KPMG pone en cuestión la viabilidad de la mayor filial de Glovo en España, que reconoce que perderá dinero en 2026 por el cambio de modelo laboral
Un repartidor de Glovo circulando en bicicletaAFP
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KPMG ha certificado el delicado estado financiero de Glovo con la firma con salvedades de las cuentas de una de sus principales filiales en España, Glovo Spain Platform SL, en las que el auditor reconoce las "dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento".
Este juicio se fundamenta por un lado a los numerosos litigios que Glovo mantiene con el Estado, así como la previsión de la propia compañía de sufrir pérdidas tanto en 2025 como en 2026 por el cambio de modelo laboral, lo que obligará a su matriz a hacer nuevas inyecciones financieras en la empresa española.
Las cuentas consultadas por EL MUNDO corresponden a los ejercicios 2023 y 2024 y han sido aprobadas con más de dos años de retraso, lo que en sí mismo es una infracción mercantil. El análisis realizado por la Big Four mantiene además varias discrepancias con Glovo, que lleva sin publicar sus cuentas en España desde el ejercicio 2022. En concreto, KPMG considera que la forma que tiene la empresa de reparto de contabilizar sus ingresos y gasto infravalora significativamente sus cifras reales en 246,89 milllones de euros en cuanto a la facturación y 204,8 millones en los gastos, una discrepancia que, aunque no afecta al resultado final es significativa, ya que se doblarían las cifras de la plataforma.
La filial facturó en 2024 casi 246 millones de euros, un 27% más que el año anterior, un crecimiento al que se agarra la empresa para justificar la viabilidad del proyecto que, además, acumulaba dos años de rentabilidad con 42,3 millones y 71,05 millones de beneficio en 2023 y 2024, respectivamente, aunque otras filiales del grupo como los supermercados siguieron registrando abultadas pérdidas.
El otro elemento de discrepancia entre ambas partes que el auditor se queja de que Glovo no entregó los documentos necesarios para acreditar 81,5 millones de euros presentes en el balance de la compañía como inversiones en el grupo. "A la fecha de emisión del presente informe, no hemos recibido información suficiente y adecuada que nos permita concluir sobre la corrección de la valoración de los mencionados importes", remarca.
En el documento, se apunta que Delivery Hero, dueño de la empresa, abonó 490 millones de euros entre 2021 y 2024 a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social como compensación por las cuotas de los repartidores dados de alta tras inspecciones, al tiempo que ha avalado otros 96 millones. También se hace referencia al caso penal abierto por delitos contra los derechos de los trabajadores contra Oscar Pierre, cuyas posibilidades de condena son consideradas "remotas" por los abogados de la compañía.
La compañía ya ha hecho ajustes en el último año para mejorar su situación económica. El último de ellos ha sido un ERE para 436 repartidores de la compañía, a los que abonó una indemnización de 37 días por año trabajado.
OPA DE UBER
La publicación de las cuentas llega en un momento vital para Glovo y su filial Delivery Hero, que ha recibido una oferta tentativa de Uber para comprar la compañía. El interés en comprar la compañía ha disparado casi un 20% las acciones en cinco días y las negociaciones prosiguen. Uber ya es accionista de Delivery Hero y compró ayer la participación del fondo asiático Apex para llegar al 36% del capital, un umbral que en España obligaría por ejemplo a lanzar una OPA.
El movimiento de Uber para reforzar Eats se produce en pleno pulso de las dos grandes compañías estadounidenses del sector por tomar el liderazgo global, ya que Doordash, su equivalente estadounidense, acaba de llegar a Europa con la compra de Deliveroo.
Delivery Hero, por su parte, tiene presencia en 65 países y está creciendo especialmente en Oriente Próximo y Asia. Precisamente, una de las principales complejidades de la operación sería encajar a Glovo, ya que junto a Uber tendrían una cuota dominante del mercado de reparto que seguramente sería objeto de escrutinio por las autoridades regulatorias.