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Bruselas va a otorgar a los países una mayor flexibilidad fiscal para hacer frente a la crisis de energía. Y lo hará tras la presión que han ejercido tanto España como Italia, siendo especialmente relevante la carta que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, remitió a mediados del pasado mes de mayo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El desembolso adicional se integraría en la cláusula de escape que los países pueden activar para el gasto en defensa, que es algo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó en Chipre ya en abril. En concreto, lo que se prevé es que los países puedan desviar parte del desembolso militar al ámbito energético. Y la flexibilidad adicional sería de un 0,3% del PIB anual en el periodo 2026-2028, que en el caso español serían unos 5.000 millones de euros al año.
Pero fuentes diplomáticas matizan que aquí podría haber una matización relevante: la flexibilidad adicional total en el citado periodo podría estar limitada al 0,6%. Esto es, que si un país aplica el 0,3% en los dos primeros años, por ejemplo, es posible que en el tercero no pudiese incurrir en ningún gasto adicional.
La flexibilización, adelantada por Corriere della Sera y confirmada por este periódico, está previsto que se anuncie mañana y se permitirá sólo para inversiones relacionadas con la descarbonización y eficiencia energética. La Comisión no quiere que el dinero extra se utilice, por ejemplo, para dar ayudas a los usuarios o rebajar impuestos. Considera que eso no haría más que incidir en la crisis de energía derivada del cierre del estrecho de Ormuz ya que, explican siempre desde el Ejecutivo comunitario, eso no desincentivaría el consumo.
Si hay, por ejemplo, una rebaja directa de un impuesto que compense el incremento del precio del gas o la gasolina, los ciudadanos podrán consumir lo mismo sin notarlo en el bolsillo. Bruselas, en cambio, apuesta por rebajar consumos y, además, romper la dependencia de los combustibles fósiles. Aunque esto último se antoja largo y complicado.
La decisión de la Comisión Europea supone, en cualquier caso, un cambio muy sustancial respecto a las posiciones que inicialmente expresó la presidenta Von der Leyen. Y en ese giro se antoja fundamental la mencionada carta que remitió Meloni. "La crisis en Oriente Medio y las tensiones en el estrecho de Ormuz, agravadas por los efectos de la agresión rusa en Ucrania, ya están teniendo un impacto grave y a menudo asimétrico en los precios de la energía, en los costes para las familias y las empresas, en la competitividad de nuestro sistema productivo y en el poder adquisitivo de los ciudadanos", decía la primera ministra en esa misiva.
"Si consideramos correctamente la defensa una prioridad, si la UE es lo suficientemente estratégica como para justificar la activación de la cláusula de escape nacional, entonces debemos tener el coraje político para reconocer que la seguridad energética ahora es una prioridad estratégica europea", añadía Meloni, que proseguía: no se puede "justificar ante nuestros ciudadanos que la UE permite flexibilidad financiera con fines de seguridad y defensa, estrictamente hablando, y no para proteger a las familias, los trabajadores y las empresas de una nueva emergencia energética que amenaza con afectar gravemente a la economía real".
"Por este motivo, Italia considera necesario extender temporalmente el alcance de la cláusula de escape nacional, ya vigente para el gasto en defensa, para incluir las inversiones y medidas extraordinarias necesarias para afrontar la actual crisis energética, sin modificar los límites máximos de desviación ya establecidos", certificó. Esto es, algo similar a lo que finalmente se llevará a cabo.
Sánchez, por su parte, había dado fuerza a este debate que llevaba tiempo presente en Italia. El presidente del Gobierno de España lo puso de manifiesto durante la reunión del Consejo que en abril tuvo lugar en Chipre, país que ocupa la presidencia rotatoria de la UE. Aunque lo propuso uniéndolo a una posible prolongación de los fondos europeos, y eso no gustó nada a Von der Leyen ni a muchos de los países del norte.
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