Tribunales
La fiscal�a solicita adem�s 12 a�os de inhabilitaci�n
Antonia Alc�zar, alcaldesa de Velilla de San Antonio junto al Pedro S�nchez.
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Bodas hasta las cinco de la ma�ana, m�sica a todo volumen, fuegos artificiales, comuniones, bautizos y vecinos denunciando durante a�os sin que, seg�n la Fiscal�a, el Ayuntamiento moviera apenas un papel. Ese es el escenario que ha acabado sentando en la Audiencia Provincial de Madrid a la alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio, Antonia Alc�zar, hermana de Mar�a Gertrudis Alc�zar, hist�rica secretaria de Jos� Luis Rodr�guez Zapatero y figura se�alada recientemente por el juez del caso Plus Ultra por su supuesto "papel operativo esencial" dentro de la presunta red de influencias investigada en torno al expresidente del Gobierno.
El juicio contra la regidora arrancar� el pr�ximo mi�rcoles en la Audiencia Provincial de Madrid. La alcaldesa comparecer� junto al concejal de Urbanismo, Joaqu�n Panadero; una exedil de Medio Ambiente, y un t�cnico municipal de Urbanismo por un presunto delito continuado de prevaricaci�n urban�stica y ambiental relacionado con la actividad del restaurante El Cas�n de la Quinta de San Antonio, un establecimiento situado en la calle de Mar�a Zambrano del municipio.
La Fiscal�a sostiene en su escrito de acusaci�n que los responsables municipales "omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urban�stica y de protecci�n del medio ambiente y de la salud de los vecinos" pese a las reiteradas denuncias presentadas desde al menos 2019 por residentes de la zona.
Seg�n el Ministerio P�blico, el local dispon�a desde 2006 de licencia para actividad de restaurante, pero no para celebrar eventos en las zonas exteriores. Aun as�, seg�n la acusaci�n, all� se organizaban bodas, fiestas, comuniones y bautizos con equipos de m�sica de alta potencia, uso de pirotecnia y presencia masiva de asistentes hasta altas horas de la madrugada.
El escrito recoge episodios en los que las celebraciones se prolongaban hasta las cinco o las seis de la ma�ana, en presunta vulneraci�n de los horarios de cierre previstos en la normativa auton�mica.
Durante esos a�os, a�ade la Fiscal�a, se acumularon numerosas denuncias vecinales y m�ltiples intervenciones de la Polic�a Local. Sin embargo, �nicamente se incoaron cuatro expedientes sancionadores municipales, y todos ellos quedaron paralizados sin resoluci�n definitiva.
El Ministerio P�blico considera que ni la alcaldesa ni el resto de responsables municipales ejercieron sus competencias de inspecci�n y disciplina urban�stica ni adoptaron medidas cautelares para restaurar la legalidad. La acusaci�n sostiene adem�s que tampoco actuaron para frenar las molestias ac�sticas denunciadas por los residentes de la zona, especialmente intensas durante la primavera y el verano, cuando aumentaba la actividad del establecimiento.
Tres vecinos se han personado adem�s como perjudicados y reclaman indemnizaciones por los da�os sufridos durante esos a�os.
La Fiscal�a solicita para cada uno de los cuatro acusados tres a�os de prisi�n, una multa de 20 meses con una cuota diaria de 15 euros e inhabilitaci�n especial durante 12 a�os para empleo o cargo p�blico relacionado con funciones urban�sticas y ambientales.