La red de administraciones de lotería de España constituye uno de los ejemplos más exitosos de colaboración entre el sector público y la iniciativa privada. Durante décadas, miles de pequeños empresarios y negocios familiares han actuado como la extensión territorial de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), garantizando que uno de los sistemas de juego público más prestigiosos del mundo llegue a cada ciudad, barrio y municipio del país.

No hablamos únicamente de puntos de venta. Hablamos de miles de pequeñas empresas que generan empleo, dinamizan la economía local y contribuyen a que Selae obtenga cada año importantes beneficios para el Estado. Sin embargo, quienes sostenemos esta red asistimos con creciente preocupación al deterioro de las condiciones que garantizan su viabilidad.

Por ello nos dirigimos públicamente a usted, como máximo responsable político de Selae, para trasladarle una preocupación compartida por las más de 4.200 administraciones de lotería existentes en España y las cerca de 18.000 personas que desarrollan su actividad profesional en ellas.

La primera cuestión que exige atención urgente es la rentabilidad. Probablemente no exista otro sector económico en España cuyos productos mantengan prácticamente los mismos precios desde el año 2002. Sin embargo, esa es la realidad que afrontan las administraciones de lotería. Mientras las comisiones apenas han variado en más de dos décadas, los costes de explotación se han disparado: alquileres, suministros, salarios, cotizaciones sociales, seguros, impuestos, mantenimiento tecnológico y cumplimiento normativo.

El resultado es una pérdida continuada de rentabilidad que amenaza la sostenibilidad de miles de establecimientos. Los estudios realizados por las asociaciones del sector estiman que la capacidad económica de las administraciones se ha reducido en torno a un 60% en los últimos años. Un dato ilustra esta situación: para cubrir únicamente la cuota mínima de autónomos, una administración necesita vender alrededor de 7.000 apuestas de La Primitiva al mes.

Mientras tanto, Selae continúa incrementando sus ingresos y beneficios. Esta realidad genera una contradicción difícil de justificar: una empresa pública mejora sus resultados al mismo tiempo que una parte significativa de la red que los hace posibles ve comprometida su supervivencia.

Las administraciones hemos demostrado una gran capacidad de adaptación, invirtiendo recursos propios para modernizar nuestros negocios y desarrollar canales digitales que hoy generan más de 1.500 millones de euros anuales en ventas y representan cerca del 30% de la facturación de muchos establecimientos.

Por ello preocupa que la transformación digital impulsada por Selae esté favoreciendo un modelo cada vez más centralizado, donde las ventas realizadas a través de sus canales propios no generan comisión para las administraciones. No cuestionamos la digitalización; cuestionamos que se desarrolle al margen de quienes han contribuido decisivamente al éxito del sistema.

Las asociaciones representativas llevamos años reclamando un proceso de diálogo serio, transparente y orientado a resultados. Hemos promovido estudios económicos, elaborado propuestas técnicas y buscado espacios de consenso para afrontar los desafíos del sector con una visión compartida.

Sin embargo, la respuesta obtenida hasta la fecha ha sido insuficiente. Las recomendaciones planteadas por expertos independientes han sido ignoradas en numerosas ocasiones y los intentos de construir soluciones conjuntas no han encontrado la receptividad necesaria por parte de los responsables de Selae. Como consecuencia, la frustración acumulada entre miles de profesionales ha terminado trasladándose al ámbito político e institucional.

La preocupación ya ha llegado al ámbito político, con iniciativas parlamentarias promovidas desde distintas sensibilidades. El problema ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en un asunto de interés público.

Porque lo que está en juego no es únicamente el futuro de las administraciones. Está en juego la preservación de una red formada por más de 4.200 puntos de venta, miles de negocios familiares y decenas de miles de empleos que contribuyen diariamente a la cohesión económica y social del país, especialmente en pequeños municipios, zonas rurales y barrios donde la administración de lotería constituye muchas veces una referencia comercial consolidada.

También preocupa que el Ministerio de Hacienda siga sin atender la petición de una reunión para abordar estas cuestiones.

No pedimos privilegios. No pedimos tratamientos de favor. Pedimos algo mucho más razonable: trabajar dignamente y con seguridad jurídica.

Pedimos analizar con datos objetivos el deterioro de la rentabilidad de la red comercial. Pedimos estudiar una actualización equilibrada del sistema retributivo que garantice la sostenibilidad de los puntos de venta. Pedimos una regulación clara de la comercialización online que tenga en cuenta la realidad actual del mercado y la opinión de quienes forman parte de él. Y pedimos que las recomendaciones de los expertos y las preocupaciones expresadas desde el Parlamento no caigan en saco roto.

La historia de las loterías en España no puede entenderse sin las administraciones que, generación tras generación, han llevado este servicio público a cada rincón del país. Proteger esta red no significa defender intereses particulares; significa preservar miles de pequeñas empresas, miles de familias y una estructura comercial que ha demostrado sobradamente su eficacia durante décadas.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Pero el tiempo del diagnóstico ha terminado. Ha llegado el momento de las decisiones.

Señor ministro, las administraciones de lotería llevan años esperando respuestas. Le pedimos que abra una vía de interlocución real con las asociaciones representativas del sector, que escuche sus propuestas y que impulse las medidas necesarias para garantizar el futuro de una red que constituye uno de los principales activos de Selae.

Porque cuando más de 4.200 administraciones, cerca de 18.000 trabajadores y miles de pequeñas empresas reclaman ser escuchados para poder trabajar dignamente, no estamos ante una reivindicación corporativa. Estamos ante una cuestión económica, social y territorial que merece atención inmediata.

Y porque, a la vista de los resultados obtenidos hasta ahora, la dirección de Selae no ha sabido ofrecer las soluciones que la situación exige. Usted, como responsable político último de la entidad, tiene la capacidad y la responsabilidad de hacerlo posible.