El 'caso Mascarillas' estalló tras una denuncia de los 'populares' en la Asamblea, después de que el PSOE llevara a Anticorrupción al hermano de la presidenta regional, una investigación que terminó archivada
Ayuso, ayer con el ministro de Justicia, Félix Bolaños.EFE
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Fue una vendetta política tras un «cerco» al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Un efecto mariposa que une la inédita crisis en el seno del Partido Popular, que acabó con la carrera de Pablo Casado, y la histórica condena conocida ayer a José Luis Ábalos encadena varios de los episodios más sonados de la política reciente en España. Unos hechos que ayer tocaron a su fin con una sentencia del Tribunal Supremo que por vez primera envía a la cárcel a un ministro de un presidente del Gobierno en activo: 24 años para el ex ministro de Transportes, 19 para su mano derecha, Koldo García, y cuatro y medio para el empresario Víctor de Aldama, que no pisará la prisión por colaborar con la Justicia.
Un día, el de ayer, sin precedentes en la historia política de nuestro país, en el que el PP madrileño reivindica su firma en la crónica de tribunales: fue una denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid la que situó el nombre de Soluciones de Gestión, la empresa sobre la que pivota el caso Mascarillas, en la mesa de los investigadores. Fuentes populares ya reconocían a este diario hace ahora algo más de dos años, cuando aparecían las primeras informaciones relativas a la implicación de Ábalos en presuntas irregularidades, que todo nacía a modo de «venganza» contra la izquierda y el «cerco» que le trazó al hermano de la presidenta madrileña.
En febrero de 2022, mientras el PP se autoconsumía en una guerra interna entre Génova y Sol, el PSOE -junto a otros partidos- había denunciado en Anticorrupción el supuesto cobro fraudulento de una comisión de 55.000 euros de un contrato para el suministro de mascarillas a la Comunidad de Madrid durante la pandemia que afectaba al hermano de Isabel Díaz Ayuso. La Justicia terminaría archivando la investigación más tarde, cuando el PP ya había activado, como consecuencia, a sus equipos en busca de posibles irregularidades en este ámbito que afectaran a Moncloa. Una docena de contratos por valor de 326 millones de euros les hizo cantar bingo.
El resto es una historia que, en parte, se cerró ayer con la condena del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos. A media mañana trascendió que las defensas de los acusados serían informadas a mediodía de la decisión del Alto Tribunal. A las 12.15, aproximadamente, los medios de comunicación lanzaban las primeras alertas sobre el contundente fallo por unanimidad, y doce minutos después, a las 12.27, Ayuso se convertía en uno de los principales rostros de la política nacional en reaccionar a través de un mensaje en sus redes sociales en el que, por encima de todo, la presidenta madrileña reclamaba una convocatoria electoral urgente ante la gravedad de los hechos.
«Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba... Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio... ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?», escribía Ayuso en su perfil público para reivindicar nuevamente la convocatoria de elecciones como principal consecuencia a la condena a Ábalos, por encima de la hipotética moción de censura que reclama Vox. Poco después, Alberto Núñez Feijóo apostaba desde Génova precisamente por la misma hoja de ruta: convocatoria electoral y no una moción de censura con la que Sánchez pudiera salir «revalidado» y reforzado.
«Nunca ha sucedido que un Gobierno en ejercicio sea condenado por casos de corrupción. Y encima aún quedan casos pendientes», señaló, en la misma línea que Ayuso, el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano. Su trabajo junto al de varios equipos orgánicos que monitorizaron la contratación de material sanitario durante la pandemia hace un lustro desembocó ayer en la sentencia que marca una época en la política nacional.