Actualizado
El caso de Shakira pone de manifiesto que se le puede ganar a Hacienda. Tras la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a devolver 60 millones de euros a la cantante, vuelve a salir a la palestra una idea generalizada: a la Agencia Tributaria le reclama quien puede, pero no todos aquellos que están disconformes con su sanción. Son muchos los contribuyentes que no se atreven a litigar contra la administración pública sanciones impuestas por motivos fiscales o de tráfico, entre otras.
El ciudadano no tiene ni el tiempo ni el dinero necesarios para enfrentarse a un litigio que le va ahorrar una cantidad monetaria muy inferior a los gastos potenciales del proceso, algo que aprovecha la administración para ofrecer importantes reducciones económicas a los sancionados y terminar de convencerlos para no ir a juicio. De hecho, así lo expone la propia Ley General Tributaria cuando enumera los objetivos que persigue: "El cobro de las deudas tributarias y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria.»
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calculó que en 2024 Hacienda debía devolver a sus contribuyentes, al menos, 12.000 millones de euros por sanciones injustas. De hecho, está demostrado que litigar por inconformidad puede prosperar: en torno al 40% de las reclamaciones de los contribuyentes son estimadas total o parcialmente a su favor, según la última memoria del Tribunal Económico-Administrativo. Pero, ¿por qué muchos prefieren no hacerlo?
La normativa permite una reducción del 30% de la sanción por mostrar conformidad. Si el contribuyente acepta, la cifra que le queda puede ser reducida un 40% más por pronto pago. La suma de ambas reducciones refleja que si el ciudadano pasa por el aro, la deuda disminuye un 58% en total: "Precisamente esas son las sanciones que con más frecuencia pierde la Agencia Tributaria (Aeat) en los Tribunales, por lo que asegurar su cobro, aunque sea a costa de reducir su importe, le es beneficioso", explica a este periódico Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (Iee). Explica Izquierdo a EL MUNDO que este tipo de multas acostumbran a recurrirlas las personas que tienen firmado un contrato de facturación fija con el abogado, hay contribuyentes que recurren todo y otros que solo lo hacen a partir de un nivel de 2 o 3 mil euros de multa.
El experto expresa que la cantidad de ciudadanos que no recurren las sanciones de la Aeat, pese a estar en disconformidad con ellas, se dividen en dos grupos: los que pasan de meterse en juicios por la escasa cuantía de la sanción, y los que no tienen dinero para defenderse y les toca pagar sí o sí, aunque "la cuantía no debe ser despreciable".
Además, en 2022 la justicia dio la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y obligó a la Agencia Tributaria a hacer públicos los bonus que cobraban los inspectores de Hacienda: una cifra anual fija que se reparte de manera desigual entre los funcionarios, quien más se acerque a los objetivos que marca la Aeat, más cobra. Esto provoca que, quien más bonus obtiene se los reste directamente a otros inspectores que no se han acercado a los objetivos marcados.
Además, estos trabajadores no pierden estos incentivos por productividad cuando finalmente un juez le da la razón al contribuyente. La postura de la Agencia Tributaria es que, si se penalizara a los inspectores por cada acta que no llega a buen puerto, dejarían de intentar sancionar los casos más controvertidos y "habría que dar la razón sistemáticamente al inspeccionado", expresó la entidad pública en una nota de prensa en 2022.
Respecto a esto, defendieron que las personas encargadas de inspeccionar a los contribuyentes no tienen la última palabra en dicha sanción, sino que la tienen sus superiores. Además, la Aeat explicó que perder juicios contra el contribuyente no implica que los autores de la propuesta de sanción hayan incurrido en un mal desempeño de su trabajo, ya que "la presentación de recursos o la estimación de estos no supone, con carácter general, un trabajo mal hecho o que deba ser reprobado desde el punto de vista del desempeño de un funcionario".
Así como la Agencia Tributaria utiliza los mecanismos de pronto pago para que el sancionado renuncie a reclamar pese a su disconformidad, lo mismo ocurre en la Dirección General de Tráfico (DGT). De hecho, ya en 2021 el 64% de los conductores preferían pagar con descuento a plantear cualquier tipo de recurso aunque consideraran que su sanción había sido injusta, según Automovilistas Europeos Asociados. Las cifras de recaudación han crecido en los últimos años: en 2025 se produjo un récord histórico de sanciones impuestas, más de seis millones.
"Hemos tenido algún cliente que fue multado en Sevilla, cuando él no había pisado esa ciudad y, aún así, quería acogerse al pronto pago por si acaso", explica a EL MUNDO Vicente Ynzenga, responsable del departamento jurídico de Pyramid Consulting, especializada en recurrir multas de tráfico. Ese es el efecto que provoca el 50% de reducción de la multa por pronto pago que ofrece la administración a quien decida aceptar la multa sin rechistar.
El experto explica que una gran cantidad de multas recurridas por el contribuyente acaban siendo perdidas en la vía administrativa. Ésta funciona como un cortafuegos porque no es necesario aportar el mismo número de pruebas que por la vía judicial, evitada muchas veces por los conductores para evitar gastarse un dinero en abogados que es superior a la propia multa. Sin embargo, Ynzenga asegura que Pyramid Consulting tiene un 80% de éxito al llevar por vía judicial las multas impuestas por la Comunidad de Madrid.
En esa dirección va la queja de Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Sostiene que, al pasar primero por la vía administrativa, la propia administración es "juez y parte" del procedimiento. "Tenemos cientos de sentencias que están condenando a la Dirección General de Tráfico, que sigue poniendo sanciones por encima de la ley. Tenemos una administración tramposa", explica Arnaldo en conversación con este periódico, en relación a cómo la DGT impone multas inflando las cifras que dicta la normativa.
Una de las soluciones que propone Arnaldo es permitir que los recursos de multas que llegan a la vía judicial puedan acabar en el Tribunal Supremo para sentar precedentes y que exista una jurisprudencia delimitada para resolver casos de la misma índole en el futuro. Además, también estima positivamente que cada vez que la administración perdiera el juicio contra el contribuyente se le condenara automáticamente a pagar las costas, para que estas no sean una línea de fuego insuperable a la hora de atreverse a litigar contra la administración.
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理，仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。