El Ministerio de Vivienda se reúne con las CCAA en la Conferencia Sectorial para aprobar el reparto de 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una imagen de archivo.EUROPA PRESS
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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reclamado a las comunidades autónomas "dejar a un lado propuestas maximalistas y planteamientos partidistas" minutos antes de sentarse con ellas en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana para rubricar los criterios de reparto de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030.
Rodríguez espera que la reunión que se celebra este jueves en el Ministerio con las autonomías termine con un "acuerdo de forma unánime" sobre el reparto económico del plan que tiene como objetivo ampliar el parque público de vivienda mediante la construcción de nueva oferta, la rehabilitación y la compra de viviendas vacías ya existentes para incorporarlas.
Las conversaciones empezaron hace un año, en la Conferencia de presidentes celebrada en Barcelona y desde entonces el Departamento que dirige Rodríguez ha participado en 400 reuniones con las propias comunidades, con ayuntamientos y con el sector para perfilar el reparto y las actuaciones para los próximos años.
Las comunidades, por su parte, han expresado su disposición a la rúbrica pero han advertido de que podrían tomar acciones más adelante. Así lo ha explicado el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domingo, a su llegada a la reunión. Rodrigo ha hablado en nombre de las autonomías de signo popular y ha confirmado que votarán a favor del reparto de los fondos, aunque ha dejado claro su rechazo hacia el fondo y las formas en las que se les ha planteado el plan. Incluso ha anunciado que se reservan la posibilidad de presentar recursos ante el Tribunal Supremo.
La propuesta del Ministerio es mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior plan, así como blindar las viviendas públicas con carácter permanente. El Ejecutivo ha pactado la distribución previamente con los gobiernos regionales, con la intención de que el programa empiece a desplegar sus efectos a partir del segundo semestre del año.
El plan contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
La propuesta contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, frente al 25% de anteriores planes.
Además, se introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, lo cual implica que los inmuebles que se adquieran y promuevan con sus fondos tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
Reparto por CCAA
Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto a la propuesta anterior. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).
Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto (277 millones más), Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones), Galicia dispondrá de 399 millones (293 millones) y Castilla-La Mancha recibirá 280 millones (+205 millones).
A la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones. A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).
Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de siete millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.