Define como un �caos� los primeros d�as del proceso, acusa al Gobierno de �generar un para�so para las mafias� y circunscribe la prioridad nacional de Vox �al cumplimiento de la ley�

Actualizado Lunes, 27 abril 2026 - 00:27

Una semana despu�s de que arrancara el cuestionado proceso de regularizaci�n impulsado por el Gobierno central, la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana D�vila (Madrid, 1976) analiza en una entrevista con GRAN MADRID el impacto de las "ca�ticas" pol�ticas migratorias de Pedro S�nchez sobre regiones y ayuntamientos, denuncia que la Administraci�n madrile�a no tiene constancia de cu�ntas personas pueden acogerse a esta medida y opina sobre el principio de prioridad nacional que el PP y Vox han firmado en los acuerdos program�ticos de Extremadura y Arag�n.

�Qu� balance hace de los primeros d�as del proceso de regularizaci�n?

Los he vivido como todos los espa�oles: bajo esa sensaci�n de caos que gobierna ahora en nuestro pa�s. Pedro S�nchez trata la pol�tica migratoria como una moneda de cambio. Esto responde a demandas de Podemos. Independientemente de lo que les suceda a las personas, �l tira adelante sin ning�n tipo de coordinaci�n con las comunidades aut�nomas ni los ayuntamientos, que somos quienes en realidad sostenemos los sistemas p�blicos de atenci�n a las personas que vienen de fuera. Nos mantiene completamente al margen.

Ya hemos visto colas en los principales ayuntamientos y embajadas. �Cree que se dar�n tambi�n en la Administraci�n regional?

Tendr�a todo el sentido. La primera v�a de entrada para esta regularizaci�n son los ayuntamientos, aunque el Gobierno ya est� preparando otras v�as para que sea masiva, que es lo que quieren. No imagin�bamos tal efecto llamada. Sabemos que desde otros pa�ses de la UE ya se est� trasladando de forma masiva a personas para acogerse a este sistema de regularizaci�n. Con lo cual, s�, esto se va a trasladar a todos los servicios p�blicos.

Se han denunciado casos de enga�o y picarescas en estas colas. �Tienen constancia de alguna denuncia de estos sucesos en Madrid?

S�. Muchas personas acuden con contratos falsos, por los que han pagado bajo la promesa de que se les va a facilitar la regularizaci�n. Y personas que vienen con certificados falsos y citas compradas. No son citas oficiales porque las citas son gratuitas. Cuando detectamos estos fraudes, acudimos siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Son las mafias las que operan, porque S�nchez, en lugar de colaborar en un proceso de regularizaci�n habitual con las comunidades y ayuntamientos, lo hace con las mafias. Est� generando el mayor para�so para ellas.

�Calculan a cu�ntas personas se va a regularizar en Madrid?

Es imposible porque nos lo han ocultado. El Gobierno habla de medio mill�n y los sindicatos policiales de m�s de dos millones. Es toda la poblaci�n de La Rioja, Cantabria, Navarra, Ceuta y Melilla. Esa es la dimensi�n. Esas comunidades tienen sus hospitales, sus ayuntamientos, sus centros de salud, sus escuelas infantiles y sus centros de servicios sociales. Imag�nese lo que necesitar�amos para atender a dos millones de personas, porque ahora mismo no est�n en nuestro pa�s. Aqu� no hay una regularizaci�n de personas que ya estaban integradas en nuestro pa�s, sino una regularizaci�n de personas de reciente llegada, con el efecto llamada que est� provocando. La residencia se ha facilitado con much�sima laxitud.

Sin esa cifra, tampoco tienen estimaci�n del coste econ�mico.

Lo har�amos si nos trasladasen de cu�ntas personas estamos hablando y qu� dificultades tienen, por ejemplo. O de qu� pa�ses provienen, si necesitan aprender el idioma o si lo conocen, qu� formaci�n tienen, si se reunifican de forma familiar y si traen menores o mayores. Podr�amos dimensionar las necesidades si supi�semos cu�les son las intenciones del Gobierno. Pero llevamos vi�ndolo muchos a�os: la �nica intenci�n de S�nchez es colapsar los recursos de las autonom�as. En especial, como ya ha hecho con el reparto de menores no acompa�ados, la Comunidad y otras regiones del PP.

Han intentado frenarlo con un recurso en el Supremo. Si no funciona, �hay plan para los servicios p�blicos?

No podemos hacerlo de momento porque no tenemos informaci�n. Lo que S�nchez quiere con estas personas no es ayudar. Al rev�s, las est� perjudicando y est� genera pobreza entre las personas inmigrantes. Hace unos a�os, una de cada cuatro personas sin hogar era inmigrante; hoy es una de cada dos. Se les est�n ofreciendo expectativas que no cumplen. Nadie conoce la pol�tica de integraci�n social y laboral que tiene preparada el Gobierno para estas personas. Trata a las personas como si fueran paquetes, para repartirlas y utilizar sus situaciones de vulnerabilidad para su propio r�dito pol�tico.

Cifraron en un 10% la alteraci�n del censo con este proceso. �Ven c�lculo electoral?

Hombre, desde luego que s�. Son los pasos previos a la nacionalizaci�n, que es lo que permite el voto. No podemos pensar que haya otro motivo, porque no hay un plan para estas personas. �D�nde est�n las pol�ticas de empleo y de vivienda? S�nchez no ha construido ni una sola vivienda en la Comunidad de Madrid. �D�nde est�n las pol�ticas formativas, de atenci�n para personas en situaciones vulnerables, con discapacidad o mujeres v�ctimas de violencia? No ha pensado en las personas, sino en su situaci�n pol�tica y en c�mo sostenerse.

