Excluidos los trabajos científicos autorizados
Se busca proteger el patrimonio y evitar el expolio de restos arqueológicos valiosos
Uso de detectores de metales en una playa.
Actualizado
La Junta de Andalucía ha endurecido las sanciones por el uso de detectores de metales, con el objetivo de proteger el patrimonio y evitar el expolio de vestigios arqueológicos. Así viene reflejado en la Ley 4/2026, de 24 de marzo, de Patrimonio Cultural de Andalucía que ya ha aparecido en el Boletín Oficial de la Junta.
En su artículo 103 se señala que "queda prohibido el empleo de detectores de metales u otros instrumentos que permitan la localización de vestigios arqueológicos, salvo para su uso en las actividades arqueológicas recogidas en el artículo 90".
Sin embargo, contempla una serie de excepciones cuando el uso de estos aparatos no tenga como finalidad el hallazgo de restos arqueológicos y sea realizado por:
- La Administración General del Estado.
- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ejercicio de sus atribuciones.
- El Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
- El personal autorizado de las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones, siempre bajo la supervisión y responsabilidad de las referidas empresas.
- Las empresas que cuenten con la autorización del órgano competente en materia de actividades mineras.
- Cualquier otra que se determine reglamentariamente.
Cabe señalar que si durante la utilización de los detectores de metales se encuentra la presencia de vestigios arqueológicos, la actuación deberá suspenderse y comunicarse a las autoridades competentes.
Sanciones cuantiosas
Más allá de que la normativa prohíba esta práctica, también hay sanciones asociadas a la misma. Las más habituales van hasta los 10.000 euros en el caso de infracciones leves y hasta 150.000 euros en los casos graves. Sin embargo, en actuaciones muy graves, como la pérdida del patrimonio de forma irreversible o la destrucción de los vestigios, las multas pueden ascender hasta el millón de euros.
Por tanto, la Junta de Andalucía apuesta decididamente por la protección del patrimonio cultural y tanto la normativa como las sanciones así lo reafirman.