El operador había pagado 16,2 millones a CAF y trató de cambiar el contrato tres años después de conocer que los vehículos encargados no podían circular
Europa Press
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El pedido de Renfe por 200 millones de euros para renovar su flota de ancho métrico para Asturias y Cantabria con trenes cuyas dimensiones los invalidaban para atravesar los túneles de la infraestructura de Adif por la que iban a circular, tuvo un sobrecoste de 19,4 millones de euros asociado a los cambios que introdujo el operador para tratar de resolver el entuerto.
El Tribunal de Cuentas ha publicado el informe de fiscalización sobre este proceso, que se cobró los puestos del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, en 2023 dimitieron en febrero de 2023.
Los 31 trenes se encargaron a CAF en 2020 para renovar la flota pero los pliegos de condiciones redactados por Renfe exigían cumplir simultáneamente con los gálibos modernos y además poder circular por la red ferroviaria preexistente de ancho métrico, con tramos de más de un siglo de antiguedad.
Resultó imposible porque eran demasiado grandes. El Tribunal de Cuentas recuerda que al admitir el 'patinazo', Renfe trató de desviar sin éxito la responsabilidad a Adif, y a CAF, algo "contrario a los principios de buena gestión", sentencia. "Podría haber obtenido conocimiento de los gálibos correctos con la simple consulta de sus bases de datos". Tampoco consultó con su empresa 'hermana' durante la preparación de los pliegos, circunstancia que para el Tribunal "pone de manifiesto una significativa falta de diligencia en su gestión que tuvo importantes consecuencias".
DESMENTIDO
El informe explica que Renfe tuvo conocimiento de dichas consecuencias en febrero de 2021 y, sin embargo, decidió no resolver el contrato. Cuando estalló el escándalo, el ministerio dirigido entonces por Raquel Sánchez salió al paso de las informaciones asegurando que el fallo había sido detectado en la fase de diseño y que "en segundo lugar, tampoco se ha producido ningún gasto por la fabricación de trenes". Quince díías después, el 20 de febrero de 2023, insistió en esta cuestión cuando, en la firma del convenio con Asturias y Cantabria dejó constancia oficial de que el contrato "no había producido ningún gasto público"
El Tribunal de Cuentas desmiente estas afirmaciones con contundencia. Dos años antes, en febrero de 2021, Renfe había abonado a CAF más de 16,2 millones de euros, cantidad que correspondía al 10 % del importe total del suministro. En concreto, el gasto de Transportes ascendió a16.224.589,84 euros (más IVA).
Añade que el ministerio se comprometió con Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, presidentes de Cantabria y Asturias, a ampliar el siete el pedido de trenes y a formalizar nuevos contratos para garantizar la renovación total de la flota como compensación. Pero "este Convenio no tuvo reflejo en las reuniones de seguimiento que celebraron RENFE VIAJEROS y el adjudicatario en los meses de abril y junio de 2023", dice el Tribunal
En total, los sobrecostes y modificaciones sumaron al precio del contrato 19.350.282,94 euros (un encarecimiento del 11,93%). Este incremento se dividió en 4,2 millones para reinginiería, 13,8 por el aumento de los precios unitarios y 1,3 millones por prestaciones adicionales. Los siete trenes de compensación costaron 37.184.577,27 euros, lo que llevó el importe final comprometido del contrato a 218.780.758,67 euros. Hasta el cierre de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, Transportes ha pagado 21,8 millones de euros.
La falta de diligencia en los contratos de renovación de Renfe en esos años se completa con el encargo de seis trenes alpinos para la línea Cercedilla Cotos or valor de 60 millones de euros que no se han podido poner en marcha porque la línea está en obras. El operador ha pagado ya 26,8 millones al fabricante además de 618.700 euros adicionales a través de un contrato de febrero de 2024 para construir una carpa de almacenamiento temporal donde albergarlos.