consultadas alargan el periodo de presión hasta, al menos, un año después. "Ella lo pasó mal; en el verano del 21 Leiremangoneaba lo que quería". Tanto fue así que el año siguiente, 2022, fue el más lucrativo para la trama. Mediaciones Martínez pasó de facturar 47.000 a 504.000 euros. No tenía empleados y estaba constituida en un piso con otras 50 sociedades.

Si Fernández creaba situaciones incómodas, Leire Díez las convertía en "constantes". La conocida como la fontanera del PSOE, que ocupó diversos cargos de comunicación en empresas públicas, era en realidad "la jefa de gabinete de Vicente. Durante la pandemia, si tenías que acceder a él había que pasar por ella muchas veces". Díez participaba en las videoconferencias que incluían a otros presidentes de la Sepi y también estuvo dentro de grupos de coordinación de WhatsApp de las emergencias. "Actuaban como un tándem y eran terribles", rememora otro alto directivo estatal. En esa actitud "depredadora" intentaban sacar tajada de todo, según relata un testigo: "Proponían un negocio grande y, si no les salía, trataban de cobrar por lo que fuera".

Otro de los altos cargos de empresas públicas que recibió llamadas del dúo Fernández-Díez fue José Ramón Sempere, ex presidente de Mercasa. En las agendas de Leire Díez figura un punto en que la fontanera del PSOE habla de la "obra, arrendamiento, mudanza y venta" de la sede de Mercasevilla. "El presidente ha dicho sí", afirma Díez.

La operación consistía en el traslado de las actuales instalaciones a unos terrenos en el extrarradio de la capital andaluza y Vicente Fernández se interesó por la operación. Sin embargo, Mercasa y el Ayuntamiento de Sevilla encargaron un estudio a Deloitte, que aconsejó mantener Mercasevilla en su actual localización. Fuentes conocedoras de los hechos aseguran que ese "sí" sólo se refería a la elaboración del estudio. Juan Espadas, entonces alcalde, recuerda que se extremó la transparencia del proceso y que todo pasó por el pleno.

El tándem Díez-Fernández intentó hacer lo mismo con el traslado del mercado de MercaBilbao. En la propia agenda de la fontanera del PSOE se recoge una reunión con Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, y Vicente Fernández. La anotación cita textualmente: "Intentar que sea en Mungia o Aretxabaleta (sic). No en Ciérbana o en Abanto. Esperar decisión de MercaBilbao y Mercasa". Fuentes próximas a la empresa pública reconocen la presión de la trama para ejecutar la operación, a la que se opusieron.

Servinabar sí recibió al menos el encargo de un estudio de mercado sobre la posible venta de oficinas centrales de Mercasa situadas en el número 180 del Paseo de la Habana de Madrid por el que cobró cerca de 15.000 euros. La Guardia Civil sospecha que el objetivo era lucrarse en esta transacción, no sólo el estudio, pero también fue rechazada de plano por los directivos de Mercasa.

"Las intervenciones de Leire y de Vicente eran muy sorprendentes y se intensificaron durante el Covid", afirma un alto cargo de una empresa pública. "Te venían con cualquier cosa, como que les patrocinaras la selección femenina de fútbol. Nunca sabías qué había detrás".

Vicente Fernández incluso llegó a acompañar al vicepresidente de la Sepi y presidente en funciones en la época, Bartolomé Lora, a reuniones con empresas que solicitaban ayudas. Fue el caso, como publicó este diario, de Duro Felguera.

Los intentos de la trama eran frustrados en ocasiones, pero en otras, se coronaban con éxito. Fue el caso de Tubos Reunidos. El grupo vasco necesitaba que se acelerara su rescate en un momento de parón del Gobierno tras el escándalo de Plus Ultra y la trama logró desbloquearlo, según apunta la UCO y coinciden las fechas. En este caso, la trama cobró 114.950 euros a través de la citada Mediaciones Martínez. Eso por la gestión del rescate, pero después se embolsó otros 40.000 euros de Tubos Reunidos por ayudar presuntamente a esta empresa a lograr un alivio en el pago de la deuda con la Sepi. Vicente Fernández fue contratado como asesor durante cuatro años.

Otro éxito fue por su presunta mediación en una ayuda a Forestalia. Se trata de la que concedió la filial de la Sepi, Sepides, por valor de 17,3 millones a Arapellet, una empresa de biomasa participada al 100% por el grupo. La trama se embolsó por ello, según la UCO, 200.000 euros. "En el marco de esta operativa, Santos participó hasta en dos ocasiones, concretamente en dos reuniones que Vicente y Antxon habrían mantenido con el presidente de Forestalia, Fernando Samper, en su domicilio sito en Zaragoza, los días 24 de mayo y 12 de julio de 2021", afirman los investigadores en el informe remitido al juez Santiago Pedraz.

Lucrativa fue también la intervención en el parque empresarial del Principado de Asturias al cosechar 99.492 euros "en virtud de dos facturas emitidas a Construcciones y Excavaciones Erri-Berri". Su radar se extendía por toda España.