�Qu� le parece el principio de prioridad nacional de Vox?

Es una propuesta pol�tica en la que, obviamente, como han dicho la presidenta de Extremadura y el presidente de Arag�n, lo importante es el cumplimiento de la ley. Y es lo que compartimos en la Comunidad de Madrid. Estamos a favor de una inmigraci�n ordenada, legal y vinculada al empleo. Y que siempre se cumpla la legalidad y el orden, lo contrario a lo que hace el Gobierno.

Hace apenas una semana Ayuso dijo que esta medida no era �legal�. �Ha cambiado la posici�n de la Comunidad?

La medida forma parte de un contexto pol�tico, insisto. Luego habr� que actuar y ver si se cumple de forma legal o se incumple y es ilegal. La realidad es que siempre ha existido la f�rmula para acceder a los recursos a trav�s del arraigo. Hay mecanismos para acceder a recursos en todas las comunidades, como la solicitud de periodos de empadronamiento en nuestro pa�s, de contratos de trabajo y el arraigo familiar.

�Siente que las pol�ticas migratorios que propone Vox presionan al PP?

No.

Hace dos semanas anunci� que Madrid dejar� de acoger menores migrantes sin cobertura jur�dica. �C�mo prev� hacerlo?

Vamos a seguir frenando a S�nchez en su pol�tica de trasladar de forma forzosa a menores en contra de su voluntad. Sabemos que en estos traslados ya hay menores que, al cumplir los 18 a�os, se han cogido un billete y han vuelto a Canarias porque es donde ten�an ese arraigo, donde hab�an estado uno o dos a�os, hab�an hecho amistades y ten�an incluso un empleo o una pareja. Nuestra prioridad es que trabajemos bajo el sistema de protecci�n que las comunidades aut�nomas hemos creado y que est� concebido para atender a los menores, no para recibir avalanchas de personas. Hemos denunciado incluso que en algunos casos son mayores de edad. Hemos visto que se han trasladado menores y personas con problemas de consumo, con problemas delictivos y con altos niveles de agresividad. Ya son m�s de 100 los menores que hemos solicitado al delegado del Gobierno que traslade a sus pa�ses de origen bajo sus sistemas de protecci�n y procedan a la reunificaci�n familiar, porque estas situaciones perjudican al menor, perjudican a los menores del entorno, perjudican la din�mica y el trabajo educativo del entorno y perjudican tambi�n, en ocasiones, cuando delinquen en el exterior.

La Delegaci�n se muestra contraria a esa reunificaci�n.

La delegaci�n del Gobierno me ha respondido por escrito que est� en ello, pero luego, a trav�s de los medios de comunicaci�n, ha dicho que no tiene intenci�n de proceder a esa reunificaci�n, algo que es muy grave porque incumple la ley. Con lo cual vamos a proceder a hacerle un requerimiento porque ya hace m�s de un a�o que empezamos. Justo en abril se ha cumplido un a�o desde que empezamos a trasladarle estos expedientes. Estos menores siguen en esas circunstancias, insisto, muy graves.

GRAN MADRID public� la semana pasada c�mo su consejer�a hab�a neutralizado unos quince casos de explotaci�n sexual de menores en centros de acogida. �C�mo ha sido esta operaci�n?

Muchas veces estos casos salen porque los excelentes profesionales t�cnicos generan un ambiente de confianza que ayuda a que los propios menores trasladen la situaci�n de dificultad que puedan estar viviendo, sus problemas, y entiendan que la figura de protecci�n est� ah� para asegurarles que todo va a ir bien y que les va a proteger siempre. A trav�s de los procedimientos que se han establecido, se comunica al sistema de protecci�n de la infancia y, en ese mismo momento, si se detecta alguna situaci�n de posible explotaci�n sexual, trata o indicios de prostituci�n, se pone en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las que trabajamos de la mano todos los d�as para detectar e investigar lo que pueda estar sucediendo, con toda nuestra colaboraci�n desde los centros. Contamos con los mejores expertos a la hora de hacer esa detecci�n y ese seguimiento.

Reclaman actualizar el sistema VioGen. �Qu� respuesta les da el Ministerio?

Empezamos la legislatura solicitando que se derogase la ley del solo s� es s� y la ley trans, porque denunciamos que agresores se hab�an declarado mujeres para no ser juzgados por la ley de violencia de g�nero. Durante esta legislatura conocimos el esc�ndalo de las pulseras antimaltrato. Solicitamos la retirada inmediata de todas esas pulseras que daban fallos y exigimos una explicaci�n, porque la ministra no estaba dispuesta a darla en la conferencia sectorial. El Observatorio de Violencia de G�nero de la Comunidad de Madrid traslad� al Ministerio de Igualdad la necesidad de saber qu� iba a ocurrir con esas v�ctimas. Lo mismo sucede con el sistema VioGen, sobre el que llevamos mucho tiempo pidiendo su revisi�n. De las cuatro �ltimas v�ctimas, tres estaban en el sistema calificadas con riesgo bajo. El Gobierno, adem�s de eludir responsabilidades, necesita incorporar m�s polic�as al sistema de seguridad nacional para proteger adecuadamente a las mujeres v�ctimas, y no lo hace.