El Gobierno ha desequilibrado profundamente el ya precario equilibrio entre las televisiones públicas. El Real Decreto diseñado para salvar a RTVE de su profundo 'agujero del IVA' se limita únicamente a la televisión estatal, lo que se traduce en un cambio en las reglas del juego a favor de esta frente a las autonómicas, que siguen inmersas en la misma guerra con Hacienda por la deducción de este impuesto y tienen más de 400 millones en juego en los tribunales.
El conflicto entre Hacienda y las televisiones públicas dura más de una década y ha tenido varios episodios. El primero lo ganaron las corporaciones públicas, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que las televisiones públicas no tenían que tributar por las subvenciones que recibían para poder prestar este servicio. Tras esta primera victoria televisiva, llegó la segunda disputa que se acumula sobre la mesa de una docena de entes: la deducción del IVA. Mientras que la tesis de las televisiones es que pueden deducírselo en su mayoría, Hacienda impone lo que llama la prorrata, solo pueden deducirse la parte que corresponde a su negocio privado.
La que tenía un problema mayor en sus cuentas era Radiotelevisión española. El auditor de la corporación alertaba en las cuentas anuales de 2024 de que la compañía podría sufrir una salida de caja de 200 millones de euros y un quebranto económico de más de 800, ya que RTVE se apunta en su balance las contingencias con Hacienda como una deuda a futuro que cobrará del fisco.
El decreto del Gobierno crea un mecanismo para garantizar que si pierde esos juicios, el Estado generará un derecho de compensación automático por las pérdidas, por lo que la salud financiera del ente estatal estará blindada. Sin embargo, el decreto no recoge ningún mecanismo para ayudar a las autonómicas, ni establece una forma apropiada de tributar. Es decir, el Ejecutivo alienta que las luchas en los tribunales persistan con la salvedad de que solo RTVE sabe que la partida siempre terminará de una forma favorable para sus intereses.
«Es una situación de mucha inestabilidad que dificulta competir», señalan fuentes del sector de la televisiones regionales. Forta, la patronal del sector, aún no se ha pronunciado, pero está analizando la situación que afecta a la práctica totalidad de sus miembros, que, a su vez, se remiten a la asociación de cara a publicar una reacción oficial y conjunta de todas las televisiones, algo complicado ya que la situación de cada una presenta diferencia. Con todo, la plena deducción del IVA es uno de los reclamos históricos que defiende esta patronal. Sin embargo, ahora ve, no solo cómo no se le reconoce por el momento, sino que la televisión estatal, su rival natural por la audiencia, recibe este beneficio y ellas no.
La única excepción en este panorama es EITB, la televisión pública vasca, cuya relación fiscal sobre el IVA se desarrolla en exclusiva con la Hacienda Foral, con la que no se ha desatado ningún conflicto sobre la tributación. Canarias también cuenta con su propio régimen de IVA y no hace alusiones en sus cuentas a este conflicto.
Entre las esperanzas para este sector, se encuentra que el decreto aún debe validarse en el Congreso de los Diputados y para ello el Gobierno necesita a sus socios regionalistas, muy sensibles a la salud de los medios de comunicación públicos en sus comunidades autonómas.
El momento de la decisión para liberar de esta deuda a RTVE no es casual. Telemadrid recibió una resolución negativa de la Audiencia Nacional a uno de los procesos que tenía en reclamacion por las deducciones de los años 2012 a 2014 por 17 millones de euros en abril de este año. Además, hace poco más de un mes, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió emitir una providencia planteando una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que provocará la paralización de todos los litigios.
De hecho, según las cuentas de Castilla La Mancha Televisión, la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión, la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTP), IB3 (la televisión pública de Baleares) y Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) han recibido ya noticia de la paralización de sus procesos judiciales a la espera de que se pronuncie el tribunal europeo, que tarda de media algo menos de año y medio en pronunciarse sobre este tipo de asunto.
La situación así se aplaza por 18 meses más el tiempo que tarde en fallar la Audiencia Nacional una vez tome nota de la decisión del TJUE, lo que no solo se traduce en intereses de demora en los procedimientos abiertos, sino también en más ejercicios en los que la disputa sigue vigente, por lo que las televisiones públicas deducirán el IVA y Hacienda los recurrirá. En paralelo, el Tribunal Supremo también examina estos procedimientos. De momento, la cascada de resoluciones que han ido recibiendo estas compañías ha sido generalmente desestimada por parte de las distintas instancias de la justicia.
