El Ejecutivo autonómico ha detectado una división ilícita de un gigantesco terreno en 25 subparcelas independientes que están a la venta en Internet
Una excavadora tirando abajo una construcción ilegal.
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En la Vega del Tajuña, a la altura de Chinchón, existen vastas extensiones de suelo no urbanizable protegido, clasificado por su alto valor agrícola e históricamente destinado a cultivos de regadío. Y, pese a ello, algunos ciudadanos han optado por levantar en este mismo enclave edificaciones, haciendo caso omiso a una legislación que es clara: prohíbe expresamente tanto construir como parcelar.
Hace una semana, dos de estas construcciones fueron derruidas mediante una ejecución subsidiaria del Gobierno regional. Es decir, los infractores -que pertenecían a una misma familia española y, concretamente, eran primos- ignoraron en reiteradas ocasiones las resoluciones administrativas que les ordenaban demolerlas, por lo que tuvo que entrar de oficio el Ejecutivo regional.
Ahora, el Gobierno madrileño intentará recuperar el dinero invertido en esta actuación -unos 50.000 euros- para que no tengan que afrontarlo los contribuyentes. "En un primer momento, el gasto lo ha afrontado la Comunidad. En los Presupuestos tenemos una partida destinada a restaurar la legalidad urbanística y el medio a su estado natural, pero después se lo reclamamos. Y si no lo pagan de forma voluntaria, se irá por la vía ejecutiva. Independientemente a esto, también se les ha abierto un procedimiento sancionador que conlleva una multa económica", explica a este diario uno de los responsables de este operativo.
Una excavadora tirando abajo una construcción ilegal.E. M.
Una gran excavadora fue suficiente para borrar del mapa estas dos estructuras, elaboradas principalmente de madera. Aunque todo apunta a que esta bulldozer regresará pronto a estos terrenos ya que, a escasos metros, el Ejecutivo regional ha detectado una gigantesca finca de 25.000 metros cuadrados fragmentada en 25 subparcelas. En ellas ya se han colocado carteles de Se Vende. Y un simple rastreo constató que también están intentando comercializarlas en Internet.
"Cada una puede tener entre 600 y 1.200 metros cuadrados. Allí, la persona que lo compre podría poner una casita o uno de esos contenedores marítimos que están tan de moda ya que se empiezan a utilizar como vivienda", expone el mismo responsable. Todas estas subparcelas, y aunque sobre decirlo, carecen de título habilitante que les ampare. Y concluye este profesional: "Nos consta que el precio de venta oscila entre los 6.000 y los 7.000 euros".
La proliferación de este tipo de irregularidades urbanísticas en la Vega del Tajuña se ha topado con la oposición visceral de la Comunidad de Madrid, que lleva meses apreciando movimientos de tierra y pozos de agua en la zona, "lo que evidencia un proceso activo de transformación de la superficie", tal y como apuntan desde el área de Medio Ambiente, encabezado por el consejero Carlos Novillo.
También señalan que, además de incumplir las leyes, esta situación fomenta el aumento de contaminación y el vertido de residuos a cauces públicos. Por ello, ya se ha iniciado el expediente de restablecimiento para recuperar las 25 subparcelas mencionadas. Si sus responsables hacen caso omiso a las notificaciones, correrán la misma suerte que los infractores de esta semana. "Hay que actuar porque, de consolidarse, supondría la creación de una urbanización residencial ilegal en suelo no urbanizable. Vamos a luchar porque eso no ocurra ya que estas construcciones comprometen gravemente la protección del territorio y favorecen la degradación de un espacio de alto valor ambiental", insisten desde el Área de Medio Ambiente.
Trece derribos en menos de un año
Las dos demoliciones de Chinchón, y las que puedan venir en un futuro próximo, no son casos aislados. Forman parte del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística que la Comunidad de Madrid puso en marcha hace menos de un año y que ya acumula 13 derribos ejecutados, tres de ellos por ejecución subsidiaria y 10 de manera voluntaria por parte de los propietarios. En ese mismo periodo se han realizado 173 inspecciones, incoado 66 expedientes de disciplina urbanística y 65 sancionadores, tramitado 83 requerimientos de información y gestionado 308 diligencias previas.
La Consejería de Novillo advierte de que las construcciones ilegales en suelo protegido no son solo una infracción administrativa, también generan inseguridad jurídica para los ciudadanos que sí han cumplido la normativa.