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El aumento del consumo de platos precocinados y comidas ya preparadas en los últimos años ha venido acompañado de un fenómeno más reciente conocido como «mercaurante», un término que combina supermercado y restaurante para describir espacios híbridos en los que los clientes pueden comprar alimentos y consumirlos en el propio establecimiento.
Estos locales suelen contar con mesas, sillas e incluso microondas, lo que facilita que los productos adquiridos se consuman allí mismo tras su compra. La proliferación de este tipo de espacios ha generado una fuerte reacción en el sector tradicional de la restauración, que considera que esta práctica supone una forma de competencia desleal. En este contexto, distintas organizaciones empresariales han expresado su preocupación por el impacto que estos modelos pueden tener en la hostelería convencional, especialmente en un momento de transformación de los hábitos de consumo. Hace un mes, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ya criticó públicamente la incorporación de zonas de consumo en grandes superficies comerciales, señalando que estas iniciativas alteran el equilibrio del mercado y afectan directamente a bares y restaurantes tradicionales.
Sus declaraciones abrieron el debate sobre la regulación de estos espacios y su encaje dentro de la normativa vigente. Más recientemente, el Gremio de Restauración de Barcelona ha dado un paso más al presentar una denuncia administrativa por presunto «intrusismo e incumplimiento normativo» contra una treintena de estos mercaurantes vinculados a supermercados de Mercadona. La entidad sostiene que estas prácticas vulneran la normativa municipal que regula los establecimientos alimentarios, en concreto la Ordenanza de establecimientos y centros de comercio alimentario, que establece que el espacio comprendido entre las cajas de cobro y las salidas no puede destinarse a actividades comerciales o de servicios.
El gremio ha advertido además de que en las próximas semanas ampliará estas acciones a otras cadenas de distribución, al considerar que este modelo de negocio podría estar extendiéndose sin el cumplimiento adecuado de la regulación vigente, lo que podría generar un conflicto creciente entre el sector de la distribución alimentaria y el de la restauración tradicional.