Las televisiones públicas han afrontado este conflicto de diversas maneras a nivel contable. La que tiene pleitos de mayor cuantía con Hacienda es la radiotelevisión gallega con casi 83 millones de disputas abiertas. Sin embargo, la televisión lleva desde 2022 ajustando sus deducciones financieras al criterio de Hacienda, lo que suponía pasar de deducir el 100% del IVA al 6% en su caso, para posteriormente pedir una rectificación de la autoliquidación para reclamar las cantidades que consideran deducibles.
Esta estrategia ha sido seguida por ejemplo también por Canal Extremadura, en cuyo caso la prorrata es incluso inferior, de apenas el 2%. Otras entidades como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) hicieron una consulta a la Dirección General de Tributos y se está deduciendo un 87% del total, lo que no evita que acumule 70 millones en disputa entre 2015 y 2024.
Otras televisiones continúan deduciéndose completamente el IVA (Canal Sur) o mantienen disputas con Hacienda por negarle devoluciones de exceso de IVA como Televisión Castilla-La Mancha. En algunos casos, como el aragonés, el Gobierno regional ha emitido una salvaguarda a sus cuentas similar a la de Televisión Española para que, en caso de que su televisión pública pierda los juicios con el Ministerio, esta no tenga que pedir un rescate y se descuadre su balance.
El pulso entre Hacienda y las televisiones públicas es equiparable al que mantienen también las televisiones regionales con una televisión pública que está siendo muy agresiva a la hora de crecer y cuyo presupuesto procedente de las arcas estatales lleva varios años aumentando, lo que también está ocurriendo con las autonómicas en una carrera que parece no tocar techo.
El volumen de subvenciones que recibe RTVE lleva cuatro años superando los 1.000 millones de euros, según los datos que recopila cada año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El conteo oficial termina en 2024, pero se da por sentado que la cifra de 2025 estará también por encima, por lo que la racha llegaría a cinco, la más alta en la que la televisión pública ha recibido estas cantidades. De 2024 a 2023, el ascenso fue de un 10,3%. La cifra se disparará presumiblemente si pierde sus reclamaciones contra Hacienda.
Las televisiones autonómicas viven también un momento de expansión presupuestaria. En 2024 superaron por primera vez los 1.000 millones de euros desde 2010, el momento pico antes de que la crisis financiera terminara de materializarse y la burbuja inmobiliaria de pinchar. Los 1.079 millones dedicados a televisiones autonómicas fueron un 9% superiores a los 986 del año anterior. Si se mira al pasado, las televisiones regionales llevan nueve años aumentando sus recursos, mientras que RTVE alcanzó un pico en 2021 con 1.193 millones que no se ha repetido aún, a espera de conocer los datos de 2025.
De fondo hay también una pelea por la audiencia. En los momentos de mayor zozobra de La1, la cadena principal de RTVE estuvo a punto de sufrir el sorpasso de las autonómicas que se quedaron a solo cuatro décimas de share en 2021. Sin embargo, la brecha desde entonces no para de aumentar, con las televisiones regionales constantes en torno al 8,5, y La1 escalando hasta el 11,1% del total que logró a finales de este año. La1 acaba de lanzar El Perro andaluz del cómico Manu Sánchez, con una amplia trayectoria previa en distintos programas de Canal Sur. Además, las regionales han sido caladero de fichajes recurrentes por parte de la televisión estatal como Silvia Intxaurrondo.
Hace menos de un año lanzó La2Cat, una emisión en catalán por parte de RTVE cuyo público potencial es el mismo del de las televisiones públicas catalanas, si bien no está siendo ni mucho menos un éxito de audiencia, RTVE llegó a pedir recursos adicionales a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que finalmente no utilizó, según su presidente. Ahora, ya hay voces en comunidades como Galicia que plantean que la estrategia se repita en otras comunidades en unos movimientos que, si bien difíciles de rentabilizar para RTVE, sirven para desequilibrar más a su favor un tablero que está casi roto.
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